Los jueces de Murcia acusan al Ministerio de «comprometer seriamente» la independencia

El balance sobre el seguimiento y los efectos que dejó tras de sí la huelga «masiva» que magistrados y fiscales protagonizaron el pasado martes ha dado pie a un enfrentamiento dentro del propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y a un inusual golpe en la mesa por parte de los magistrados del partido judicial de Murcia. «Altos responsables del Ministerio de Justicia, ocultos bajo órdenes verbales y anónimas, se pudieron inmiscuir de modo ilegal en el ámbito del autogobierno judicial», denunció ayer la junta de jueces de Murcia. La intención, remarcó, no era otra que «minimizar los resultados de la huelga».

En un comunicado, suscrito por 34 magistrados de la capital, la judicatura denuncia que el Ministerio dio órdenes el martes al secretario de gobierno del TSJ, Francisco García Rivas, de que no proporcionase información sobre la huelga al presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme. Una supuesta orden que era contraria a la petición que el presidente del tribunal había realizado el día anterior, solicitando datos sobre el seguimiento e impacto de la inaudita jornada de paro, y que provocó que este quedase desinformado.

«La actuación descrita es una más de las que el equipo ministerial viene realizando con inadmisible injerencia en los ámbitos gubernativo y jurisdiccional que competen en exclusiva a los miembros del Poder Judicial, afectando de forma relevante a las condiciones materiales de la independencia judicial, comprometiéndola seriamente», remarcaron los jueces. «Los responsables del Ministerio de Justicia se ocultan en órdenes verbales, sin rastro documental alguno y sin asunción de responsabilidad, y con ello someten a los letrados de la Administración de Justicia a dilemas de obediencia debida, poniendo en riesgo el reconocido prestigio profesional de los mismos». La junta reclamó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que asuma «con rotundidad y decisión la defensa frente al Ejecutivo nacional de la autonomía gubernativa y la independencia de los jueces».

La indignación que cunde entre los jueces murcianos no es la única consecuencia de esa supuesta orden impuesta desde el Ministerio. Según confirmaron fuentes judiciales, el presidente del TSJ, ante la falta de información sobre el paro, decidió requerir al secretario de Gobierno, Francisco García Rivas, con apercibimiento de incurrir en un presunto delito de desobediencia.

Ante esta decisión, la junta general de Letrados de la Administración de Justicia emitió ayer un comunicado para mostrar su apoyo expreso al secretario de gobierno que, subrayó, «se ha limitado a cumplir órdenes verbales emanadas del Ministerio de Justicia, su único superior jerárquico». En este escrito, el colectivo remarcó que «somos un cuerpo superior jurídico, de carácter nacional, regido por el principio de legalidad y dependencia jerárquica del Ministerio de Justicia, sin dependencia jerárquica del Poder Judicial».

Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Asociación Profesional de la Magistratura (APM), por su parte, lanzaron otro comunicado en el que respaldaron la actuación de Pasqual del Riquelme, «ante la falta de puntual cumplimiento de una petición de información que fue recabada en el ejercicio de las competencias que le atribuye la LOPJ, al único cuerpo que podía y debía facilitársela». Las asociaciones incidieron, además, en que las decisiones del presidente del TSJ «están sujetas a crítica y pueden ser recurridas, pero no ignoradas, existan o no órdenes en ese sentido de los superiores de sus destinatarios, que en modo alguno pueden amparar una actuación distinta a su inmediato y puntual cumplimiento».

Tal y como ya explicó 'La Verdad', el jefe de la magistratura murciana reclamó al secretario de gobierno del TSJ que se le facilitasen urgentemente datos sobre el seguimiento de la huelga y su impacto. Según explicó en un escrito, el lunes dictó un acuerdo, a tenor de la comunicación recibida desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que ordenaba que se le informase.

En la mañana de la misma jornada de paro, sin embargo, según expuso por escrito, el secretario de gobierno le informó verbalmente de que «siguiendo instrucciones, también verbales, del Ministerio de Justicia había trasladado a todos los letrados de la Administración de justicia de la Región la orden de no remitir a esta Presidencia la información solicitada». Ante esa negativa, el presidente del TSJ decidió requerir formalmente a García Rivas .

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que el seguimiento sobre la huelga compete al CGPJ y no al Ministerio, y negó cualquier intento de boicot al paro.