La familia de Sara Gómez aborda con el ministro de Sanidad la regulación de la cirugía estética

La familia de Sara Gómez, la joven de Alcantarilla que murió en 2021 tras una lipoescultura plagada de presuntas negligencias, se reunió este jueves en Murcia con el ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, para conocer los trabajos encaminados a la aprobación de la denominada 'ley Sara'. La familia reclama cambios para evitar que pueda volverse a producir una situación como la que derivó en el fallecimiento de Sara. La joven fue operada por un cirujano no especialista en Cirugía Plástica y Reparadora, que se publicitaba además con una formación que ahora está bajo investigación judicial.

El Congreso de los Diputados aprobó hace ahora un año una proposición no de ley del Grupo Socialista que planteaba varios cambios. Según explica la familia, el ministro detalló este jueves que se está trabajando en un registro sanitario de centros sanitarios y de especialistas, de todas las comunidades. «Será una base de datos pública, accesible y muy completa», señaló Rubén Gómez, hermano de Sara. El objetivo es que cualquier paciente pueda consultar cuál es la formación del profesional que va a intervenirles.

Además, se plantea la modificación de un Real Decreto de 2003 «para limitar» el perfil de los profesionales que pueden realizar estas operaciones. En estos momentos, no es imprescindible ser especialista en Cirugía Plástica por la vía MIR, como ha recordado en reiteradas ocasiones el Colegio de Médicos. El Ministerio busca «un consenso» con las distintas especialidades, explicó Rubén Gómez. «Se puede entender que un oftalmólogo realice una blefaroplastia, o un maxilofacial o un otorrino una rinoplastia, pero no que un podólogo realice una lipoescultura», advirtió Gómez.

Para la familia de Sara Gómez, la reunión fue «fructífera y provechosa», y del encuentro salió «el compromiso personal del Ministerio y del Presidente del Gobierno para seguir avanzando». José Manuel Miñones visitó este jueves el Hospital Reina Sofía de Murcia, donde anunció un plan para reducir la huella de carbono sanitario.

Paralelamente a la reivindicación de un cambio en la ley, la familia de Sara Gómez sigue reclamando responsabilidades administrativas y judiciales. En este sentido, los familiares han presentado sendos escritos ante la Gerencia del Servicio Murciano de Salud (SMS) y de la Dirección General de Recursos Humanos de este organismo en los que se solicita que se aplique la suspensión de nueve meses que el SMS ha impuesto al anestesista que atendió a Sara durante la lipoescultura y se le impida seguir realizando actividad privada. Salud entiende que el profesional incurrió en «falta grave» al realizar actividad privada sin haber solicitado expresamente la compatibilidad tras su designación como jefe de sección de Anestesia. El sanitario sí pidió en su momento esta compatibilidad, cuando era médico adjunto, pero no volvió a realizar el trámite tras acceder a la jefatura. La sanción no es firme, ya que está pendiente de recurso de alzada ante el consejero de Salud.

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