El exconcejal de Urbanismo advirtió a Cámara de que «veía cosas raras» en Nueva Condomina

El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Ginés Navarro, declaró en la mañana de este miércoles en el juicio por el 'caso Nueva Condomina' que quien era alcalde, Miguel Ángel Cámara, lo mantuvo en todo momento al margen del proyecto; incluso señaló haberse enterado de que se había firmado un protocolo marco entre Cámara y Samper al cabo de varios meses a través de la prensa y cuando ya se habían comprado los terrenos donde se levantaría el proyecto deportivo y residencial.

«Le dije a Miguel Ángel Cámara que no me gustaba como se estaba llevando ese asunto, que veía cosas raras y que quería hablarlo con él. Y jamás me contestó». Navarro aseguró que en todo momento fue mantenido al margen de las negociaciones con Samper a quien dijo haber visto solo tres veces su vida, y que él también prefirió abstenerse de participar en ese proyecto. Igualmente manifestó que la llamada 'alternativa B', que se creo a propósito para el proyecto que promovía Samper y que le otorgaba una gran edificabilidad a cambio de donar el estadio a la ciudad fue una imposición de la alcaldía. Y se mostró convencido de que sin esa 'alternativa B' Samper no habría podido llevar adelante su proyecto «porque no le habrían salido los números».

Ha revelado que a pesar de ser ambos profesores de la facultad de Química de la Universidad de Murcia no mantiene relación alguna con Cámara desde que ocurrió todo esto.

Ha indicado que conoció el protocolo suscrito por Cámara y el promotor urbanístico y dueño del club Real Murcia Jesús Samper, ya fallecido, mucho después de que este hubiese sido firmado y cuando los terrenos sobre los que se iba a ejecutar el proyecto ya habían sido comprados por el empresario.

Ha manifestado que siempre fue partidario de que en lugar de concertar la construcción del nuevo estadio con ese promotor, el proyecto saliera a pública concurrencia para que todas las empresas pudieran ir a la convocatoria y tener opciones de levantarlo.

Ha explicado que la introducción en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Murcia de la alternativa por la que se aumentaba la edificabilidad de esa zona de Churra y se evitaba la entrega al consistorio del 10 % de los aprovechamientos urbanísticos fue «muy tardía» porque los técnicos municipales le comunicaron que debía hacerse por indicación «de la Glorieta», en referencia a la de España, donde se ubica el consistorio que presidía entonces Cámara.

Al ser preguntado por el origen de esa indicación, ha contestado que pensaba que la orden debía venir de la alcaldía.

Cuestionado sobre por qué voto a favor del convenio urbanístico pese a tener reparos sobre él, ha dicho que lo hizo porque todo lo que iba al pleno municipal iba precedido de los informes correspondientes, incluido el de legalidad, y porque se trataba de un proyecto del equipo de Gobierno del PP, su partido, por lo que actuó así «por coherencia».

También prestó declaración como testigo quien fue concejal de Deportes, Miguel Cascales, quien restó importancia al protocolo suscrito entre Cámara y Samper y al que calificó como una «mera declaración de intenciones».

El hoy diputado autonómico del PP ha recordado que en varias ocasiones acompañó a Cámara a Madrid para entrevistarse con los sucesivos secretarios de Estado de Deportes en busca de la financiación que se precisaba para construir el nuevo estadio que se necesitaba, gestiones que fueron infructuosas.

En esa situación llegó la propuesta de Samper, empresario que compró el Real Murcia, y el protocolo que dio origen al futuro convenio urbanístico era una forma de solucionar el asunto.

Cascales ha precisado que su concejalía se ocupó solo de la parcela deportiva, sin haber tenido participación ni en los temas urbanísticos relacionados con el proyecto ni con la redacción del convenio.

Ha manifestado que el protocolo no estuvo sometido a secretismo, ya que todo fue transparente, hasta el punto de que en alguna ocasión se quejó a Samper de que temas aún incipientes, enseguida trascendieran a la opinión pública, sin guardar la prudencia aconsejada.

También ha declarado como testigo la concejala que sucedió a Navarro en Urbanismo, Pilar Megías, que ha manifestado que el polémico 10 % de aprovechamiento urbanístico que está en el punto de mira de las acusaciones nunca fue objeto de discusión, ya que no hubo discrepancias sobre ese extremo.

Ha indicado que el convenio y el expediente sobre el proyecto siempre estuvo a disposición de todos los grupos municipales.

Otro de los testigos ha sido José Salvador Fuentes Zorita, exportavoz del grupo socialista, que ha dicho que sus concejales votaron a favor del convenio porque respondía a un sentimiento social y político, conseguir un nuevo estadio para el equipo pimentonero, y porque el texto contaba con el respaldo de los técnicos municipales, que contaban con su confianza.

Pero ha añadido que junto a su aprobación dejó constancia de la necesidad de hacer un seguimiento del desarrollo del convenio.

La vista oral continúa mañana con el testimonio de nuevos testigos, entre ellos, Concha Hernández, una de los dos concejales de IU-V que votó contra el convenio apoyado por el PP y el PSOE.

En sus conclusiones provisionales, el fiscal reclama por un delito de prevaricación administrativa diez años de inhabilitación para Cámara, para el exdirector de Urbanismo Pedro Morillas y para el exjefe de Planeamiento municipal Joaquín Peñalver, aunque en la primera sesión de la vista oral adelantó que los hechos atribuidos a este último habrían prescrito.