El Gobierno central lleva a la Región de Murcia al Tribunal Constitucional por abonar los atrasos a los funcionarios

El Ministerio de Hacienda sostiene que las comunidades autónomas que incumplen los objetivos de déficit, como es la de Murcia, que lidera habitualmente este ranking debido a la mala financiación autonómica, no pueden devolver las cuantías adeudadas a los funcionarios. En este caso se trata de 50.000 empleados públicos.

Al no llegar a un acuerdo previo en las negociaciones de la comisión bilateral, el Gobierno de la nación ha interpuesto este recurso contra la Ley 14/2018, del pasado 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este año, donde se regula la recuperación de los conceptos retributivos dejados de percibir correspondientes en diciembre de 2013 -cuando se suprimió una paga adicional del complemento específico- y establece el calendario de recuperación para la de junio de 2014.

Sin embargo, el artículo 23 del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, sólo permite que «se devuelvan las cuantías por aquellas administraciones que cumplan los objetivos de déficit así como la regla de gasto».

El Ministerio de Hacienda ya emitió, en octubre del año pasado, un informe en el que consta que Murcia «no cumplía los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto» de 2017. A ello, se le suma otro informe posterior, en mayo de 2019, donde el Ministerio volvió a confirmar que Murcia «tampoco ha cumplido» con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto de 2018.

En consecuencia, el Gobierno ha acordado que no se puede aprobar la medida consistente en «restablecer o recuperar» conceptos retributivos correspondientes a ejercicios anteriores.

Previamente a la interposición de ambos recursos, se había iniciado una negociación previa con los gobiernos de Canarias y Murcia, pero no se alcanzó ningún acuerdo satisfactorio en ninguno de los casos.

El Gobierno regional considera que el exceso de déficit y el incumplimiento de la regla de gasto se debe a la infrafinanciación que sufre la Región de Murcia.