Las capturas de atún rojo, la especie pesquera más emblemática y posiblemente también la más codiciada en el mundo, se encuentran en el fondo de una investigación de gran calado, desarrollada por la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Guardia Civil con la colaboración de Europol, que está salpicando a las empresas españolas más potentes dedicadas al engorde y al comercio de ese producto.
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Fuentes próximas a la investigación, que se encuentra declarada secreta, han confirmado que ayer se practicaron en la Región de Murcia varias detenciones -en torno a media docena, según informaciones no oficiales- y que los arrestos podrían contarse por decenas en todo el territorio nacional. No en vano, las entradas y registros se sucedieron a lo largo de la madrugada de ayer en las sedes de grandes grupos empresariales de varias provincias, como Cádiz, Málaga, Valencia, Vigo... y también en las instalaciones de Mercamadrid, el gran mercado de venta mayorista del país, que registró un importante despliegue de agentes en torno a la zona donde se distribuye el pescado.
La intervención policial en Murcia tuvo como epicentro las naves industriales de sociedades vinculadas al grupo Ricardo Fuentes e Hijos SA, la firma líder en todo el mundo en lo que se refiere a la industria del atún rojo. A lo largo de casi catorce horas, desde primeras horas de la madrugada del martes hasta bien entrada la tarde, decenas de agentes de la Ucoma -los llamados UCO del Medio Ambiente-, apoyados por sus compañeros del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) y de la Policía Judicial de la Comandancia de Murcia, se incautaron de abundante documentación no solo en las oficinas de las empresas, sino también en los domicilios particulares de varios altos responsables de la compañía.
Aunque la investigación se halla bajo secreto, las informaciones obtenidas ayer por este diario apuntaban a que el núcleo de las pesquisas se centra en tratar de probar que las mercantiles dedicadas al engorde y comercio de atún rojo están sobrepasando -«con mucho», según las fuentes consultadas- el cupo anual que las autoridades establecen para las capturas de esta especie. Un volumen que estaría situado en torno a las 4.000 toneladas anuales.
El principal problema al que se enfrenta el negocio del atún rojo es que por el momento no es viable su reproducción en cautividad, por lo que la única forma que tienen de operar las empresas piscícolas se basa en la captura de peces inmaduros. Estos son trasladados después a granjas de engorde y engrase, donde se les alimenta hasta que tienen el tamaño y la calidad adecuada para sacrificarlos y destinarlos a la venta.
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Las sospechas del Ucoma es que estos cupos de capturas se estarían sobrepasando ampliamente de forma ilegal, en un intento de abastecer la fuerte demanda internacional que tiene este producto. Para ello, se podría estar incurriendo en posibles falsedades documentales y de la trazabilidad del producto, que es lo que los agentes tratan ahora de demostrar.
Algunos datos apuntan a otras presuntas prácticas ilícitas, como la posibilidad de que se esté introduciendo en España pescado procedente de otros países, bien fresco o tratado para su comercialización en conserva, que estaría siendo vendido como fresco de forma fraudulenta. Durante la operación iniciada ayer se habrían intervenido cantidades no determinadas de pescado.
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La investigación, la más ambiciosa que se ha desarrollado nunca sobre este negocio, sigue abierta, por lo que hasta dentro de unos días no se conocerá la cifra total de detenidos.
Este diario trató ayer de hablar con un portavoz de la empresa, pero no respondió a las llamadas.
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