El Gobierno y las comunidades controlarán el análisis «independiente» de la pandemia

Casi siete meses después de la declaración oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud de la situación de pandemia, aún flota en el aire la pregunta de por qué España presenta algunos de los peores datos de Europa en cuanto a la evolución de la enfermedad y del número de contagios. En pos de despejar esta incógnita con cierta precisión, una veintena de científicos solicitaron mediante un artículo en la revista 'Lancet' la elaboración de una «auditoría independiente» que pudiera arrojar luz sobre los fallos y aciertos que ha dejado una gestión compartida entre el Gobierno central y los Ejecutivos autonómicos, pero que contó durante prácticamente todo el estado de alarma con un mando único en el Ministerio de Sanidad.

Esa esperada evaluación parece por fin tener un posible horizonte de inicio tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) que tuvo lugar ayer. En el encuentro telemático, presidido por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y en el que participaron los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas, incluido el titular de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, se acordó tener listo para noviembre el marco en el que se moverá dicha auditoría. Para ello, se aprobó la creación de un grupo que definirá los parámetros de este trabajo y que contó con el apoyo de la Consejería de Salud y con el único rechazo del País Vasco. Villegas se mostró así «totalmente de acuerdo» con esta propuesta, ya que entiende que entre las funciones del citado grupo estará la de «proponer quién debe constituir el equipo de evaluación independiente». Se trataría por tanto de un primer comité encargado de designar a un segundo grupo de expertos, extremo que no viene, sin embargo, expresamente recogido en el texto aprobado ayer en el seno del Consejo.

Dicho comité estará formado por la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que lo presidirá, y por un representante de cada una de las comunidades y ciudades autónomas, que lo designarán los propios consejeros. En sus reuniones, éstos podrán ser asesorados y estar acompañados por técnicos y expertos de sus respectivas administraciones. El objetivo de este grupo de trabajo será elaborar una propuesta de marco evaluador del SNS, y definirá las líneas de evaluación, el alcance, los objetivos, los parámetros y todos aquellos elementos necesarios para llevar a cabo una evaluación independiente lo más completa posible del conjunto del sistema, según apuntaron fuentes ministeriales.

El Ejecutivo central ha impuesto así su criterio de que cada uno de los otros 19 «expertos» que deben fijar los parámetros para examinar principalmente la actuación del Gobierno central durante los meses que duró el estado de alarma, sean nombrados precisamente por los ejecutivos autonómicos.

Esta maniobra garantiza a Sanidad que la mayor parte de los «expertos» que fijarán el mencionado marco sean nombrados por gobiernos socialistas, que suman un total de nueve (Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja y Navarra). Otros 6 'técnicos independientes' serán propuestos por ejecutivos del PP (Región de Murcia, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid y Ceuta) y los últimos expertos se repartirán entre gobiernos de PNV, Junts, Partido Regionalista y Ciudadanos.

Este grupo, según informó Sanidad, en el plazo de un mes «deberá elevar las conclusiones de los trabajos al pleno del Consejo para su consideración», una premura que también ha levantado suspicacias en medios científicos, habida cuenta de que la pandemia se encuentra en pleno apogeo en su segunda oleada.

El sistema de elección de expertos por 'cupo autonómico' impuesto por Sanidad no tiene nada que ver con el grupo de técnicos que habían propuesto en agosto y septiembre los firmantes del artículo en 'Lancet', en el que pedían una «auditoría independiente», alejada de cualquier color político, tanto de Sanidad como de las consejerías que tomaron el testigo tras el fin del estado de alarma a finales de junio.