El exdirector jurídico de la Comunidad: «La liquidación del aeropuerto no es fallida porque aún se puede ejercer la acción»

El exdirector de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, Joaquín Rocamora, advirtió ante la comisión investigación sobre la liquidación por daños y perjuicios en la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia que el expediente de liquidación del del contrato de concesión de esta infraestructura lo realizaron «en su integridad» los servicios de la Consejería de Fomento. Aseguró que la dirección de los servicios jurídicos tiene entre sus labores el asesoramiento legal, pero «en ningún momento durante la tramitación del expediente administrativo dio lugar a eso, por lo que el papel de la dirección de los servicios jurídicos fue posterior», a lo que fue ya la defensa procesal tras el recurso de la concesionaria.

Rocamora apuntó que el procedimiento judicial «fue largo y estuvo en proceso desde 2022». Además, derivó, por orden de la magistrada encargada, en una «mediación intrajudicial dentro del Tribunal Superior de Justicia. Cuando dejé mi puesto seguía el procedimiento judicial en fase de mediación intrajudicial».

También destacó que la concesionaria llegó a presentar también una treintena de recursos, en los que siempre se dio la razón en todos a la Comunidad. «Lo recurrían absolutamente todo», según el exdirector de los servicios jurídicos. En este sentido no cree que pueda hablarse de «liquidación fallida» por la duración que está teniendo hasta ahora el proceso, ya que se trata de un trámite que implica importantes cantidades económicas. Lo ha atribuido a «estrategias procesales que interrumpen el plazo de prescripción», explicó Rocamora en la Asamblea, donde negó que haya recibido presiones políticas en el ejercicio de su cargo.

Por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Alfonso Martínez recordó que la comisión de investigación no es solo para ver la «liquidación fallida» del aeropuerto, sino para determinar el coste de este y por eso añadió que «ya sabemos que el aeropuerto nos va a costar un mínimo de 336 millones de euros». El socialista recordó que según el ex presidente Ramón Luis Valcárcel «no nos iba a costar nada». Para dar con esta cifra, Martínez Baños se basa en el expediente de la nueva liquidación impulsado por la Comunidad en noviembre de 2024, donde se exige a la concesionaria 212 millones de euros, y la parte restante aún por pagar del aval autonómico, 178 (de la suma total, el PSOE ha excluido las estimaciones del Gobierno regional por lucro cesante).

Desde VoX, Ignacio Arcas consideró que la Comunidad «se lanzó a un proyecto optimista, que ha resultado ser una ruina». El parlamentario subrayó que durante el proyecto del aeropuerto «hubo muchísimos cambios», como la finalización de las obras debido a los problemas de financiación.

El diputado de Podemos Víctor Egío sostuvo por su parte que no se debería haber convocado a Rocamora a la comisión de investigación. Según dijo, quienes deberían comparecer ante la comisión son los expresidentes Ramón Luis Valcárcel, Alberto Garre, Pedro Antonio Sánchez y el presidente Fernando López Miras, así como los consejeros de Fomento que tomaron las decisiones pertinentes del aeropuerto. Sin embargo, denunció que «PP y Vox lo han impedido».

Finalmente, el diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco señaló que «se ha puesto de manifiesto es que es un proyecto que salió a licitación, se adjudicó con todas las garantías, la concesionaria adquirió unos compromisos que incumplió en un momento concreto». El parlamentario ha advertido que es a partir del incumplimiento de la concesionaria cuando «la Administración tiene que intervenir». Para los populares, «es un error afirmar que haya habido una liquidación fallida y un perjuicio para las arcas regionales».

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