La Fiscalía pide penas de hasta 8 años y 8 meses de cárcel a los dueños de una residencia ilegal en Murcia

El fiscal considera que ambos incurrieron en un presunto delito continuado de estafa contra algunos de los residentes y en otro de estafa en grado de tentativa hacia otros internos. Además, los considera responsables de un supuesto delito de coacciones. En el caso de Julián Ramón L., le imputa asimismo un presunto delito de tenencia ilícita de armas después de que la Policía hallase en las instalaciones una pistola, un revólver, dos defensas eléctricas y medio centenar de cartuchos cuya comercialización está prohibida en el país. Reclama, por tanto, que se le impongan a Manuela E. G. penas que suman seis años y ocho meses de cárcel y a su marido hasta ocho años y ocho meses de cárcel. Solicita, además, que indemnicen a algunos de los perjudicados en cantidades que suman más de 110.000 euros.

En su escrito de conclusiones provisionales la Fiscalía explica que este matrimonio constituyó en 2015 la asociación ILE como un «club social para el fomento de la convivencia y la amistad». A partir de ahí, la pareja, sin contar con autorización alguna, empezó a anunciar y ofertar por internet y en vallas la prestación de servicios asistenciales para personas de la tercera edad o enfermas en el local que tenían en el centro de Murcia, en la calle San Antonio.

El Ministerio Público destaca que los afectados, «junto a sus familiares más cercanos y ante la imposibilidad de estos de prestar por sí mismos las atenciones que aquellas precisaban, sucumbieron a la tentadora y fraudulenta publicidad y ofrecimientos que los acusados realizaban». Las víctimas, remarca el organismo, «sucumbieron a las torticeras maniobras de los acusados firmando los documentos que estos les presentaron» y entregando las cantidades que les reclamaban.

La Fiscalía sostiene, además, que el matrimonio acompañó a una de las internas, afectada de alzhéimer, a varias notarías en las que modificó su testamento, otorgó un poder a Manuela E. y nombró a los procesados sus tutores en el caso de que perdiera sus facultades mentales. Además, presuntamente acompañaron a la anciana a varias oficinas bancarias para que sacara 55.000 euros y cancelara un fondo de inversión por importe de otros 40.000 euros del que era titular.

El letrado Evaristo Llanos, que ejerce la acusación particular en representación de la familia de la principal afectada, considera que Julián Ramón L. incurrió, además de en los que señala el fiscal, en un delito de usurpación. Reclama penas que suman diez años y nueve meses en el caso de Manuela E.G. y doce años y dos meses en el caso de su marido.