La fiscal del juicio contra García Madrid afirma que las autoridades deben corregir malas prácticas

La fiscal del juicio contra el exalcalde popular de Torre Pacheco Daniel García Madrid y otras siete personas por la adjudicación de contratos a dedo sostuvo en su informe que las autoridades no están solo para inaugurar edificios, sino también para corregir malas prácticas y hacer que se cumpla la legalidad.

En esta segunda y última sesión de la vista oral, celebrada en la Audiencia Provincial de Murcia, la Fiscalía modificó parcialmente sus conclusiones provisionales. El Ministerio Público reiteró su solicitud de 10 años de inhabilitación para García Madrid y el exconcejal de Urbanismo Santiago Meroño, también acusado, pero rebajó a 6 la petición para el exinterventor municipal Miguel Pérez y dejó entre cinco y seis las de los arquitectos al considerarlos no autores del delito de prevaricación, sino cómplices del mismo.

Además, la fiscal mantuvo que tanto el alcalde como el concejal acudieron a la vía de los contratos menores para encargar proyectos técnicos a los arquitectos para obras de centros docentes, de abastecimiento y otras porque esa modalidad contractual no tiene las exigencias legales de otras. Según sus palabras, García Madrid tenía interés «especial» por «dar preferencia» a algunos arquitectos frente a otros y antes de regidor había sido abogado y edil de Hacienda, con lo que conocía el sistema de contratación que se lleva a cabo en un ayuntamiento.

La representante del Ministerio Público defendió que el exalcalde sabía que la fórmula para contratar fue «absolutamente ilegal» y que los «contratos verbales» impidieron que otros arquitectos locales pudieran competir por esos proyectos obras.

El abogado de García Madrid, José Pardo Geijo, reiteró que el presunto delito de prevaricación estaba prescrito, ya que los encargos a los arquitectos fueron hechos entre 2004 y 2007. También señaló que su defendido no cometió ningún delito, para añadir que «ha sido víctima de una persecución por motivos políticos». Esta segunda sesión de la vista oral dio comienzo con la intervención del único acusado que no pudo declarar en la jornada del miércoles, el arquitecto Martín Lejarraga, quien negó cometido algún delito.