Juan Martínez Moya: «Al Poder Judicial se nos ha tenido como moneda de cambio»
El magistrado considera que «es precisa la refundación de un pacto de Estado de Justicia, que aleje al Consejo y a los jueces de la lucha partidista»
Juan Martínez Moya (Alquerías, Murcia, 1964) ya planea su regreso a la Región. El expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), vocal desde hace nueve ... años del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ansía una pronta renovación del órgano de gobierno de los jueces para volver a asentarse en la Comunidad, donde mantiene sus raíces y donde regresa la mayoría de los fines de semana.
Cumplidas gran parte de sus aspiraciones laborales, Martínez Moya ve el futuro en uno de los asientos de la Sala de lo Social, en Murcia. Un destino más sereno tras unos años «tensos» en el CGPJ marcados por el 'procés', el enfrentamiento político y el bloqueo del órgano.
«Crear dos juzgados este año en la Región es claramente insuficiente y un trato injusto»
-El PP ha registrado una nueva propuesta para cambiar el sistema de elección y el PSOE habla de «secuestro» de la justicia. ¿Cómo ha vivido estos años esta situación desde dentro del órgano de gobierno de los jueces?
-A veces nos quedamos con lo último que se ha presentado: esta propuesta que ha presentado el PP para volver al sistema de designación, que sean los jueces quienes designen, al menos, el cupo judicial. Pero claro, sobre esta última propuesta, yo pondría el retrovisor. A mí me gusta el símil del saltador de pértiga, tomar distancia y medir bien la distancia. ¿Qué ha ocurrido para que estemos en este punto? Desde que se debió haber producido la renovación del Consejo, allá por finales de diciembre de 18, la justicia, sobre todo su órgano de gobierno, debió haberse apartado de intereses partidistas. Y ahí quizás es donde se comete el pecado original. El CGPJ no es un órgano de representación política, es un órgano de garantías de la independencia judicial y no se deben volcar los intereses partidarios en el Consejo. No ha habido un respeto institucional en el discurso de otros poderes del Estado hacia el Poder Judicial y nos han tenido como moneda de cambio. Nos han colocado en mitad de un conflicto que por parte del Poder Judicial nunca es deseado. En este punto evidentemente el Poder Judicial ha sufrido muchos ataques y ya se ha reaccionado. Ha habido muchas declaraciones, muchas de ellas unánimes por parte del Consejo. Por ejemplo, en el año 2020 cuando se presentó una proposición de ley por parte de un partido político, creo que era Unidas Podemos, para rebajar las mayorías para renovar el Consejo. Ahí hubo una reacción unánime del Consejo, de todas las sensibilidades, en el sentido de que toda proposición de ley evidentemente tiene que pasar por los órganos consultivos. Eso puede suponer un ataque innecesario, y además que genera crispación en un órgano que está llamado a pacificar. Creo que ahí hubo demasiada leña al fuego. Otro paso quizás tampoco muy afortunado fue la limitación de funciones para llevar a cabo nombramientos discrecionales: Tribunal Supremo, tribunales superiores de justicia... En ese punto la limitación de funciones creo que fue también una medida poco meditada en su alcance. De hecho, a las consecuencias me remito: un Tribunal Supremo ahora mismo que no puede ser cubierto en sus plazas. Eso se denunció públicamente, pero no se hizo en un afán corporativista, si no en el marco de la importancia que hoy día tiene el Poder Judicial en un Estado de derecho. En el Estado de derecho el Poder Judicial es clave. No debemos ser un instrumento de intercambio, ni de confrontación, y ahí es donde siempre apelamos a la altura de miras, a la existencia de una refundación de un pacto de Estado de Justicia, que aleje al CGPJ y a los jueces de la lucha partidista, que no nos involucren en esa lucha, porque al final lo que se produce, lo que vemos y lo que percibe la ciudadanía es un juicio obsesivo por la politización, y eso es muy malo para la justicia.
-¿Cuál sería la fórmula ideal para designar al CGPJ?
