Las inmobiliarias piden seguridad jurídica tras el fallido decreto del Gobierno para elevar el alquiler

«Seguridad jurídica», además de ayudas efectivas «con desgravaciones fiscales», es lo que de verdad reclama el sector inmobiliario regional para impulsar el mercado del alquiler de una forma efectiva. Así lo expresó ayer a 'La Verdad' el portavoz del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región (Coapi), Juan Antonio Fuentes. Una petición que cobra todo el sentido tras dejar de tener vigor desde ayer el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Alquiler que el Gobierno de España aprobó el pasado 18 de diciembre, tras ser tumbado el pasado martes por la oposición en el Congreso de los Diputados.

Y es que esta fallida regulación impulsada por el Consejo de Ministros para incentivar los arrendamientos, mediante la modificación de varias leyes, donde se incluía una ampliación de la duración de los contratos de alquiler a 5 años, si el propietario es un particular, o de 7 años, en el caso de una empresa, así como la limitación de la cuantía de las fianzas a dos meses, entre otras medidas, apenas ha cubierto a unos centenares de contratos formalizados en los 35 días que ha estado vigente -a falta de datos oficiales-.

«En principio, veíamos adecuadas las nuevas medidas a la hora de incentivar el mercado, toda vez que no se limitaba el precio de alquiler que cada propietario quiera poner, pero es evidente que los cambios normativos y la falta de claridad generan una inseguridad que no ayuda a que crezca la oferta. Lo que nos afecta de lleno a los servicios de intermediación», insiste Fuentes.

El fuerte incremento de la demanda de alquiler por parte de los murcianos, tal como sucede en el conjunto del país, se enfrenta por tanto a la cruda realidad de la escasez de parque en este segmento. «Necesitamos más viviendas para arrendar, sobre todo de nueva construcción y adaptada a la realidad de la sociedad», destaca Manuel Bascuñana, socio de la inmobiliaria familiar murciana Bascuñana. Además, critica los «bandazos» regulatorios que «nos perjudican a todos».

En su opinión, en la capital de la Región y en su entorno «hay unas necesidades nuevas, tenemos por ejemplo dos universidades (UMU y UCAM) que atraen a muchos estudiantes de fuera que buscan compartir residencia, pero también tenemos cada vez más personas solas o parejas que buscan apartamentos o pisos más pequeños». Por tanto, «hay que construir más, porque no se ha hecho durante todos los años de la crisis», concluyó.

Con todo, aunque no hay estadísticas públicas sobre el volumen exacto de viviendas alquiladas, más aún ante la evidencia de que la mayoría de las operaciones se formalizan entre particulares, al igual que existe también un predominio de los contratos 'en negro', es evidente que el potencial de este mercado es enorme si se tiene en cuenta que el último Censo de Población y Viviendas de 2011 contabilizaba hasta 62.070 casas alquiladas en la Región. A lo que se añade que el último registro de parque de viviendas de 2017 del Ministerio de Fomento computa hasta 266.076 viviendas no principales en territorio murciano.

En cuanto a los precios del alquiler, según el reciente informe anual del portal especializado 'pisos.com', la vivienda tipo arrendada en Murcia registró al cierre de diciembre una renta media de 591 euros mensuales para un inmueble con una superficie media de 112 metros cuadrados, lo que supone un repunte anual del 7,96%. Aun así, la Región se sitúa como la cuarta autonomía con la mensualidad más asequible para los inquilinos. Mientras, la media española para un piso similar se sitúa en 890 euros, con una subida interanual del 18,35%.

El director de estudios de 'pisos.com', Ferran Font, reconoce que las modificaciones planteadas por el Gobierno, que ya no están en vigor, «en cuanto a la duración de los contratos, la limitación del número de fianzas o el pago de los honorarios de gestión, han hecho saltar las alarmas de los grandes tenedores de vivienda en arrendamiento, que rechazan estas medidas amparándose en que su aplicación podría desembocar en la desinversión en esta clase de activos».