Los colegios concertados de la Región, donde estudian un tercio de los alumnos murcianos, amanecieron este jueves por la mañana con lazos naranjas en sus fachadas como protesta a la 'ley Celaá', que establece condiciones que complican su viabilidad. Entre otras, la prohibición expresa de cobrar cuotas a los padres y la eliminación del criterio de demanda social para crear nuevas plazas o centros. La nueva normativa, que se tramita mañana en el Congreso, prohíbe expresamente separar a los alumnos por sexos.
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La Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) lleva semanas denunciando que la nueva ley «elimina el derecho de las familias a elegir el colegio al que quieren llevar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones, al eliminar como elemento a tener en cuenta en la planificación de la educación la demanda social, es decir qué quieren las madres y padres de los alumnos».
«No es admisible que se excluya a los colegios de iniciativa social de la prioridad de escolarización, relegándolos a una presencia residual, en inferioridad de condiciones a la red pública, dejando al arbitrio de la ideología del gobierno de turno los conciertos educativos y por tanto su supervivencia», lamentan.
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