Jaime Peris: «No hicieron caso a los informes sobre la 'ley del solo sí es sí'; se ocultaron»

Catedrático de Derecho Penal y director del departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Murcia (UMU), doctor en Derecho Penal por la Universidad de Bolonia, Jaime Peris Riera (Valencia, 1956) asegura que no ha visto «nada igual» en su vida. Así se refiere a la polémica relacionada con la llamada 'ley del solo sí es sí', las revisiones de condenas en beneficio de agresores sexuales por parte de tribunales de todo el país –una, de momento, en la Región, y una decena pendientes de decisión–, y las justificaciones «inauditas y despreciables» de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y los defensores a ultranza de una normativa que tilda de «chapuza».

–¿Por qué se reducen ahora condenas a agresores sexuales?

–Es facilísimo de entender, salvo para quien no quiera entenderlo. En España, los delitos sexuales estuvieron divididos históricamente, con independencia de la denominación, entre abusos y agresiones sexuales, dependiendo de si había violencia o intimidación. La obsesión con esta ley es que no es importante que haya violencia o intimidación. Lo importante es que no haya consentimiento. Y, cuando no hay consentimiento, todo son agresiones sexuales. Los abusos siempre tuvieron menores penas que las agresiones. Al unificarlo todo bajo la agresión sexual, suben las penas de los abusos, pero bajan las de las agresiones. Y especialmente las de las agresiones sexuales más graves. Todos estos delitos tenían unas agravantes específicas. Una violación con agravantes, con la anterior normativa, tenía una pena de 12 a 15 años. Ahora, esa violación con agravantes tiene una pena de 7 a 15 años.

–El máximo de la pena es el mismo, pero baja el mínimo.

–Sí, empieza en 7, no en 12. Todas las penas en España tienen dos mitades. Una mitad superior y una mitad inferior. ¿Cómo se hallan? Muy sencillo. Si una pena va de 5 a 10 años, la mitad inferior está por debajo de 7 años y seis meses. La mitad superior va de los 7 años, seis meses y un día a los 10 años. Cuando hay una condena de 12 años por violación, y la pena era de 12 a 15, el juez impuso el mínimo de la mitad inferior. Lo que ocurre ahora es que hay una nueva ley que sitúa ese mínimo en 7, no en 12. Y ahora, en la revisión de la sentencia, tienen que volver a imponer la pena mínima, como la impusieron antes. Antes te tocaban 12. Y ahora, con la nueva ley, te tocan 7. Al que le pusieron 14 o 15 años, por ejemplo, esto no le afecta, porque la mitad superior sigue siendo la misma.

–Según la ministra de Igualdad y el discurso oficial de su partido, el problema está en los jueces «machistas» encargados de revisar esas sentencias.

–Es inaudito y despreciable que un político de nivel pueda decir que la interpretación de la ley es machista. ¿Usted sabe lo que dice el Código Penal? Que la ley penal más favorable se aplica de forma retroactiva, aunque se estuviera cumpliendo condena. ¿Sabe lo que dice el título preliminar del Código Civil? Lo mismo. ¿Sabe lo que dice la Constitución? Lo mismo. Cuando usted dice que la interpretación es machista, solo puede ser por dos causas. Si es por ignorancia, es imperdonable e inexcusable, porque ha sido usted la promotora de esta ley. Pero si es por interés político, es despreciable. Usted pone a los pies de los caballos a un poder del Estado porque no quiere asumir que ha hecho una chapuza. En clase, por ejemplo, mis alumnos están acostumbrados a que yo critique determinadas interpretaciones judiciales. Hombre, faltaría más. Se puede debatir y criticar. Pero lo hago desde una perspectiva jurídica, con argumentación jurídica. Lo que no se puede hacer es decir barbaridades.

–¿Dónde está el error?

