La jueza de la tragedia de Atalayas tiene claro que la actuación del Ayuntamiento de Murcia en el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en el que fallecieron 13 personas, «puede calificarse como más o menos afortunada, pero no es manifiestamente ... o clamorosamente ilegal». La instructora, en un auto al que LA VERDAD ha tenido acceso, descarta nuevamente abrir una pieza separada por la actuación del Consistorio, tal y como había reclamado la representación procesal de varios perjudicados, familiares de las víctimas.
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La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia explica en su escrito que, aunque las discotecas seguían abiertas pese a no tener licencia y a que sobre ellas pesaba una orden de cese de actividad, el Ayuntamiento de la capital «no adopta una actitud pasiva». Incide en que el Consistorio dictó «sucesivas resoluciones en orden a regular la situación administrativa de las instalaciones». La instructora hace hincapié en que «no se observa en la Administración una clamorosa inactividad para con la actividad de discoteca que se estaba desarrollando en los locales donde ocurren los hechos».
«La actuación puede calificarse como más o menos afortunada, pero no es manifiestamente o clamorosamente ilegal»
La jueza argumenta que «pudiera reprocharse al personal del Ayuntamiento de Murcia que no acordó en su caso medidas cautelares en los diversos expedientes que incoa en aras a proteger la seguridad de las personas o una más premura o impulso». Insiste, no obstante, en que, tras analizar los diversos informes técnicos que se han ido emitiendo, «el que la Administración interpretara que no eran necesarias medidas cautelares para salvaguardar la seguridad de las personas se puede entender a lo sumo como una irresponsabilidad a analizar en la jurisdicción administrativa, pero no en lo penal».
La magistrada subraya que «existían diferentes criterios de interpretación entre los ingenieros, los técnicos y, es más, se iban subsanando deficiencias». Este nuevo auto de la instructora se conoce solo un día después de que el abogado José Manuel Muñoz, que representa a dos familias de fallecidos en el incendio, anuncie una querella contra el Ayuntamiento como responsable civil de un presunto delito de prevaricación por omisión.
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