-Para mí, la fórmula ideal es partir de los principios y luego las reglas. Los principios deben ser que exista un respeto institucional dentro de quienes conforman el poder legislativo y sobre todo que respeten al Poder Judicial. Eso me parece una regla fundamental, que sepan que la justicia es cosa de todos, que no pueden tomarla como un monopolio, como algo personal o como algo partidista. En segundo lugar, creo que nuestro sistema de elección necesita actualizarse porque ha sufrido una evolución. Y eso lo está diciendo la Unión Europea y el Consejo de Europa. Todos esos órganos dicen con claridad que aquellos países que elijan tener un sistema de consejo es conveniente que sean consejos mixtos, es decir, miembros judiciales y miembros no judiciales, pero que, respecto de los judiciales, deben ser elegidos por entre sus pares, por los jueces. Creo, desde luego, que debemos caminar hacia ese modelo. Ahora, eso no significa que nuestro modelo no sea válido. Otra cosa es el ejercicio de la responsabilidad de quienes, en este caso, el grupo parlamentario, deben elegir un sistema de consejo. Desde luego debe estar, tanto por parte de los jueces como por parte de los que no son jueces, legitimado, con mayorías reforzadas. El rebajar las mayorías me parecería un flagrante atentado a la independencia judicial y al Estado de derecho.
«Lo que percibe la ciudadanía es un juicio obsesivo por la politización y eso es malo para la justicia»
-A finales de año, con motivo de la aplicación de la conocida como 'ley del solo sí es sí' se vertieron duras críticas contra la judicatura a nivel nacional y también en la Región. ¿Qué opinión le merecen estas críticas?
-El Poder Judicial ante todo es responsable. Es la otra cara de la independencia judicial. Y nuestra responsabilidad desde luego tiene que ser también explicada. ¿Cómo nos explicamos los jueces? Pues con sus resoluciones judiciales. Y los jueces están sujetos a la ley. La interpretación y aplicación de las leyes ha de ser respetada, lo dice la Constitución. Se habla de ataque, sí, efectivamente. Y así se denunció por parte del CGPJ. El Poder Judicial en este punto lo que sí que tiene muy claro es que los jueces lo que hacen no es más que ser lo que se llama obediencias pensantes. Obediencias porque, como dice la Constitución, solo están sujetos o sometidos al imperio de la ley. Pensantes en cuanto que lo tratan de aplicar de acuerdo con la realidad social en la que debe ser aplicada. Si hubo un déficit o un defecto en la manera de plasmar la penología de los nuevos tipos delictivos, evidentemente quien tiene que asumir esa responsabilidad es el legislador y en su caso quienes fueron promotores de esa norma. El Consejo General del Poder Judicial hizo una advertencia muy clara en su informe y advirtió que, si se llevaban a cabo esas rebajas en las penas, evidentemente se podía dar esa revisión porque es obligado por parte de todos los jueces. En este punto yo lo que tengo que decir es que los ataques a la carrera judicial y a los miembros del Poder Judicial fueron completamente injustificados, totalmente inmerecidos y poco respetuosos con el Estado de derecho.
-Este año el Ministerio prevé crear dos nuevos juzgados en la Región frente a los cinco que se demandaban desde el TSJ y pese a que la Comunidad repite constantemente como una de las autonomías con mayor litigiosidad y tiempos de respuesta. ¿Existe una justicia de segunda?
-La percepción que se tiene de la Región y del ámbito de su Tribunal Superior de Justicia, no solamente en otras comunidades, si no en el ámbito del Ministerio, es que el TSJ de la Región ha sido siempre un tribunal que ha apostado por la innovación, por la introducción de mejoras en el sistema de justicia para hacerlo más eficiente y de más calidad. Lo hizo en el año 2010 con un punto de inflexión, que era la Oficina Judicial. Pues bien, yo creo que en los últimos años no ha tenido una compensación, ni una, llamémosle recompensa, el enorme esfuerzo realizado por los jueces, por los letrados de la Administración de Justicia, por los funcionarios de esta Región y también yo incluiría por los abogados y procuradores que han tenido que convivir con transformaciones y nuevos modelos organizativos. Me parece que crear dos juzgados en el año 2023 es una propuesta de unidades muy escasa que sin lugar a dudas desmotiva. Soy consciente, no obstante, de que ni el presidente del Tribunal Superior de Justicia, su sala de gobierno, los jueces de esta región y todo el sistema de justicia se rinden. Ahora mismo se está pensando en que van a venir nuevas realidades organizativas, van a venir tribunales de instancia, pero evidentemente crear dos juzgados en el año 2023 es manifiestamente insuficiente para la necesidad de la justicia en la Región y en ese punto creo que ha sido un trato injusto.
