El exconsejero Juan Carlos Ruiz alega indefensión en su procesamiento en 'Púnica'

El exconsejero de Industria y Turismo del Gobierno de la Región de Murcia Juan Carlos Ruiz ha alegado al recurrir el auto del juzgado de instrucción número Seis de la Audiencia Nacional que acuerda su procesamiento en el 'caso Púnica', por la presunta contratación ilegal de una campaña reputacional, que el mismo le produce indefensión, por lo que ha pedido su nulidad.

En el recurso presentado este martes por su letrado, el abogado murciano Raúl Pardo-Geijo, se indica que la resolución judicial carece de un relato de hechos punibles atribuibles a Ruiz. El escrito, que va acompañado de numerosa jurisprudencia, añade que los delitos recogidos en el mismo son atribuidos a todos los investigados, sin distinción, cuando la legislación exige que los mismos han de ser individualizados, para no cercenar el derecho de defensa y el principio de igualdad de armas.

Afirma el recurrente que el juez de instrucción de la Audiencia Nacional, al acordar la continuación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado, lo hace sin concretar hecho punible alguno contra el exconsejero. Y añade que aun admitiendo, a efectos dialécticos, que sí exista esa concreción, la misma no estaría apoyada en diligencia probatoria alguna.

Afirma también el recurso que no existe indicio alguno de que Ruiz se hubiera concertado con el otro investigado, Alejandro de Pedro, representante de la empresa que presuntamente se encargaría de la campaña de mejora de imagen.

La defensa del que fuera miembro del Gobierno regional considera que el auto contra el que se recurre en reforma, con petición de nulidad de actuaciones, y, subsidiariamente, en apelación, que el auto vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, lo que ocasiona indefensión.

La resolución del juez de instrucción exoneró de responsabilidad a otros investigados, mientras que, por el contrario, procesó a Ruiz y a otras personas que supuestamente habrían tenido participación en la contratación de servicios de reputación personal.