La Justicia tiene puesta su lupa en el robo de aguas subterráneas para uso ganadero en Lorca. A la reciente denuncia de la Guardia Civil contra 56 personas por su presunta relación con las extracciones ilegales en el río Luchena y del manantial ... Tirieza para abastecer 59 granjas de cerdos de las Tierras Altas, hay que sumar el avance de las investigaciones sobre la esquilmación del cercano río Turrilla.
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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 7 de Lorca ha solicitado a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil un informe sobre «los daños sobre la fauna y flora, así como sobre el caudal del río Turrilla en cuanto al volumen de agua extraída» para derivarla a cebaderos de la empresa Explotaciones Francés SL., en Zarcilla de Ramos. Busca «determinar si ha sido perjudicado gravemente el equilibrio de los sistemas naturales».
El juez accede a la petición de la Fiscalía, dentro de unas diligencias por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, en las que Ecologistas en Acción es acusación particular. Se investiga a la mercantil; a su titular, Fernando Francés; al comisario de aguas de la Confederación, Francisco Javier García Garay; y al jefe del Servicio de Policía de Aguas y Cauces de la CHS.
En una providencia, a la que ha accedido LA VERDAD, el juzgado requiere también a Explotaciones Francés que «acredite el destino del agua, con indicación de la situación física y titularidad de las fincas de explotación ganadera; si se encuentran en funcionamiento; así como el volumen de agua en metros recogida en la balsa y redireccionada a dichas fincas desde la apertura del expediente en mayo del año 2014 por la CHS».
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Asimismo, el juzgado cita a declarar como investigada a R. C. M., una mujer vinculada con la empresa, «dado que el agua recogida del río Turilla y destinada a la balsa le correspondía a ella en un 20%». Ecologistas calculó que, con sus infraestructuras clandestinas, que funcionaban «las 24 horas del día», la empresa bombeó al menos 275.000 metros cúbicos anuales entre los años 2014 y 2020. Es más del doble de lo que tenía autorizado.
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