La enseñanza confía en que PSOE y Cs cumplan sus promesas y retomen la presencialidad y eliminen el veto

El inminente cambio de gobierno fue acogido por la comunidad educativa con la esperanza puesta en que PSOE y Cs cumplan ahora sus promesas y retomen la educación presencial (reduciendo ratios y contratando a más profesores) y eliminen de forma definitiva la sombra del veto parental. En la concertada, en cambio, preocupa que la entrada en el Gobierno regional del PSOE haga peligrar las subvenciones a los centros de titularidad privada para las etapas de Bachillerato y FP. En todos los casos, las expectativas están condicionadas a conocer cuál de las dos formaciones, PSOE o Ciudadanos, se hace con la cartera de educación.

Para la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA), el cambio de gobierno «abre la esperanza a que se elimine el veto parental y a que los alumnos puedan volver a clase todos los días. Esperamos que los nuevos interlocutores escuchen a las familias, algo que no ha hecho el PP», destacó la presidenta, Francisca López. En Anpe confían en la «sensibilidad sindical» del nuevo gobierno, y esperan que el PSOE cumpla con las expectativas generadas en cuanto a la vuelta a la presencialidad».

Al igual que en Sidi, donde apuntan otra variable compartida por la federación de enseñanza de CC OO: «Si la Consejería de Educación la ostenta Ciudadanos, tememos un mayor apoyo a la enseñanza concertada», advierte Luis Alberto Prieto. Como Nacho Tornel, de CC OO, quien ve en la formación naranja un peligro «por el avance de la privatización de la enseñanza que pueda implicar». Tornel confía en que el tándem PSOE-Cs impulse la recuperación de la presencialidad «en las condiciones previas a los recortes. Se abre la puerta a una mejora sustancial de la educación pública». Menos esperanzados se han mostrado en la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), que recelan del empeño del PSOE por poner coto a la escuela concertada.

El retraso que el cambio de gobierno va a sumar para la aprobación de los Presupuestos regionales preocupa en la Universidad de Murcia, donde ya asistían con inquietud a la demora de las cuentas. La UMU aprobó su presupuesto en diciembre, pero a pesar de que la institución tiene autonomía para seguir funcionando, su economía depende de forma muy directa del Presupuesto de la Comunidad, que se hace cargo de la subvención nominativa, destinada a pagar las nóminas, entre otros capítulos. «La situación genera gran incertidumbre y preocupación», admitió el rector, José Luján, que este año tienen que hacer frente al incremento vegetativo de personal y a las subidas comprometidas. La UMU tendrá además que reiniciar sus relaciones con todos sus interlocutores en la Administración regional, que son muchos, y consolidar los proyectos en marcha.