El juez ordena el sellado «inmediato» de las balsas de Zinsa en Cartagena

El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena, Ignacio Munítiz, que investiga la demora de dieciséis años en clausurar el vertedero, ha aceptado la petición de la Asociación de Vecinos de Torreciega, que representa el abogado José Manuel Muñoz, apoyada por la Fiscalía, y ha ordenado «que se proceda al sellado inmediato de las celdas del vertedero de residuos peligrosos», dieciséis años después del cierre de la factoría y del incumplimiento de la clausura del vertedero exigida por la Comunidad Autónoma en la declaración de impacto ambiental. En contra de lo publicado el martes 27 de agosto por este diario, el auto judicial no se dirige contra la Comunidad, sino contra la empresa Cartagena Parque. Así lo aclaró el Gobierno regional y lo confirmaron fuentes jurídicas de la Asociación de Vecinos de Torreciega, que ejerce la acusación particular contra la compañía. Añadieron que el juez comunica su decisión a la Comunidad como autoridad competente y dado que si la empresa no actúa en los plazos establecidos, tendrá que hacerlo la Administración regional de forma subsidiaria.

Lo hace tras los graves riesgos para la salud pública y el medio ambiente denunciados en julio por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), en un nuevo informe sobre el peligro de este vertedero, en concreto por las escorrentías de agua con altas concentraciones de metales pesados hacia la rambla del Hondón y el puerto de Cartagena. Los agentes del equipo del Seprona de Cartagena calcularon que en los últimos cinco años han salido de la finca 974.849 kilos de cadmio, 4.277.206 de zinc y 6.997 kilos de cobre.

En los últimos años, también han denunciado el riesgo por la dispersión de partículas contaminantes, por efecto del viento, y la muerte de aves protegidas que por confusión con un humedal beben las aguas de las balsas. Este daño al medio ambiente fue lo que llevó en 2022 a la Consejería, entonces con Antonio Luengo al frente, a dictar una orden de sellado que aún no se ha cumplido. Solo se construyó un vallado en torno a la finca.

En un auto al que ha accedido LA VERDAD, y que ha sido comunicado a las partes del procedimiento judicial, Munítiz acuerda dirigir un «oficio a la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia, para que tenga conocimiento de la medida cautelar acordada». Con ello, informa de su decisión al departamento que dirige Juan Antonio Mata, dentro de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor (que tiene al frente a Juan María Vázquez), para que adopte las medidas oportunas que garanticen la impermeabilización.

La Comunidad tramita un expediente de ejecución subsidiaria de la descontaminación, que también afecta a la mercantil Maquinasa y que se ha ido enredando en una madeja burocrática de alegaciones e informes sobre el nivel de riesgo radiactivo de los materiales para los vecinos de Torreciega. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) descartó un peligro grave, pero instó en primavera a que Cartagena Parque mejorara su informe sobre la presencia de residuos radiactivos. Pero el tiempo pasa y el juez ha dado el paso que los vecinos de Torreciega, cuyas primeras casas están situadas a apenas 50 metros del vertedero, exigen desde hace años.

Dentro de una pieza separada de medidas cautelares, el magistrado justifica la orden de sellado urgente de las celdas «conforme a lo dispuesto en el real decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito de vertedero». También actúa «conforme a lo dispuesto en el anexo III de la autorización ambiental integrada de fecha 9 de febrero de 2.008». «Y todo ello, salvo que exista algún tipo de peligro, riesgo o cualquier otra causa legal que lo impidiera, de lo que, en su caso, se deberá dar inmediata cuenta», precisa.

A la vista del resultado de los análisis de las muestras tomadas en la parcela de Torreciega, el equipo del Seprona de Cartagena también pidió en julio al juez otras dos medidas provisionales: «la retirada inmediata de los residuos peligrosos que se encuentran esparcidos a la intemperie ubicados en la superficie de la parcela urbanizada» y, «por parte de técnicos competentes, la adopción de aquellas medidas que eviten la salida de las aguas en escorrentía con la alta concentración en carga contaminante por metales pesados, incluyendo el tratamiento o descontaminación por un gestor autorizado de los hechos por los que discurren las citadas aguas de escorrentía».

Acerca de estas dos solicitudes, el juez ha optado por establecer «que deberán ser detalladas y concretadas exactamente en qué consisten y la forma de realización, para lo que se dirigirá urgente oficio a la autoridad administrativa competente: la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia». El magistrado da «un plazo no superior a diez días» para que informe de las acciones que tomará al respecto. También está pendiente que el Seprona realice una medición de las concentraciones de polvo contaminados por metales pesados en el interior de las viviendas de Torreciega.

El auto del juez puede recurrirse ante él mismo y ante la Audiencia Provincial. Respecto a la causa principal, el juez recuerda que encontró «indicios racionales de criminalidad» de un presunto delito contra el medio ambiente en la actuación de Cartagena Parque, que en 2018 compró los terrenos industriales en los que Zinsa mantuvo su factoría hasta el año 2008. Su intención era construir un centro comercial.