Francisca Baraza: «No puede seguir la saturación de usos en la cuenca del Mar Menor»

–¿Qué reflexión haría sobre el Día Mundial del Agua?

–Naciones Unidas ha planteado este año el lema 'Agua para la paz'. Considera que la situación de cambio climático y de estrés hídrico va a generar, y de hecho está generando, conflictos, bélicos incluso, por el acceso a los recursos. Y uno de los fundamentales para vivir es el agua. El cambio climático y la intensificación de los usos del territorio agravan y hacen más recurrentes las lluvias torrenciales, las sequías muy fuertes, los incendios... El desarrollo a ultranza provoca una pérdida de recursos, que no son ilimitados. Este Día Mundial del Agua es una llamada de atención a las administraciones públicas sobre la importancia de la planificación, la adaptación de los territorios y la distribución adecuada del agua, para garantizar su acceso sobre todo en las zonas y poblaciones más vulnerables.

–Se sigue hablando de 'guerra del agua' por el recorte en el Trasvase Tajo-Segura y la falta de un Plan Hidrológico Nacional. ¿Ve solución a este conflicto? ¿Cuál?

–El Ministerio está haciendo sus deberes. Ha hecho una planificación hidrológica en cada cuenca de competencia estatal y vela por el interés general. El Trasvase Tajo-Segura es una infraestructura que ha sido muy útil para el desarrollo del Sureste, pero las condiciones climáticas son muy diferentes a cuando se puso en marcha en 1979. Los contextos son distintos y ahora se establecen unas nuevas reglas de juego. Nadie pone en duda que el Trasvase va a seguir, pero se tiene que adaptar a los recursos hídricos disponibles y al cambio climático. La clave del éxito de la gestión del agua en el Sureste ha sido el mix de recursos: Trasvase, desalación y recursos propios de la cuenca. Estamos en una sequía importante, ya se ha declarado la sequía extraordinaria, y sin embargo se ha garantizado el abastecimiento humano a más de 3 millones de personas en la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Almería.

–¿Qué balance hace de la ejecución del marco de actuaciones prioritarias para la recuperación del Mar Menor y qué previsiones tienen para este año?

–Hasta ahora hemos estado centrados en el diseño de las actuaciones y este año va a ser el del inicio de varias obras ya en el territorio. Hemos ejecutado ya 60 millones de euros y tenemos comprometidos otros 111 millones, dentro de un programa de 484 millones. Vamos a empezar ya en mayo en la Sierra Minera, con la primera actuación de remediación de suelos afectados por residuos mineros en el conjunto 1 de Llano del Beal. Se destinarán 6,5 millones de euros. Después del verano, empezaremos en dos balsas: El Descargador y Brunita [en La Unión]. Los muchos años de dejadez e inoperancia en la aplicación de las competencias autonómicas llevaron al Ministerio a declarar de interés general estas obras y otras y explican por qué estamos como estamos, con una laguna en situación de equilibrio inestable. El problema de la cuenca vertiente es fundamentalmente competencia de la Comunidad.

–¿Por qué mantiene el Ministerio su negativa a descargar el acuífero para reducir la llegada de agua contaminada por nitratos a través de la rambla del Albujón y otras descargas superficiales y subterráneas, así como a construir el colector norte y el resto de infraestructuras que recogía el Plan de Vertido Cero?

–El acuífero no es el que contamina, el acuífero ha sido contaminado. La Confederación Hidrográfica del Segura está haciendo todo lo posible por controlar los usos del acuífero y evitar una mayor contaminación. Declaró el acuífero contaminado por nitratos y ha establecido unas medidas cautelares que establecen obligaciones para los agricultores y que son muy importantes. ¿Cómo se descontamina el acuífero? Va a ser difícil y duradero en el tiempo. Del Plan de Vertido Cero, se están haciendo prácticamente la mayoría de las actuaciones, salvo determinadas infraestructuras hidráulicas, como el colector norte y demás, que suponían una recirculación del agua y sobre todo una inversión muy grande en desalobración, desnitrificación y en un emisario para verter la salmuera [al Mediterráneo]. Si quiere hacerlas la Comunidad Autónoma, que lo haga.

