La Administración de Justicia volvió a sumirse ayer en una jornada de reivindicaciones. Tras el paro celebrado esta semana por los letrados de la administración de Justicia, el próximo lunes llegará el momento de que magistrados y fiscales demuestren su nivel de indignación. Este viernes, sin embargo, les tocó el turno a los funcionarios, que protestaron contra «el caos y el deterioro judicial» y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El éxito de la huelga de este colectivo fue finalmente muy dispar, en función de las zonas y de quién analice los datos.
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El Ministerio de Justicia asegura que la participación en la Región fue del 21,54%, un porcentaje algo superior al 18,7% registrado a nivel nacional. De acuerdo con los datos que maneja el organismo estatal, decidieron sumarse al paro 324 empleados de los 1.504 que integran la plantilla en la Región. En todo el país, de los 54.130 empleados que componen este colectivo fueron 10.159 los que secundaron la convocatoria. El mayor éxito se alcanzó en La Rioja y Madrid, con seguimientos de un 41,8% y un 40,5%, respectivamente. En Galicia y el País Vasco, por el contrario, el paro tuvo una repercusión prácticamente anecdótica, de un 1,4% y un 1,7%, respectivamente.
Fuentes de Comisiones Obreras, sin embargo, sostuvieron que el seguimiento rondó un 60% en la Región. En algunos puntos, como en la capital murciana -por ejemplo, en el servicio común de ejecuciones- y en los juzgados de instrucción de San Javier, hasta un 90% de los trabajadores públicos de estos órganos se sumaron al paro. Estaban convocados letrados de la administración de Justicia, integrantes del cuerpo de gestión, tramitación y auxilio judicial, médicos forenses y facultativos, técnicos especialistas y ayudantes de laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), tal y como informaron desde el Ministerio.
La convocatoria de huelga se dejó notar en la mañana de ayer en los juzgados de la capital, donde algunos de sus servicios quedaron prácticamente paralizados.
Según los sindicatos convocantes -CC OO, UGT, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ)-, a nivel nacional un 80% de los funcionarios secundaron la huelga y unos 5.000 trabajadores de toda España participaron en una manifestación.
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Los funcionarios consideran que la reforma de la LOPJ -pactada entre PP, PSOE y Unidos Podemos y que fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 30 de octubre- produce «un gravísimo ataque a nuestras condiciones de trabajo y al servicio público», afirmó Luis Calero, secretario general del sector de Justicia de CC OO. Este remarcó que es necesario que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor en el cargo, Rafael Catalá, como responsable de este sector en el PP, «insten» a sus partidos a que «retiren las enmiendas que han forzado esta movilización» y que ambos se sienten con los representantes sindicales para negociar sus condiciones laborales.
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