Jueces y fiscales piden medidas para reforzar su independencia

Decenas de jueces y fiscales murcianos se sumaron ayer a las movilizaciones convocadas en numerosos puntos del país con una concentración ante la Ciudad de la Justicia de Murcia. El magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia Enrique Domínguez, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, y el fiscal Anticorrupción Juan Pablo Lozano, portavoz de la asociación progresista de fiscales, fueron los encargados de dar voz a las reivindicaciones del colectivo, demandas que comprenden desde mejoras laborales a medidas para mejorar el día a día de la administración de Justicia y para reforzar la independencia judicial.

Con este gesto, jueces y fiscales murcianos se sumaron a las protestas, que ganan peso en todo el país y sobre las que planea una amenaza de huelga. «Secundaremos todas las medidas de movilización acordadas por las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales , conforme al calendario propuesto -entre ellas se encuentra una jornada de paro convocada para el próximo 22 de mayo-», remarcaron, «sin perjuicio de lo que pueda resultar del proceso de negociación iniciado».

Entre las demandas del colectivo, a las que esperan se dé respuesta «con la urgencia que exige la situación de nuestra Justicia», figuran algunas orientadas a reforzar la independencia judicial, entre ellas la objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos y la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «ampare de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial ante cualquier ataque recibido que afecte a su independencia».

Las reivindicaciones de este colectivo también comprenden otra batería de medidas orientadas a modernizar la Administración y dotarla de mayor calidad y eficacia. Jueces y fiscales inciden, en este punto, en la necesidad de un plan de inversión «suficiente y prolongado», que incluya la convocatoria de, al menos, 300 plazas de jueces y fiscales en los próximos cuatro años. Además, demandan la revisión del modelo de Oficina Judicial y la «dotación de medios personales y materiales adecuados» para aquellos funcionarios con competencias en la lucha contra la corrupción.

El fiscal Lozano reclamó, en lo que se refiere específicamente a la labor del Ministerio Público, la derogación del sistema de plazos para la instrucción, «mientras no se dote de los medios necesarios al efecto» y la paralización de la justicia digital hasta que no se garantice la buena marcha de los equipos.