Un mar de incertidumbres en el nuevo curso político regional

A pocos días de que arranque formalmente en septiembre el nuevo curso político, el horizonte se muestra cargado de incógnitas e incertidumbres: cómo funcionará el Gobierno regional de coalición del PP y Ciudadanos, una vez cierre la composición de sus segundos escalones; y su relación con un grupo nuevo, Vox, colaborador necesario del Ejecutivo; cómo responderá la oposición, que estrena líder y portavoz, Diego Conesa, muy expuesto por la crisis del PSOE cartagenero; ¿continuarán como diputados los consejeros con escaño (Javier Celdrán, Antonio Luengo y Cristina Sánchez, del PP, e Isabel Franco y Ana Martínez Vidal, de Cs)?

A todo ello se suman otros inciertos acontecimientos de ámbito estatal e internacional, que influirán de forma directa en la actualidad regional, sobre todo en materia financiera e inversora. Es el caso del bloqueo institucional que vive el Gobierno central y la posibilidad de repetición de las elecciones generales, así como el nuevo frente abierto con respecto a la Comisión de Explotación del Trasvase y los negativos efectos que sin duda tendrá en la Región la desaceleración de la economía mundial.

El presidente regional, Fernando López Miras, tiene previsto reincorporarse a su despacho en el palacio de San Esteban este lunes, tras unos días de descanso, para emprender una ronda de entrevistas con los alcaldes de la Región, en la que la primera cita es con el regidor de Murcia. Miras tiene muy claras sus prioridades para el inicio del curso político: el agua y la financiación autonómica. «Vamos a entrar a saco con esos dos temas porque son los que ahora más nos queman», indica a 'La Verdad'.

Sobre el primero, tiene previsto reunirse con la Mesa del Agua el 3 de septiembre para dar respuesta al anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica de modificar la Comisión de Explotación del Trasvase para dar entrada a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, cuyo objetivo en dicho órgano ya han anunciado que será «frenar los trasvases». «Desde Madrid están tomando decisiones sobre este asunto y a nosotros nadie nos dice nada», comenta molesto el jefe de Ejecutivo.

Otra iniciativa que ya prepara López Miras es el envío de otra carta al Gobierno central -a principios de agosto remitió una a Pedro Sánchez solicitándole una reunión, de la que aún no ha recibido respuesta- para reclamarle el abono inmediato de las entregas a cuenta correspondientes a la financiación autónoma de este año, cuyo retraso empieza a generar tensiones de tesorería en la hacienda regional. El Ejecutivo autónomo reclama 234 millones de euros por la no actualización de las entregas a cuenta en este ejercicio, cantidad en la que incluye la parte correspondiente de la recaudación del IVA del pasado ejercicio al completo. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ya ha anunciado que solo abonará once meses de la liquidación del IVA, lo que en el caso de la Región de Murcia significa percibir 85 millones menos.

«Estamos superenfadados con este asunto, porque ni nos ingresan las entregas a cuenta ni acometen la reforma de la financiación», indica López Miras, que se muestra muy crítico sobre el bloqueo institucional. «La situación política nacional roza lo lamentable y lo vergonzoso -agrega-, sería un escándalo que se repitieran las elecciones porque no han sido capaces de llegar a un acuerdo para formar gobierno, la gente se va a enfadar con todos y con razón».

El Ejecutivo regional retomará oficialmente la actividad el próximo miércoles con un Consejo de Gobierno eminentemente deliberante y que se celebrará en un municipio de la Región, aunque su funcionamiento aún será a medio gas dado que siguen sin completarse los segundos escalones. El primer gran paquete de nombramientos de directores generales no se producirá hasta la primera semana de septiembre.

López Miras aún no ha decidido si los tres consejeros del PP que son diputados seguirán en la Asamblea, pero sí es tajante para despejar cualquier duda sobre la sintonía entre los miembros del PP y Cs del Ejecutivo. «Las relaciones son mejores de lo que nadie pudiera pensar», afirma.

La 'número dos' del Gobierno, la vicepresidenta y consejera de Mujer e Igualdad, Isabel Franco, de Ciudadanos, coincide con el presidente en que ha comenzado con buen pie el Ejecutivo de coalición, una fórmula institucional inédita en la política regional. «Las relaciones son muy buenas, todos vamos a una y eso va en beneficio de la Región», indica Franco.