–El error es del legislador, que no ha previsto que, bajando las penas mínimas en la nueva ley, hay que revisar las sentencias a todos aquellos que hubieran sido condenados con las penas mínimas. Pero esto ha sido así siempre. Cuando entró en vigor el nuevo Código Penal de 1995, hubo que revisar un montón de casos. Y luego, también, es como si a los jueces les gustara revisar sentencias. Asuntos que ya están juzgados y sentenciados y que ahora hay que volver a retomar. Esto era y es tan evidente como que en un congreso que tuvimos el mes pasado, una magistrado llegó con un listado de los casos que pensaba que tendrían que retocar. Antes de que entrara en vigor la ley. A mí me avergüenza un país donde una ministra del Gobierno, delante del presidente del Consejo General del Poder Judicial, sigue erre que erre porque no hay marcha atrás.

–¿Lo ideal sería rectificar la ley?

–Bueno, esto es algo de lo que todavía no se ha hablado. Dicen: 'si hay errores, modificaremos la ley'. Sí, sí, ojito, ojito. Una ley entra en vigor y tiene vigor. No es que se vaya a anular. No es como cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional una ley y esa ley es como si no hubiera existido nunca. Como la famosa ley de la 'patada en la puerta' de Corcuera. En este caso, no. Aquí pondrán otra ley que sustituirá a esta. Y aquí hay un asunto técnico que se llama la ley intermedia, que tiene sus efectos: los efectos retroactivos de las leyes intermedias. Seguirá afectando siempre, aunque luego haya otra ley.

–Los mismos que critican a los jueces confían por otro lado en una futura unificación de criterios de esos jueces y en la doctrina que puedan establecer otros magistrados, los del Tribunal Supremo.

–Eso es lo que están diciendo porque todavía no quieren adelantar lo que va a decir el Tribunal Supremo. Pero la decisión del Tribunal Supremo, de acuerdo con la doctrina propia, con la doctrina en general y con la teoría de las leyes penales intermedias, no puede ser otra. Cuidado.

–Una de las más firmes defensoras de esta ley es precisamente una juez, Victoria Rosell, que niega fallo alguno en la normativa.

–Por eso es mucho más grave lo que dice, porque es falso. Ella sabe mejor que nadie que está mintiendo. Y esto enerva mucho a los juristas. La gente cree que apoyado en la barra del bar sale una ley. Esto no funciona así. Esto se llama ordenamiento jurídico porque hay un orden jurídico. Usted tiene que ver que esa ley está en el contexto de otras leyes. Porque, si no, sería un caos. Victoria Rosell llegó a decir que estos jueces están violando esta ley cuando la aplican. Está llamándoles prevaricadores. Más aún. ¿Sabe usted cuándo prevaricaría un juez? La Constitución dice que los jueces tiene que juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El imperio de la ley. El juez juzga con la ley. Y la ley dice que la norma que más favorece al reo se aplica retroactivamente. Si no la aplicara, estaría violando el Código Penal y la Constitución. Si lo hiciera a sabiendas, estaría prevaricando. Se han dicho otras barbaridades, como que esto se podría haber arreglado con una disposición transitoria...

–¿Qué significa esto?

–La disposición transitoria de una ley nos da reglas de comportamiento sobre cómo adaptar la nueva ley a los ecos de la vieja. Pero lo que aquí se pretende es que esta disposición transitoria diga algo así como 'esta ley, aunque favorezca al reo, no supondrá la revisión de la sentencia'. Oiga, ¿usted se conoce la jerarquía normativa? Usted tendría que cambiar primero el Código Penal. Y no solo esta ley, también el artículo que habla de la retroactividad más favorable. Y también la Constitución. Usted no puede impedir que la ley se aplique retroactivamente en una disposición transitoria. No tiene ningún sentido. Mire, artículo 2.2 del Código Penal: «No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiere recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena». ¿Hay alguna duda? Pero hay más. Es que, incluso, el Código Penal prevé que, cuando las leyes no son homogéneas, «en caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo».

–Entonces, aunque se modifique la ley para elevar esas penas mínimas, ¿ya no tendrá efecto sobre las condenas que ahora están siendo revisadas?

