El Estado cree que la ley regional de Publicidad Institucional choca con la Constitución

El Gobierno frena en seco la ley de Comunicación y Publicidad Institucional que, impulsada por Podemos, aprobó por unanimidad la Asamblea Regional el pasado noviembre para evitar campañas de autobombo de la Comunidad, los ayuntamientos y otras instituciones públicas. Lo hace a cuenta de la prohibición para contratar con medios de comunicación que publican anuncios de prostitución, así como con los que cobran o tienen su sede en algún paraíso fiscal. Ambas cuestiones son contrarias a la legislación básica estatal en materia de contratos, avisan los letrados del Estado.

En una comunicación enviada la semana pasada a la Consejería de Presidencia de la Región de Murcia, la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, alerta de que el Ministerio de Hacienda trasladó a la Comisión de Seguimiento de Actos y Disposiciones de las Comunidades Autónomas «determinadas discrepancias» en la legalidad de los artículos 7.9 y 10 de la ley de Comunicación y Publicidad Institucional de la Región de Murcia.

Para «la búsqueda de la solución adecuada a fin de evitar el recurso de inconstitucionalidad», el Gobierno ha pedido a la Comunidad Autónoma reunir a la comisión bilateral de cooperación entre ambas administraciones. El artículo 7.9 de la ley establece, para la Comunidad, la Asamblea Regional, las dos universidades públicas y los ayuntamientos de la Región, que «queda prohibido el pago en paraísos fiscales y la contratación de empresas que hagan uso de estos». En los ministerios de Hacienda y de Política Territorial consideran que esa limitación «no es válida» dentro del ordenamiento jurídico español, ya que la Ley de Contratos del Sector Público únicamente prohíbe firmar acuerdos con condenados mediante sentencia firme por delitos contra la Hacienda Pública o de la Seguridad Social, o por no estar al corriente de obligaciones con ambas administraciones.

Recuerda el Gobierno que, sin entrar en la «no competencia autonómica» para declarar nuevas prohibiciones en asuntos de contratación pública, la legislación estatal no considera «'per se' un delito» contra la Hacienda Pública tener residencia o ejercer actividades en un paraíso fiscal. «Para poder aplicar esta exclusión, es necesario verificar que existe fraude fiscal mediante la incoación y resolución del correspondiente procedimiento, puesto que no es posible en nuestro ordenamiento la 'presunción de culpabilidad'».

El párrafo segundo del artículo 10 de la norma cuestionada por el Estado dispone que «las administraciones públicas de la Región de Murcia incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley no insertarán espacios de publicidad institucional en aquellos medios de comunicación que contengan anuncios de prostitución, contactos, comercio sexual y/o reproduzcan contenidos vejatorios relacionados con la imagen de las mujeres y, por tanto, atenten contra su dignidad, banalicen o inciten a la violencia contra las mujeres».

Los letrados ministeriales sostienen que esa disposición establece una prohibición de contratar que no viene regulada en el artículo 71 de la ley de Contratos del Sector Público, que es la que establece las limitaciones básicas en dicha materia. Ante la duda de que la Comunidad estuviera estableciendo en su ley de Publicidad una nueva prohibición que no contempla la norma básica, los expertos avisan de que «procede revisar la constitucionalidad de esta previsión legal».

Aunque todas las comunidades han desarrollado leyes de contratación, varias sentencias del Tribunal Constitucional recalcan que la normativa básica recogida en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público tiene por objeto proporcionar garantías de publicidad, libre concurrencia, seguridad jurídica e igualdad. Sobre la ley de Comunicación y Publicidad Institucional, los servicios jurídicos del Ministerio concluyen que las comunidades no pueden establecer nuevas prohibiciones en esa materia.

La norma regional fue aprobada por unanimidad el pasado mes de noviembre. Previamente, los servicios jurídicos de la Asamblea elaboraron un detallado informe de 23 páginas poniendo distintos reparos sobre su redacción y la ausencia de documentación, pero ninguno a los artículos cuestionados por el Gobierno de España.