Los arquitectos abogan por la revisión de los edificios de la Región de Murcia para mantener su seguridad

La preocupación desatada por el incendio que arrasó el jueves un edificio de viviendas en Valencia, donde murieron al menos nueve personas, llevó ayer al Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia a enviar un mensaje de «tranquilidad» sobre la seguridad de las edificaciones residenciales y de otro tipo, tanto privadas como públicas. La decana de esta entidad, María José Peñalver, aseguró que «los edificios cumplen el Código Técnico de la Edificación, que es muy exigente en cuanto al uso de materiales y los controles en la ejecución y la supervisión de las obras». No obstante, abogó por aumentar la «concienciación de la sociedad y de las administraciones públicas sobre la importancia de incrementar las revisiones periódicas voluntarias del estado de los edificios y de su mantenimiento, una labor preventiva en la que es fundamental el papel de los arquitectos».

A preguntas de LA VERDAD, Peñalver recordó que la normativa establece una evaluación obligatoria de los edificios de más de cincuenta años, pero insistió en la importancia de que las comunidades de propietarios impulsen la inspección voluntaria de los inmuebles «para estar seguros» de que cumplen con las condiciones que marca la ley. Citó aspectos como la protección frente a incendios, la accesibilidad y la evacuación. Y señaló que el Colegio lleva «mucho tiempo comunicando la importancia de la conservación de los edificios» por parte de sus dueños, ya sean particulares, empresas o poderes públicos. Eso abarca bloques de viviendas, oficinas e inmuebles de la Administración, entre otros.

Respecto a la polémica sobre el uso del poliuretano como producto de revestimiento, antes de que se conociera que ese material no explicaría la rapidez del fuego de Valencia sino que la causa podría ser una resina, la decana insistió: «El poliuretano no está prohibido y se usa en muchísimas partes de una edificación, bajo determinadas condiciones». Se refirió a la obligación de cumplir requisitos como la sectorización de los inmuebles, separaciones que frenen la propagación de las llamas.

En el plano político, las hipótesis sobre las causas de la tragedia llevaron ayer por la mañana a Podemos a exigir a la Consejería de Fomento e Infraestructuras la elaboración de «un censo de todas las viviendas y edificios públicos en los que podría haberse utilizado revestimiento de poliuretano y placas de aluminio» en la Región de Murcia.

El diputado Víctor Egío afirmó que, «según la investigación policial, este material podría haber sido el causante de la velocidad con que se propagaron las llamas». «Muchas personas nos preguntamos hoy si los edificios en los que vivimos son seguros». Y aludió al incendio en dos discotecas de Murcia que causó trece fallecidos en octubre: «Si algo hemos aprendido de la tragedia de Atalayas es que la prevención salva vidas y el momento de actuar es ahora».

Poco después, a preguntas de los periodistas, el vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, de Vox, recogió el guante y afirmó que la Consejería de Fomento, que dirige su compañero de partido José Manuel Pancorbo, estudiaría la realización del listado.

«Evidentemente, haremos el esfuerzo necesario y, por supuesto, haciendo lo que tengamos que hacer», afirmó Antelo. Y añadió, refiriéndose a la necesidad de verificar el estado de los edificios y los posibles riesgos, en particular el de incendio: «La seguridad es prioritaria». Fomento, dijo Antelo, ha «puesto el dinero en la calle para que se rehabiliten edificios, porque algunos de ellos no están en buenas condiciones. Ha sacado 17 millones adelante», cuando antes «solo se habían sacado 5 millones», señaló sobre la etapa del consejero José Ramón Díez de Revenga, del PP.

Ante la constatación de que realizar un censo de viviendas con el exterior de poliuretano y aluminio exigiría revisar gran cantidad de bloques y en respuesta a las consultas de LA VERDAD sobre el alcance de esta medida, Fomento tuvo que aclarar que confeccionar ese listado no entra en sus planes: «No es competencia del Gobierno visar ni inspeccionar ningún proyecto privado», aseguraron.

Fuentes de la Consejería aseguraron que esta no tiene entre sus competencias la inspección de los inmuebles, a excepción de los promovidos por la Comunidad Autónoma, ya que «es el Colegio de Arquitectos quien tiene que visar el proyecto y el ayuntamiento» de cada municipio el que «da los permisos y licencias para construir». Los consistorios también otorgan la licencia de primera ocupación tras comprobar que las obras se ajustan al proyecto de edificación aprobado y a la normativa.

«La Comunidad Autónoma solo es competente en las edificaciones que promueve la propia Comunidad» y «la última obra pública se edificó en 2016 y se entregó en 2017 en Ojós, por lo tanto se aplicó el CTE», expusieron. Y comentaron que, en todo caso, el control de los edificios autonómicos corresponde a la Dirección General de Patrimonio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa, y a las consejería de Sanidad y Educación, en función de si son, por ejemplo, de uso administrativo, colegios u hospitales. El PP gestiona esas tres consejerías, a través de Luis Alberto Marín, Juan José Pedreño y Víctor Navarro, respectivamente.

Fuentes del Ejecutivo añadieron que, según expusieron los técnicos de Fomento a los equipos de Antelo y Pancorbo, hacer el censo «es inviable, porque exigiría destinar una enorme cantidad de recursos humanos y materiales para inspeccionar miles de edificios en todos los municipios».

Pasadas las tres de la tarde, la posible campaña de supervisión regional, al menos en lo relacionado con los productos mencionados, quedó aún más en entredicho. Ocurrió al trascender que las primeras investigaciones sobre el fuego en Valencia confirmaron que el aislamiento empleado en las fachadas estaban compuesto por lana de roca y no por poliuretano.

Así lo aseguró la ingeniera Esther Puchades, quien realizó un informe pericial de la finca por pequeños siniestros anteriores. Confirmaron este dato fuentes del sector de la agricultura y la Asociación de Instaladores de Aislamiento, que hizo referencia al Libro del Edificio. Además, los expertos apuntaron a que la velocidad del fuego podría deberse a un material termoplástico, como una resina aplicada en las placas de aluminio para adherirlas a la fachada.

Fomento recordó que «el Código Técnico de Edificación (CTE) -de 2006- no prohíbe ningún material, califica los materiales en función de su reacción al fuego y delimita el uso del poliuretano a determinados materiales que no suponen un peligro», explicaron. Afirmaron que «en la Región se aplican esta normativa desde que entró en vigor», y la Ley de Ordenación de la Edificación. «Los proyectos son visados en los colegios profesionales correspondientes, que certifican que se ha cumplido el CTE. A partir de ahí, empieza la construcción y es el director de obra quien emite las certificaciones». Después, concluyeron, interviene cada ayuntamiento.

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