Francisco Martínez Escribano: «Habilitar agosto es una medida estética que no servirá para nada»

–Hoy, con el levantamiento de los plazos procesales, llega la reactivación a los juzgados. ¿Qué cree que se van a encontrar?

–No lo sabemos muy bien. La sensación que tenemos desde la abogacía es que no se han aprovechado bien estos meses.

–¿En qué sentido?

–En el trabajo de los juzgados. Se podría haber sacado muchísimo papel y no se ha hecho. La sensación que tenemos desde la abogacía es que se ha perdido el tiempo. Ha habido dos meses de trabajo interno que, por una u otra razón, no se han aprovechado. Además, se quiere dar la imagen externa de que ese tiempo se va a ganar con medidas absolutamente estéticas y desproporcionadas.

–¿Qué opina, por ejemplo, de habilitar el mes de agosto?

–Bueno lo que no se puede trasladar es la imagen de que la abogacía no quiere trabajar en el mes de agosto. Eso no es verdad. Lo que la abogacía no quiere es perder el tiempo en el mes de agosto. El problema es que estamos seguros de que no va a servir de nada.

–¿Ni para sacar más trabajo?

–Creemos que es una medida estética. En julio, agosto y septiembre, en la Administración de justicia, el ritmo no era el mismo que en otros meses porque había vacaciones estructuradas. Pero ahora qué va a pasar con las vacaciones. El señalamiento judicial no depende solo del abogado, también del perito, del testigo, de las partes... Si pones un juicio el 15 de agosto, no es que vaya solo el abogado. También el juez, el secretario, el agente judicial, las partes, los testigos... ¿El 15 de agosto eso se va a poder celebrar? El problema no va a ser tanto de señalamiento como de plazos. Si agosto es hábil los plazos corren. Si a finales de julio los juzgados me notifican un montón de plazos a ellos les da igual, pero a nosotros ese plazo nos está corriendo. ¿Esa es la forma de desatascar la Justicia? Yo creo que no. Son medidas estéticas. También estamos preocupados por determinados proyectos que, aprovechando el coronavirus, pueden mermar el derecho de defensa.

–¿De qué proyectos habla?

–Pues procedimientos en los que no haya posibilidad de recurrir determinados pronunciamientos, el acceso a la casación prácticamente quieren blindarlo como han hecho con el contencioso administrativo, eliminar trámites y dar mucha preeminencia a la oralidad... Está muy bien, pero hay que llevar cuidado. La Justicia necesita un periodo de reflexión. Una justicia exprés puede no ser justicia.

–¿Es un error imponer unos tiempos demasiado rápidos?

–No estoy diciendo que haya que ralentizar la justicia, pero creo que también necesita un poso. No tiene por qué ser todo exprés. Lo que no puede ser es que tarden años en poner sentencias, pero un juez tiene que meditar una resolución. Hay asuntos muy complejos. No podemos dejar que los jueces se duerman pero tampoco convertirlos en máquinas. Tampoco la abogacía está de acuerdo en especializar juzgados en determinadas materias. La experiencia que tenemos en temas de pólizas no ha sido buena.

–¿Por la congestión?

–Sí, claro. Y porque a algunos juzgados los limita completamente. Creo que habría que ir por otras soluciones como los tribunales de instancia de los que yo personalmente soy un convencido. Concentrar a todos los jueces de instancia en un tribunal conllevaría un mejor reparto de trabajo, unos criterios comunes...

–¿Y una mayor rapidez?

–Quizás. Yo hecho mucho de menos la justicia municipal, los juzgados de distrito... Creo que también sería una buena solución. La voz de la abogacía no se oye lo suficiente. Está en una situación privilegiada porque nosotros somos los primeros jueces. Yo sé lo que quiere el justiciable y lo que pasa en un juzgado. Esa perspectiva solo la tiene la abogacía. No la tiene la judicatura, ni mucho menos los legisladores o los políticos. Quizás si hubiera un poco más de consenso y menos ordeno y mando, se podrían hacer muchas cosas.

–Esta crisis ha obligado a dar un paso de gigante en la utilización de las nuevas tecnologías.

–Un paso de gigante a medias. El Colegio de Abogados de Murcia es pionero en eso. Nosotros tenemos unos sistemas informáticos muy avanzados. Incluso en materia de justicia gratuita tenemos un sistema de solicitud por videowhatsapp que es impresionante. Hemos intentado por todos los medios que durante este periodo de pandemia las guardias de asistencia a detenidos se hiciera por videoconferencia.

–Por seguridad.

–Evidentemente. Sobre todo por cuestión de seguridad.

–Es un tema que ha despertado bastante polémica en otros colegios del país.

–Bastante polémica, pero no solo entre otros colegios, si no también en la judicatura, los letrados de la Administración de justicia... Nos ha costado mucho implantarla. Hemos conseguido que se nos haga bastante caso. La comisión del turno de oficio se ha dejado jirones de su vida estos meses con llamadas constantes a los juzgados ofreciendo los servicios informáticos del colegio. Pero la Administración de justicia yo creo que tendría que dar un paso de gigante en esto. Tienen sus sistemas pero quizás les falte una gran inversión en este campo. El Estado tiene que hacer una gran inversión en Justicia. Tiene que darse cuenta de que genera estabilidad, paz social, inversión... Y no le hablo de partidos políticos porque ninguno que yo conozca ha hecho ese esfuerzo.

–No es un tema de colores.

–No, en absoluto. Es un tema de Estado y el Estado creo que no ha tomado conciencia de eso.

–Los juzgados murcianos llevan años acumulando retrasos y, con esta situación, los tiempos no parece que vayan a ir a mejor.

–El riesgo que tenemos es que se atribuya el posible colapso de la justicia a la pandemia. No es verdad. Es un factor más. El retraso endémico que llevamos no es un problema de tres meses. Cuando esté esperando un señalamiento y me digan 'la agenda de 2020 está llena vámonos a 2021', ese no es un problema de la Covid. Es un problema estructural. Eso se resuelve primero con medios y luego con trabajo. Pon los medios y exige el trabajo.

–¿En qué jurisdicciones esperan mayores problemas?

–Hay jurisdicciones que estamos temblando. Imagínese Social o Familia, que ya llevaba un retraso aquí en Murcia de muchos meses. Los compañeros en esos dos campos están absolutamente preocupados. La situación que se presenta ahora en los juzgados es muy preocupante porque es un reflejo de la realidad social. Por eso creo que la inversión en justicia tiene que ser abrumadora y el esfuerzo de los funcionarios tiene que redoblarse. Los abogados lo vamos a hacer, pero ellos también tienen que hacerlo. Hemos visto que en otros estamentos la gente se ha esforzado y ha dado todo lo que ha podido e incluso más.

–¿Esperan que la Justicia gratuita acabe actuando de escudo como en la anterior crisis?

–Sí, estamos muy preocupados porque esperamos una posible avalancha. Es, además, un campo muy mal tratado por el Estado. La media que cobra un abogado de oficio son 150 euros por asunto. Se hace por vocación, pero un mínimo de reconocimiento económico es imprescindible.