El 'caso Desaladora' encamina a juicio a Cerdá por presunta malversación multimillonaria

El 'caso La Sal' o 'Desaladora', abierto en abril de 2016 para investigar una supuesta trama delictiva en torno a la construcción y adquisición de la planta de Escombreras por parte de la Comunidad Autónoma, se encamina ya hacia juicio teniendo al otrora todopoderoso consejero de Agricultura, el popular Antonio Cerdá, como el más relevante de sus encausados. Le siguen en ese trayecto otros 16 presuntos implicados en la supuesta red de corrupción, entre los que se cuentan antiguos cargos públicos y altos funcionarios de la Administración regional, abogados y un nutrido grupo de empresarios que, presuntamente, concertaron sus intereses en claro perjuicio de las arcas públicas. Tanto es así que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, presidido en aquellos años por el hoy ya también imputado en otra causa paralela, Ramón Luis Valcárcel Siso, habría acabado comprometiendo pagos de 600 millones de euros por una desalobradora que, según las conclusiones a las que ha llegado la juez instructora, tenían un valor de 175 millones.

En un detallado y extenso auto de ochenta folios, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, ordena continuar la tramitación del 'caso La Sal' por los trámites del procedimiento abreviado, lo que viene a equivaler al procesamiento. En concreto, aprecia indicios suficientes de la comisión de presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos y/o administración desleal, prevaricación, fraude y fraude de subvenciones y falsedad documental, que son los que previsiblemente conducirán a juicio a los diecisiete encausados y a siete sociedades privadas y públicas implicadas en la presunta transmisión fraudulenta de la desaladora de Escombreras a la Administración murciana: Hydromanagement, Tedagua, Cobra Instalaciones y Servicios, Moncobra, Cobra Gestión de Infraestructuras y -estas dos dependientes del Gobierno regional- Hidronostrum y Desaladora de Escombreras. Contra todas ellas se dirige la acción penal como posibles responsables civiles subsidiarias, mientras que sobre la Comunidad Autónoma se actúa en su doble condición de perjudicada y de responsable civil subsidiaria.

Con esta resolución, la magistrada logra sacar adelante -salvo que la Audiencia Provincial diga lo contrario- una de las mayores causas de supuesta corrupción más relevante de las últimas décadas, después de que su marcha se viera gravemente comprometida por la superación de los plazos legales para investigar. Esta circunstancia motivó que parte de la instrucción se viera anulada, aunque en apariencia el bagaje probatorio que quedó indemne ha sido suficiente para encaminar hacia el banquillo a los presuntos responsables del contubernio ilícito.

Al cabo, la principal consecuencia consistió en no poder investigar en estas mismas diligencias a quien fue presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, aunque la presentación de una denuncia específica contra su persona, por parte de la Fiscalía Superior, ha motivado que se haya visto finalmente imputado ante otro juzgado. Precisamente, el próximo viernes deberá comparecer para responder de varios supuestos delitos, también en relación con la adquisición de la desalinizadora de Escombreras, y el procesamiento de quien fue su consejero de Agricultura no juega precisamente en su favor.

En su extensa resolución, la juez Azuar efectúa un pormenorizado relato cronológico, dividido en diez epígrafes, que arranca con el momento de la constitución del Ente Público de Agua (EPA) por la Comunidad Autónoma en 2005, continúa con el proyecto privado de construcción de la planta por un grupo de empresarios locales, agrupados en torno a la firma Hydromanagement; prosigue con la entrada en el proyecto de las mercantiles vinculadas al Grupo ACS de Florentino Pérez (Tedagua y las sociedades del Grupo Cobra), y acaba con la fórmula -en apariencia, tremendamente perjudicial para las arcas públicas- utilizada para la progresiva adquisición de las instalaciones por la Administración regional.

Uno de los hechos más llamativos de este asunto radica en que la Comunidad se comprometió a pagar 600 millones de euros por la explotación de la desaladora durante 25 años, con la inclusión de una cláusula conocida como 'take or pay' por la que garantizaba el desembolso de dinero público incluso en el caso hipotético de que las instalaciones no produjeran un solo litro de agua desalada.

También destaca la instructora las presuntas maniobras que los implicados habrían desarrollado para hurtar la operación al control de los órganos de la Administración regional, así como a la normativa de obligada aplicación. Para ello habrían contratado los servicios de gabinetes jurídicos externos a la Comunidad. Estos especialistas serían los que habrían diseñado el operativo para que una planta de iniciativa privada acabara, soslayando en apariencia toda la legislación sobre contratación pública, en manos del Gobierno regional con un coste multimillonario y supuestamente injustificado.

En la misma resolución han sido exculpados, al no confirmarse los indicios de delito, los empresarios José Caballero Sevilla, Juan Martínez Martínez y Juan Jódar Martínez.

La instructora otorga ahora un plazo de treinta días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares para que formulen sus escritos de acusación, si así lo estiman, o bien pidan el archivo de las actuaciones. La resolución es recurrible en reforma ante el propio juzgado y en apelación ante la Audiencia Provincial.