La vicepresidenta explica que trabajan en la elaboración de un documento sobre las actuaciones que quieren poner en marcha en los primeros cien días de gobierno, y adelanta que una de ellas será la auditoría de las cuentas de la Comunidad Autónoma, incluida en el documento programático pactado con los populares. «Es imprescindible para saber los recursos de que disponemos y poder empezar a trabajar», señala Franco.

Coincide también con López Miras en que una de las preocupaciones preferentes será el blindaje del Trasvase del Tajo, y en reprobar la situación política nacional. «Una repetición de las elecciones generales supondría un freno para todos los proyectos de la Región que dependen del Estado», opina.

Franco trabaja estos días en cerrar el decreto de estructura de su consejería, que espera que se apruebe el próximo miércoles, como paso previo a la designación de sus directores generales y reitera que su intención es compatibilizar su puesto en el Ejecutivo con el de diputada regional. «Nadie en el partido me ha pedido que deje el escaño», afirma.

Donde sí es muy probable que haya cambios es en el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Según se baraja en el partido, Isabel Franco dejaría la portavocía para centrarse en el Gobierno, cargo que pasaría a ocupar Juan José Molina, con Valle Miguélez y Francisco Álvarez como viceportavoces.

Uno de los centros neurálgicos en la reanudación de la actividad política será la Asamblea Regional, donde ya aguardan para su tramitación casi 300 iniciativas presentadas por los cinco grupos parlamentarios.

El mayor grupo del Parlamento, el socialista, hará del marcaje al Ejecutivo de coalición su principal línea de actuación en este inicio de legislatura. «Vamos a ver qué proyecto plantea el PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox», comenta el líder del PSOE y su portavoz parlamentario, Diego Conesa, aunque él mismo no tiene ninguna duda al respecto: «Será un Gobierno de extrema derecha que hará políticas de extrema derecha».

Conesa resalta que serán las políticas sociales su ariete desde la oposición. «Haremos una oposición firme para evitar que se pueda generar mayor desigualdad social -explica-, en la que la Región tiene una de las tasas más altas de todas las comunidades. Estaremos en los colegios, los centros de salud, en las residencias de la tercera edad, en los centros sociales, en todos aquellos puntos en los que se generan oportunidades de igualdad para evitar que la brecha social se haga mayor».

Anuncia también «una colaboración leal con los ayuntamientos, para contrarrestar la falta de visión municipalista del Gobierno», así como su apuesta por el desarrollo sostenible y la transición energética.

El Grupo Socialista, con 206 iniciativas registradas en la Asamblea, entre ellas dos peticiones de comisiones de investigación, tiene la intención de llevar la voz cantante en la Cámara y atosigar al Ejecutivo con una oposición asfixiante.

El partido presentó una decena de medidas como prioritarias para este inicio de legislatura, entre las que figuran una ley de educación infantil de 0 a 3 años; el impulso de la FP y la formación dual; ampliar el tiempo de apertura de los centros de salud; la reforma de la ley del juego para limitar esta actividad; una ley integral de igualdad y otra sobre familias monoparentales.

Vox, según su portavoz en la Cámara, Juan José Liarte, prestará «mucha atención» al cumplimiento del acuerdo alcanzado con PP y Cs y que permitió la formación del Gobierno regional. Dos cuestiones concretas preocupan especialmente a este grupo en estos primeros compases de la legislatura: el control de la deuda y la rebaja de la presión fiscal, y «evitar que, con motivo del inicio del curso escolar, se reproduzcan las charlas de adoctrinamiento en los colegios». Liarte se ha propuesto, además, realizar un estrecho marcaje de las empresas públicas con el fin de suprimir aquellas que acumulen deudas.

Por su parte, Podemos se centrará «en las políticas para la recuperación de derechos perdidos durante la pasada crisis», indica su portavoz parlamentario, Óscar Urralburu, quien también alude a que pondrá especial énfasis en que «se apliquen las leyes aprobadas la pasada legislatura, como la de vivienda y de igualdad del colectivo LGTBI, que implican la consolidación de derechos».