La justicia francesa ha acabado condenando a la empresa murciana de trabajo temporal Terra Fecundis por un supuesto fraude millonario. En una sentencia, dada a conocer este jueves, un tribunal de la ciudad gala de Marsella condena a cuatro años de prisión y a una multa de 100.000 euros a los tres directivos de la firma que se sentaron en el banquillo. Impone, además, una inhabilitación de la sociedad en el país galo -que quedará suspendida hasta que haya sentencia firme- y una sanción de 500.000 euros.
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Las penas, aunque contundentes, se encuentran bastante alejadas de las peticiones iniciales de la Fiscalía francesa, que pretendía la disolución de la sociedad y sancionarla con 115 millones de euros incluidos los recargos por desplazar de forma irregular a este país a miles de trabajadores y de haber defraudado millones en cotizaciones sociales. Para los socios fundadores pedía una pena de 21 años de prisión.
Esta ETT, afincada en Murcia, lleva años desplazando a miles de trabajadores -principalmente ecuatorianos- a la vendimia francesa. La justicia gala considera que Terra Fecundis debió registrarse en el país vecino y cumplir con la legislación laboral que este marca. La compañía hace hincapié en que durante estos años todas las cotizaciones sociales de sus trabajadores se abonaron en España y que la justicia francesa no ha tenido en cuenta esa realidad.
En su sentencia, a la que ha tenido acceso LA VERDAD, el tribunal explica que «el desarrollo de esta actividad, que se ha vuelto permanente por ser parte de un modelo de negocio más eficiente, atrajo rápidamente la atención de los poderes públicos». Los primeros contactos de la justicia con la ETT murciana, apunta, se dieron en 2004.
Ante este cuestionamiento, afirma la justicia gala, la empresa murciana «no ha dejado de asegurar una opinión de las autoridades nacionales españolas sobre las normas de derecho en otro Estado soberano de la Unión». Un argumento, sin embargo, que no ha logrado convencer a los jueces de Marsella.
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«Si la interpretación de las autoridades españolas podía inducir a error a los acusados en cuanto a sus derechos en Francia, su rechazo a cualquier desarrollo a pesar de las posiciones de las administraciones locales no permitía invocar un error de derecho». Por el contrario, incide la resolución, «el deseo manifiesto de ocultar en la medida de lo posible el alcance de su actividad en Francia da fe de su perfecta comprensión del carácter reprensible de sus prácticas».
«El resultado era de esperar y pensamos recurrir», avanzan
La empresa ya ha avanzado, en un comunicado, su decisión de recurrir la resolución. «No podía ser de otra manera. Tras 10 años de investigación y los millones de euros gastados por Francia en esta investigación, después de la intimidación ejercida sobre nuestros empleados y sobre los agricultores franceses para no usar nuestros servicios y conociendo las campañas de desinformación masiva realizadas en su país para justificarse, el resultado de este juicio era de esperar», recalcó la compañía.
El abogado Sergio Marco, que representa a uno de los directivos procesados, explicó que «estamos parcialmente satisfechos porque evitamos la prisión de nuestro cliente (al quedar suspendida la pena) y la responsabilidad civil». Aunque la sentencia reduce sustancialmente la acusación inicial, precisó, «vamos a recurrir porque la sentencia infringe la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y desprecia a la administración de la Seguridad Social española».
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