«Los ataques a los jueces fueron injustificados y totalmente inmerecidos»
-En la época en que era usted presidente del TSJ se produjo una explosión de casos de supuesta corrupción. ¿No resulta bochornoso que, tantos años después, muchos de ellos sigan sin llegar a juicio?
-Creo que hay que tener en cuenta un análisis donde influyen muchos factores. Primero, el hecho de que muchos juzgados se encontraron en esa época con macrocausas en las que el sistema legal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no estaba adaptado a esas nuevas realidades criminológicas. Es así que ahora mismo hay un anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del que el Consejo debe informar en breve. Pero la ley no se ha adaptado. En segundo lugar, que el sistema penal, la instrucción en estos casos, ha precisado muchas veces de la especialización en este tipo de criminalidad y ha adolecido de la falta de medios especiales, por ejemplo periciales contables, periciales que pudieran venir de la hacienda pública, instrumentos en el campo de la cooperación jurídica internacional penal para el blanqueo de capitales... Se han ido desarrollando poco a poco, pero han sido insuficientes. Sí que tengo que poner en valor una cosa. Las causas, quizás no con el tiempo razonablemente deseado, están saliendo, se están juzgando cuando se han puesto los medios adecuados. En este punto tengo que decir que, a instancias del CGPJ, creamos una unidad de atención de causas para la corrupción. Consistió en que, por ejemplo, un juez de instrucción que llevaba el caso del Mar Menor para poderse dedicar, en exclusiva a ese caso, el Consejo haya nombrado un juez profesional que lleve las causas de ese otro juez. Hemos tenido muchos refuerzos no solamente aquí, sino también en el ámbito de la Audiencia Provincial para desdoblar las secciones. Se ha hecho a través del Consejo. En ese sentido hubiese sido mejor haber tenido más medios, sí, pero las causas de corrupción proliferaron en todos los territorios. Hemos tenido muchas medidas de refuerzo y cuando se han llevado a cabo estas medidas sí que quiero significar una cosa muy destacable: se han agilizado las causas. ¿Por qué? Porque tenemos una carrera profesional, unos jueces y magistrados y unos funcionarios enormemente competentes. Y eso ayuda muchísimo. Tengo que decir que aunque la justicia es lenta en estos casos, al final la respuesta siempre llega. Y creo que la respuesta está llegando en todos los casos y en todos los ámbitos.

«Los recursos, ante la escasez, necesariamente deben ser concentrados»
-La comarcalización de los juzgados de violencia de género se pone ahora encima de la mesa. Usted ya lo propuso hace más de una década y tropezó con bastante oposición. ¿Llegamos tarde?
-Efectivamente me ha recordado que en el año 2012, en el discurso de la apertura judicial, hice una apuesta muy decisiva por la comarcalización, pero porque estaba poniendo las miras en algo que es fundamental, que es la especialización. Estos juzgados son integrales, órganos civiles y penales, fundamentalmente penales, y necesitan equipos psicosociales. Necesitan jueces y juezas y funcionarios especializados en la materia. Necesitan una máxima coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con equipos psicológicos. Ante la existencia de recursos escasos, estos necesariamente deben ser concentrados en determinados partidos judiciales. Eso es clave y no se puede ver como un desapoderamiento por parte de algunos municipios. ¿Por qué Cartagena no va a asumir la competencia de violencia de género de San Javier? Evidentemente lo debe hacer así, más allá de las críticas localistas. Es una medida de racionalidad y eso afortunadamente empieza a calar.
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