–En las próximas semanas se reunirá por primera vez la Comisión Interadministrativa del Mar Menor. ¿Qué asuntos planteará el Ministerio en ese órgano de coordinación?

–Se ha superado ya la capacidad de carga del territorio en cuanto a la intensificación de usos ganaderos, agrícolas, urbanísticos, turísticos, de infraestructuras... El territorio todo no lo aguanta y es necesario que la Comunidad haga sus deberes y apruebe el Plan de Ordenación Territorial que contempla la ley del Mar Menor, que se tenía que haber aprobado el año pasado y que está en una fase de tramitación muy preliminar. No podemos seguir con la actual sobresaturación de usos, hay que regularlos y establecer umbrales. También es necesario que la Comunidad apruebe el programa de actuación en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos y regular la actividad agrícola y ganadera.

–¿Qué balance hace sobre su etapa como coordinadora del Marco de Actuaciones Prioritarias del Mar Menor y cómo afronta la de comisionada para el ciclo del agua y la restauración de ecosistemas?

–Dos señas de identidad del Marco son restituir la legalidad y actuar en origen. La Confederación Hidrográfica del Segura ha clausurado 9.000 hectáreas de regadío ilegal y aplicado medidas cautelares. Y este año aprobará el programa de actuación sobre esa masa de agua, que determinará la gestión del acuífero. Y se han concedido ayudas por 16,5 millones de euros para la transición agroecológica y habrá una línea específica para la ganadería. El Marco del Mar Menor sirve de referencia para Doñana y para la intervención en las Tablas de Daimiel, que diseñamos ya con Castilla-La Mancha. En Doñana hay un marco ambiental y otro socioeconómico, que motivó el acuerdo con la Junta de Andalucía y que va a permitir la intervención de otros ministerios, como los de Migraciones y Vivienda, en problemas como los asentamientos ilegales, la regularización de temporeros... En el Campo de Cartagena queremos conseguir esa actuación integral.

–¿Ve factible aplicar ese modelo de cofinanciación?

–Va a depender mucho de la Comunidad. El Ministerio ha presupuestado ya 484 millones, pero esto no es tarea de uno solo. El Ministerio incentiva y está abierto a la colaboración. Pero el Gobierno regional debe dar muestras de su voluntad de invertir de forma complementaria y con proyectos concretos. En Doñana se van a invertir, en total, 700 millones.

–En su propuesta de reforma de la ley del Mar Menor, presentada en la Asamblea Regional, Vox menciona una reunión con la Oficina Técnica del Mar Menor. ¿Existió esa reunión?

–Hubo una reunión en la Oficina con el director general de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma [Juan Tomás Bernal], quien estuvo acompañado por técnicos. Pero no se habló de la ley del Mar Menor ni de su modificación, sino de qué estamos haciendo para cumplir con el Marco de Actuaciones Prioritarias y cómo coordinarnos. Nunca se ha hablado en esta oficina de la modificación de la ley. Vox no puede decir eso. Además, nunca se ha mantenido ninguna reunión con ningún representante de ningún partido político: ni de PSOE, ni de PP, ni de Podemos. Todas han sido a nivel institucional y con entidades ciudadanas.

–Vox quiere reducir o suprimir limitaciones agrícolas y ganaderas. Dice que la degradación de la laguna se debe al vertido de aguas residuales, pese a los informes científicos. ¿Cómo lo ve?

–El Mar Menor no está en condiciones de decir: 'Hemos resuelto el problema'. En absoluto. Cualquier intención de desproteger o flexibilizar los controles de las administraciones públicas no me parece adecuada. La situación de la laguna es engañosa. La apariencia es de mejoría, gracias a distintos parámetros. Pero hay variables con las que hay que tener mucho cuidado, como el aumento de temperatura y del pH. No podemos bajar la guardia.