El exjefe jurídico de Fomento acepta cuatro años y un mes de cárcel por amañar contratos

Este funcionario de la Comunidad, apartado en su día de Fomento y ahora técnico responsable en la Dirección General de Función Pública y Diálogo Social, en la Consejería de Economía, asumió hace unas semanas el amaño de informes y licencias del que lo acusaba la Fiscalía y por el que reclamaba penas que sumaban hasta 27 años de prisión. Finalmente, tras alcanzar un pacto con el Ministerio Público, que ha implicado el pago de una responsabilidad civil, ha logrado rebajar su pena a cuatro años y un mes de prisión.

Pérez Almansa –que está siendo defendido por el abogado José María Caballero– incidió, antes de su reconocimiento de hechos, en la situación en la que le colocó este procedimiento judicial y su repercusión mediática. «Me he sentido totalmente en situación de escarnio», recalcó. Incidió en su intención de dedicarse a la crianza de sus hijos y subrayó el fallecimiento de su madre, producido mientras se cursaba este caso. «Quiero terminar con esto como pueda y seguir con el juicio podría llevarme a una pena muy superior», reflexionó.

El pacto que el exjefe jurídico de Fomento ha cerrado con las acusaciones también implica su inhabilitación especial para empleo o cargo público durante unos años. Pérez Almansa explicó, no obstante, que tiene previsto iniciar un procedimiento para pedir un indulto y pretende que su cese como funcionario no se haga efectivo hasta que se decida si debe beneficiarse o no de esa medida de gracia.

A este mismo pacto se sumó otro acusado, L. M. M., a quien la Fiscalía señala como «intermediario» y que afrontaba hasta trece años de cárcel. Este procesado no satisfizo la responsabilidad civil que el Ministerio Público le reclamaba y, por lo tanto, el acuerdo, en su caso, no contempla la atenuante de reparación del daño. Este acusado se conformó con una pena de cinco años, tres meses y un día de cárcel. En ambos casos, las elevadas penas obligarían, en principio, a su cumplimiento en prisión.