Los cuatro partidos con representación en el hemiciclo autónomo han recogido el guante lanzado por el Defensor del Pueblo, a través de un escrito, en el que reprochaba que la ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región omita a los ayuntamientos. El Consejo de la Transparencia, en sesión extraordinaria celebrada ayer a raíz del citado escrito, acordó, con el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, «dar respuesta a las cuestiones planteadas por el Defensor del Pueblo».
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Y la cuestión que planteó es que el Consejo de la Transparencia carecía de competencias para mediar en las reclamaciones de los ciudadanos contra las administraciones locales, en materia de acceso a información, así como para velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que tienen. Por ello, también se acordó «instar al Gobierno y a la Asamblea Regional para que, en relación a las reclamaciones de información pública dirigidas a las administraciones locales ubicadas en su territorio, se determine expresamente en dicha ley el órgano independiente competente para su resolución, que no puede ser otro que el Consejo de la Transparencia». De forma que se han puesto en marcha los engranajes para modificar el texto de la actual ley, incluyendo a los consistorios.
Por otra parte, la consejera de Transparencia, Noelia Arroyo, se reunió con el jurado de los premios de Participación Ciudadana, Transparencia y Buen Gobierno para trabajos de investigación de Grado y Postgrado. En esta primera convocatoria, se han presentado unos 40 trabajos de las tres universidades. El fallo se conocerá en octubre.
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