La Intervención detectó falta de fiscalización en un contrato para salvar nacras en el Mar Menor

La Intervención General de la Comunidad detectó falta de fiscalización a la hora de acreditar la inversión realiza por el Gobierno regional en material a través de un contrato de emergencia de 2020 para extraer ejemplares de nacras del Mar Menor, que se estaban viendo afectadas por un parásito en la laguna.

La antigua Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente encargó a la sociedad pública Tragsatec el suministro de cuatro acuarios a la Universidad de Murcia destinados a la conservación de esta especie sin contar con la acreditación en el procedimiento de este departamento dedicado al control financiero de la Comunidad. Por este trabajo se iba a pagar 178.607 euros que todavía no ha cobrado la empresa.

Ese expediente de contratación acumuló «irregularidades numerosas», como se menciona en el dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, a quien se consultó cómo resolver el pago pendiente a Tragsatec, y más tras certificar que la entrega del suministro a la UMU se hizo sin que en el expediente constara el título jurídico necesario.

Considera el órgano consultivo que «no queda debidamente justificado que la duración de la emergencia, así como el alcance de las prestaciones, fueran lo estrictamente limitado» a lo que recoge la ley de contratos para estos casos. El dictamen emplaza a la Comunidad a completar el expediente de contratación y pagarle a Tragsa la cantidad pendiente de abonar.