El juez imputa a 21 grandes agricultores por sus presuntas desaladoras ilegales

Una veintena de responsables de grandes explotaciones agrícolas situadas en el campo de Cartagena, en el área de influencia del Mar Menor, deberán prestar declaración en los próximos días ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, quien les ha imputado en las diligencias del llamado 'caso Topillo' sobre la contaminación del Mar Menor. Estos empresarios, propietarios en su mayoría de importantes fincas de regadío, figuran entre los afectados por la espectacular redada que agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, con la colaboración prestada por agentes medioambientales y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), realizaron el pasado 1 de abril en la comarca del Campo de Cartagena. Durante esa operación, en la que participaron decenas de agentes, fueron inspeccionadas 67 fincas agrícolas, lo que permitió localizar y precintar 38 plantas desalobradoras y 35 pozos irregulares. Algunas de ellas estaban a pleno rendimiento, instaladas en zulos en el subsuelo y perfectamente camuflados, y otras se habían montado incluso en remolques, lo que permitía camuflar la planta con rapidez cuando dejaba de ser utilizada.

En otros casos, sin embargo, los agentes constataron que las desalobradoras clandestinas se encontraban precintadas como consecuencia de anteriores inspecciones y hasta desmontadas.

Esta intervención policial sin precedentes tuvo su origen en el análisis de la documentación intervenida durante el registro a la empresa Insal SL, acometido en febrero de 2018. Esta mercantil se dedicaba presuntamente a instalar desalinizadoras en las fincas agrícolas de la zona y, posteriormente, les facilitaba los productos químicos, membranas y filtros que les permitían transformar el agua salada de los pozos en caudales para el riego de los cultivos. Realizando minuciosos cálculos matemáticos, en función de la cantidad consumida de un producto químico conocido como 'Ecoflow 32', los especialistas de la Guardia Civil pudieron hacer una aproximación de los volúmenes de agua que se habrían tratado en los últimos años en cada una de esas plantas presuntamente ilegales, así como de los sobrantes de salmuera que habrían producido.

Las cifras globales, como 'La Verdad' desveló el pasado agosto, resultaban estremecedoras, pues se calculó que solo en trece de esas fincas inspeccionadas se habrían tratado 15,2 millones de metros cúbicos de agua salobre, con un rechazo de salmuera de 3,8 millones de m3. Ese vertido era arrojado en su mayor parte a ramblas o a los mismos pozos, por los que volvía al acuífero subterráneo, y habría acabado en el Mar Menor, aumentando los niveles de nitratos y fosfatos y provocando en última instancia una grave eutrofización del agua, hasta dar origen al fenómeno conocido como 'sopa verde'.

Tras analizar el atestado de la Guardia Civil sobre estos hechos, el magistrado Ángel Garrote ha citado en calidad de investigados a veintiún representantes legales de esas explotaciones agrícolas, que irán pasando por el juzgado, acompañados de sus respectivos abogados, a lo largo de todo el mes de noviembre.

Todos ellos ya fueron llamados en su momento a comparecer en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia, también con asistencia legal, para ofrecer explicaciones a los investigadores. La mayoría de ellos se acogieron a su derecho a no declarar.