La Marea de Residencias, al fiscal: «Seguimos esperando la verdad sobre las muertes en Caser en la primera ola de la pandemia»

Hijas, nietas y familiares de fallecidos en la residencia Caser de Santo Ángel durante los meses de marzo y abril de 2020 se concentraron la mañana de este viernes a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Murcia y registraron una carta dirigida al fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, para que les reciba y puedan obtener respuestas. Los firmantes aseguran que presentaron una querella contra el propio residencial y la Consejería de Sanidad que no fue respaldada por la Fiscalía General, por lo que expresan su «más profunda desolación e indignación ante la flagrante injusticia que se materializa con el sobreseimiento».

En la carta cuantifican que 106 ancianos del geriátrico resultaron contagiados y 34 murieron durante la primera hora. «Las familias creemos que de haber sido trasladados a tiempo a un hospital muchos de ellos podrían haberse salvado. Desde hace meses, hemos estado saliendo a la calle para mendigar y suplicar la verdad de lo ocurrido sin obtener respuestas ni de la Justicia ni de la Administración regional», lamentan los querellantes, que siguen esperando que la Fiscalía de Murcia explique por qué no actúa, abriendo por iniciativa propia un proceso de investigación exhaustiva.

Asimismo se preguntan «¿por qué la Fiscalía no propone llevar a cabo una investigación sobre lo ocurido? Las 34 evitables muertes, acontencidas en tremendas condiciones en casi todos los casos, no pueden ser minimizadas por los fiscales y jueces, como creemos que lleva más de un año ocurriendo», sentencian en la carta. Atacan directamente a la «mala gestión de la dirección de dicho centro y la aplicación de protocolos por parte de la Consejería de Salud, como el basado en el 'Indice profund', que impidieron el traslado de los residentes a los no saturados hospitales». Consideran que supuso «la clara omisión del deber de socorro, denegación de auxilio, homicidio imprudente y prevaricación por dar esas órdenes».

Aseguran que han tenido información de que la Comunidad no se gastó el presupuesto establecido en oxígeno ni el de productos farmacéuticos en las residencias, sino que se gastó bastante menos. Según los querellantes, los responsables de la residencia Caser «tampoco procedieron al aislamiento de los residentes afectados ni adoptaron medidas preventivas, tomando incluso la decisión de que los residentes afectados volvieran a las zonas comunes», según consta en una carta de queja de los trabajadores del geriátrico.

«Hay que indicar que el altísimo número de residentes contagiados en Caser sólo puede explicarse por la negligencia y falta de control en la aplicación de los protocolos ya existentes para las residencias en el mes de marzo. Una vez los contagios fueron masivos, los trabajadores del residencial Caser, durante el periodo crítico de marzo y abril, facilitaban información incompleta, contradictoria y falsa sobre el estado de salud de nuestros padres y madres», critican.

Ante estas situaciones, los firmantes lamentan que no han recibido información exhaustiva ni informes médicos que demuestren lo que ocurrió: «Ni los que debía hacer el personal sanitario, ni los que debía haber hecho el personal médico enviado por el SMS una vez fue la residencia intervenida (...) Sólo tenemos muchas mentiras, muchas evidencias del caos existente y los testimonios de trabajadores de la residencia y de médicos del 061, que acudieron a certificar muertes en aquellos días, que dicen que estaban abandonados».

«Sólo tenemos muchas mentiras, muchas evidencias del caos existente y los testimonios de trabajadores de la residencia y de médicos del 061, que acudieron a certificar muertes en aquellos días, que dicen que estaban abandonados», afirman los firmantes. Por todo esto, han decidido recurrir el auto de sobreseimiento «por considerar que vulnera nuestro derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que debe coincidir con la suficiencia de la indagación judicial». Asimismo solicitan una reunión con el fiscal y quedan a su disposición «para cualquier entrevista que quiera tener o para cualquier explicación que quiera darnos».

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