El exconsejero de Fomento no cumplió la ley que le obligaba a declarar su actividad

Pancorbo dejó su cargo el pasado 16 de julio, tras la decisión de la formación de Santiago Abascal de abandonar los gobiernos de coalición con el PP, entre ellos el presidido por el popular Fernando López Miras. Y ayer, el exconsejero aún no había entregado el escrito exigido por la legislación autonómica, según confirmó el propio afectado a LA VERDAD. Sin embargo, tras la publicación del periódico, este miércoles Pancorbo comunicó que acababa de presentar la declaración de bienes e intereses a través de la sede electrónica de la Comunidad Autónoma. Esta situación contrastaba con la de altos cargos de la pasada legislatura, como el exconsejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, del PP; y la exvicepresidenta Isabel Franco y la exconsejera de Empresa Valle Miguélez, que entraron en el Ejecutivo por Ciudadanos y acabaron como tránsfugas.

Tras su paso por el Gobierno regional, en el que estuvo apenas diez meses –entró el 15 de septiembre de 2023–, Pancorbo regresó a su anterior actividad como ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Entre julio y septiembre ejerció como «profesional independiente», y desde ese último mes trabaja como responsable de la Delegación de Levante en Grusamar, Ingeniería y Consulting SL, según ha publicado en la red social LinkedIN, donde también da cuenta de que fue consejero. Ha regresado, así, a su anterior empresa, de consultoría e ingeniería civil. Ocupó el mismo puesto de enero de 2020 a julio de 2024 (lo que incluye su periodo en la Comunidad, adonde llegó por excedencia forzosa). Antes, fue ingeniero de Grupo Elsamex, matriz de Grusamar.

Pancorbo justificó así por qué no hizo hasta hoy la segunda declaración: «Cuando tomé posesión, la Dirección General de Transparencia se puso en contacto conmigo para pedirme la declaración de bienes e intereses, que presenté en tiempo y forma. Me enviaron un documento y me indicaron a qué persona se lo tenía que remitir, y así lo hice. A día de hoy, esta Dirección General no ha contactado conmigo, entiendo que debido a que [sus responsables] tomaron posesión hace relativamente poco tiempo. Por supuesto, en cuanto me requieran esta información se la facilitaré, porque no tengo nada que ocultar». Añadió que «con los cambios que hubo, la directora general de Transparencia dimitió y en el momento en que la nueva directora o director me lo pida, lo cumplimentaré. Como se comprenderá, ni tengo formato, ni tengo modelo ni sé a quién hay que remitírselo. No voy a ir dando vueltas por las consejerías. Yo entiendo que es obligación de la Dirección General reclamármelo y mi obligación es responderles». Sin embargo, la ley atribuye al afectado la obligación de hacer la declaración, sin que tenga que solicitárselo la Comunidad. «Las personas a que se refiere esta Ley formularán» las declaraciones, señala la norma.

La custodia de las declaraciones de consejeros corresponde al Consejo de Gobierno, a través de un registro, y la de los diputados a la Asamblea Regional. La ley determina que «en ambos casos» los documentos «serán públicos y sujetos a control parlamentario».

La Ley recoge en su artículo 11 que «para el cumplimiento del deber de objetividad y de respeto al principio de igualdad, el alto cargo tiene la obligación de abstenerse de intervenir durante dos años, a partir de la terminación de su mandato, en todos aquellos asuntos en los que hubiera intervenido, o de los que hubiesen tenido conocimiento, por razón de su cargo político». La Ley también regula la declaración de posibles incompatibilidades. Grusamar es adjudicataria de contratos de varias administraciones públicas. En 2022, la Consejería de Fomento le encargó redactar el proyecto de construcción de la autovía RM-1 entre la RM-330 y Santomera. Y Pancorbo, experto en ingeniería hidrológica e hidráulica, gestionó políticamente lo relativo a esta infraestructura. Sobre su empleo actual, manifestó: «He vuelto a la misma empresa, al mismo puesto y con el mismo sueldo. Yo soy un asalariado, no tengo poderes ni representación legal».