La titular del juzgado número 9 de Instrucción de Murcia ha tomado en consideración las alegaciones presentadas por Caser Residencial y ha suspendido la declaración del representante de la empresa gestora de la residencia de ancianos de la pedanía murciana de Santo Ángel, que había sido fijada para el pasado 4 de noviembre. El juzgado, que fue obligado a reabrir la investigación sobre la posible implicación de los responsables de la compañía en un supuesto delito de omisión del deber de socorro por las muertes registradas en el centro durante la primera ola de la pandemia, acepta la petición de los abogados de Caser para que Pablo Rubio, director de Operaciones de la empresa y nombrado representante legal de la firma en la causa, pudiera declarar mediante exhorto desde los tribunales madrileños, donde tiene fijada residencia el directivo.
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Los familiares de los fallecidos en Caser están esperando ahora que la jueza motive la suspensión de la vista oral en Murcia y que determine una nueva fecha y el lugar de la declaración de Pablo Rubio.
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