La fiscal de 'Púnica' pide dos años de prisión al expresidente Sánchez y dos y medio a Ruiz

Los encausados en la pieza separada de la presunta trama murciana del 'caso Púnica', uno de los mayores casos de corrupción de la historia reciente en España, ya saben a lo que se enfrentan. Las fiscales que desde el año 2014 vienen impulsando estas diligencias, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez Díez, han dado a conocer su esperado escrito de calificación provisional, en el que piden condenas que suman más de 57 años de prisión para los quince acusados a quienes pretenden conducir a juicio.

Entre estos imputados destacan los nombres de Pedro Antonio Sánchez, quien fue presidente del Gobierno murciano y consejero de Educación, y Juan Carlos Ruiz, exconsejero de Industria y Turismo, en su día rivales políticos en la carrera sucesoria de Ramón Luis Valcárcel y hoy unidos por una misma causa de presunta corrupción. Para el primero, el Ministerio Público reclama dos años de prisión por presunto fraude, mientras que a Ruiz le pide dos años y medio por ese mismo delito.

Junto a los dos ex altos cargos del Gobierno regional se encuentran también acusados un grupo de antiguos responsables de la Consejería de Industria y Turismo, como son el exjefe de gabinete de Juan Carlos Ruiz, Fidel Saura Guerrero; la exdirectora del Instituto de Fomento (Info), María Reyes Samper Henarejos; la exdirectora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez Robles, y su secretario general, Jesús Norberto Galindo. Todos ellos afrontan peticiones de dos años y medio de prisión por presunto fraude, salvo Galindo, para quien la solicitud se queda en un año y medio.

Las fiscales atribuyen un papel trascendental en esta presunta trama delictiva a quien fue alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, socio y conseguidor de otro de los supuestos cabezas visibles de la 'red Púnica', el informático Alejandro de Pedro Llorca. Los buenos contactos de los que disponía Alonso en la Región, entre los que resaltaba su estrecha amistad con la hoy senadora y exalcaldesa cartagenera por el PP, Pilar Barreiro, le habrían posibilitado el acercamiento a altos cargos murcianos como Ruiz y Sánchez. En el año 2014, estos se disputaban la sucesión de Ramón Luis Valcárcel al frente del PP regional y como cabeza de lista a las elecciones autonómicas.

En esa tesitura, ambos habrían recibido -y aceptado, según la Fiscalía- la propuesta que De Pedro y Alonso les habrían transmitido para realizar trabajos personales de mejora de su imagen en internet, que presuntamente iban a ser sufragados con cargo a las arcas públicas.

De esta forma, el lavado de la reputación de Ruiz se iba a financiar supuestamente por parte de Turismo, mediante un contrato con el nombre ficticio de 'Plan de Comunicación Digital del Instituto', por importe de 20.040 euros, y a través del Info, camuflando los pagos bajo la denominación 'Nuevo Plan de Comunicación e Imagen del Instituto de Fomento', que importaba 50.000 euros.

Aunque lo referente a los presuntos trabajos de imagen a Pilar Barreiro se lleva en el Tribunal Supremo, debido a los privilegios de los que disfruta como senadora, las fiscales consideran que también la entonces alcaldesa contrató los servicios de De Pedro y Alonso. En una primera fase se habrían camuflado como publicidad de las fiestas de la ciudad, mientras que en una segunda se habría decidido incluirlos en la misma partida a la que se iban a cargar los trabajos de reputación de Pedro Antonio Sánchez, en ese momento consejero de Educación. Esta vez, según la acusación pública, los pagos se iban a efectuar con cargo a unos fondos de formación de ese departamento, aunque el desarrollo de la operación policial en octubre de 2014 habría impedido que el plan se materializara.

Dos personas de confianza de Barreiro, Francisco Ferreño y Mar Conesa, son quienes se han llevado la peor parte de la acusación pública, al haberse consumado presuntamente en el Ayuntamiento cartagenero los delitos de fraude y malversación, entre otros, por lo que la petición de penas se eleva hasta 12 años.

La Fiscalía considera que la presunta trama en la Región habría incurrido en cuatro delitos de fraude, dos de prevaricación, dos de malversación de caudales públicos y dos de falsedad documental, por los que reclama la apertura de juicio.

Juez: Manuel García Castellón del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de Madrid. Investigación: Guardia Civil.

Acusado de un presunto delito de fraude. Las fiscales solicitan una condena de dos años de cárcel.

Acusado de presuntos delitos de fraude, malversación de caudales, falsedad documental y prevaricación. Le piden seis años y medio de cárcel.

Acusado de presuntos fraude y prevaricación. Le piden una condena de dos años y medio de cárcel.

Las fiscales dan por hecho que también contrató los trabajos de reputación que le ofrecieron Alonso y De Pedro, pero su caso se está viendo en el Supremo por disfrutar de fuero.

Acusada de un presunto delito de fraude. Le piden una condena de dos años y medio de cárcel.

Acusado de presuntos delitos de fraude y prevaricación. Le piden una condena de dos años y medio de cárcel.

Acusado de un presunto delito de fraude como cooperador necesario. Las fiscales piden que se le condene a un año y medio de cárcel.

Acusado de delitos continuados de fraude, malversación y falsedad documental. Las fiscales reclaman una condena de doce años de cárcel.

Acusada de delitos continuados de fraude, malversación y falsedad documental. Las fiscales le piden doce años de cárcel.

Acusada de presuntos fraude y prevaricación. Le piden una condena de dos años y medio de cárcel.

Acusado de presuntos delitos de fraude, malversación de caudales, falsedad documental y prevaricación. Le piden seis años y medio de cárcel.

Estuvo encausado en su momento, pero las fiscales no han visto razones para mantener los cargos contra su persona. Exculpado.

Acusado de fraude, malversación de caudales, falsedad documental y prevaricación. Le piden seis años y tres meses de cárcel.

Acusado de presuntos delitos de fraude y prevaricación. Le piden un año y medio de cárcel.

Estuvo investigado, pero las fiscales no mantienen los cargos. Exculpado.

Exculpada

Estuvo investigada en su día, pero las fiscales no han mantenido los cargos contra su persona. Exculpada.

Estuvo investigado en su día, pero las fiscales no han mantenido los cargos contra su persona. Exculpado.

Acusada de presuntos delitos de fraude, malversación de caudales y falsedad documental. Le piden seis años y dos meses de cárcel.

Acusada de presuntos delitos de fraude, malversación de caudales y falsedad documental. Le piden seis años de cárcel.

Estuvo investigada en su día, pero los cargos se han sobreseído por parte del juzgado. Exculpada.

Acusado de presuntos delitos de fraude, malversación de caudales y falsedad documental. Le piden seis años de cárcel.