Los jueces subastan 22.672 bienes de firmas en quiebra y casas embargadas en la Región

Estos bienes, la mayoría de ellos naves industriales, viviendas y terrenos -también muebles y vehículos, aunque en menor medida-, estaban valorados en más de 4.537 millones de euros, explica el letrado de la administración de justicia Juan Luis Bañón, director de la unidad especializada -pionera en España-. A través de las pujas, se lograron recaudar hasta 551 millones de euros. Un montante que permitió, en parte, a estas familias y mercantiles saldar las cuentas pendientes.

Pese al esfuerzo de este equipo, sin embargo, solo el 42,3% de las subastas encuentran postores. La gran mayoría acaban declarándose desiertas y los bienes se adjudican por un valor bastante inferior al de tasación. Un final de la historia que deja en muy mal lugar al deudor, que pierde el inmueble pero debe seguir arrastrando la deuda. Es una situación que se repite con frecuencia en el caso de las viviendas embargadas por impago de hipotecas, el 64% de los bienes que subasta esta unidad.

Otra tercera parte de la labor de este equipo especalizado se centra en la subasta de los bienes de empresas que quebraron, dejando tras de sí un reguero de facturas pendientes de cobro y de acreedores ansiosos por recuperar su dinero. Hasta 6.869 se han celebrado en estos años.

En este caso concreto los jueces de lo Mercantil idearon unas condiciones especiales para tratar de elevar el montante de las pujas, haciéndolas más accesibles. La principal novedad que introdujeron fue que el precio mínimo por el que pueden adjudicarse los bienes sea de 100 euros, cualquiera que sea el valor de lo subastado. Lo habitual, según explica Bañón, es que la puja mínima no pueda ser inferior al 50% del valor del bien, pero en el caso de los concursos de acreedores esa puja mínima es de un coste simbólico.

Aunque la labor de esta unidad se paralizó el pasado año durante el estado de alarma, a día de hoy sigue trabajando a un ritmo similar al habitual y ya se han celebrado gran parte de las que quedaron pendientes. Bañón asegura que en los últimos meses la cifra de subastas ha rondado, de media, el medio millar mensual.

Este equipo, que conforman seis profesionales, presta servicio a 120 juzgados de la Región. Un tercio de su labor proviene, sin embargo, de los dos juzgados mercantiles de Murcia. En los últimos años estos dos órganos se han situado a la cabeza de España en número de adjudicaciones, según destaca Bañón. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia, con alrededor de 1.100 adjudicaciones anuales, es el más activo del país.

La labor que esta unidad judicial especializada realiza en Murcia está siendo asumida en otras comunidades por empresas. El plan de choque adoptado por el Ejecutivo central para agilizar la administración de Justicia apuesta por las subastas extrajudiciales como una herramienta para evitar el colapso de los tribunales. Bañón defiende, no obstante, la importancia de la labor que se presta desde este servicio público. Este, remarca, prima la atención a los postores, a fin de que estén debidamente informados antes de participar en estas pujas. «Esa información previa a los interesados facilita la participación», remarca. Explica que, además, el juzgado únicamente cobra, por cada expediente de subasta, alrededor de 65 euros, que es el valor de cada anuncio en el portal del Boletín Oficial del Estado (BOE). La unidad advierte de que su tramitación supone un importante ahorro ya que los portales privados suelen cobrar, por sus gestiones, comisiones que oscilan entre el 3% y el 5% del valor de salida del bien. En estos años, estima Bañón, se habrían embolsado alrededor de 136 millones de euros. «Hay que defender la gestión pública de esas subastas», remarca.

Una defensa con la que también se alineó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, que se opuso a la externalización de las subastas durante el plazo de alegaciones al plan de choque. Sostuvo que esa medida «impediría el transparente y ágil funcionamiento del sistema de subastas judiciales electrónicas a través del BOE. El TSJ destacó sus «resultados altamente satisfactorios» y puso de relieve «el escaso coste para el concurso de este tipo de subastas».

El Colegio de Abogados de Murcia, por su parte, reclamó la extensión a todo el territorio nacional del sistema y condiciones de las subastas concursales que existen en la Región.