–No, porque no será una ley más favorable que la anterior. Porque la ley que se aplica es la que estaba en vigor cuando se comete el delito, no cuando se celebra el juicio. Salvo si la ley que existe cuando te juzgan es más favorable que la que existía cuando cometiste el delito. Y las revisiones de sentencias se harán con arreglo a esta ley que ha estado en vigor, porque los reos tienen todo su derecho. Aunque luego venga otra más dura. Es más grave de lo que parece. Pero es que todo esto estaba avisado.

–Según defiende el Ministerio de Igualdad, lo que está ocurriendo ahora 'no se podía saber' y nadie avisó de ello.

–Eso es mentira. La gente confía en que los demás no se leen las cosas. Pero lo sabían todos los juristas, todos los catedráticos de Derecho Penal en todos los congresos en los que he estado últimamente. Digo yo que estas personas sabrán algo, digo yo. Hay informes sobre esta ley que se han ocultado. Informes que se enviaron, pero que dicen que no los tienen. Lo que no quisieron es hacerles caso.

–Se habla sobre todo de las advertencias recogidas en el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial.

–Sí, pero hay muchos más. Evidentemente, siempre vas a acabar encontrando a alguien que te va a decir lo que quieres oír. Siempre se puede conseguir a alguien que te haga un informe que diga lo que yo quiero. Pero hay que tener cuidado con esas cosas cuando luego llueve mucho. Por lo que yo sé, la ministra debe de llevar un par de días gritando por los pasillos para ver quién tiene la culpa. Porque la culpa, según ella, debe ser de otra persona.

–La ley pasó por el Congreso de los Diputados y por el Senado y, además, fue revisada por los expertos juristas del Estado, como es habitual. Pero, según la teoría del Ministerio, nadie les advirtió de estos errores.

–No, perdone. Muchos de estos informes decían lo que tenían que decir. Pero, si no te hacen caso... Y luego ocurre otra cosa. Que las discusiones en las Cortes se han convertido en una pura patochada. Pero, si tiramos de hemeroteca, en muchos medios ya se advertía de esto. Yo lo he venido leyendo. Yo ya escuché, hace tres meses, que a los de la manada habría que bajarles la pena. Hace tres meses.

–Lo que sí ha hecho el Gobierno es pedir a los jueces que se formen. ¿Cree que falta formación?

–Esto es otra vergüenza. Los jueces, se lo puede preguntar a ellos, aprueban una de las oposiciones más duras que hay. Luego van a una escuela judicial. Y, antes de ejercer, están de prácticas. Pero luego el Consejo General del Poder Judicial siempre ha dado cursos de formación, se llaman de formación continua. También sobre violencia de género. No han parado jamás. No olvidemos que la primera ley de violencia de género es de 2004. Esto no es nuevo. Lo que es nuevo es una concepción extrema y disparatada de algunos aspectos que ha hecho incluso que algunos sectores del propio feminismo estén que trinan. Lo de la formación es ofensivo. Después de todo lo que ha hecho la ministra, además dice, delante del presidente del Consejo, que lo que tienen que hacer los jueces es estudiar más. ¿Usted? ¿Que estudien más los demás? No tiene usted vergüenza. Es algo despreciable. El presidente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de la Región de Murcia, Juan Roca, se refirió a todas estas declaraciones, en el discurso de ingreso de José Antonio Cobacho como miembro de la institución, como 'obscenidad jurídica imperdonable'. Para decir eso el presidente... Pero no puedo estar más de acuerdo con él. Yo no he visto algo así en toda mi carrera profesional, estas barbaridades desde el Ejecutivo. Ha habido meteduras de pata, como puede pasar con todo.

–Luego está la reforma del delito de malversación, que Esquerra quiere hacer de forma «quirúrgica». ¿Qué le parece?

–Que estamos asistiendo a un espectáculo impresentable y obsceno. Impúdico también, sí. Y encima con argumentos. Es el colmo.