La elección del Comisionado de la Transparencia de la Región se aplaza hasta después del verano

La elección del Comisionado de la Transparencia, el cargo que sustituye al suprimido Consejo de la Transparencia que funcionaba desde 2015 tras la reforma legal que aprobaron PP y Vox el pasado 3 de julio, se aplaza como mínimo hasta después de las vacaciones de verano.

La designación de este nuevo cargo autonómico figura en el orden del día en el Pleno de la Asamblea Regional previsto para este miércoles. Pero al final no se producirá la votación porque, sencillamente, no hay ningún candidato presentado por los grupos parlamentarios.

El único partido que había planteado una aspirante era Vox, pero finalmente ha retirado la propuesta para que Natalia Sánchez López, que formaba parte como asesora jurídica del gabinete del exvicepresidente José Ángel Antelo en la extinta Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, se convierta en la Comisionada de la Transparencia.

Esta candidata no contaba con el apoyo del Partido Popular, cuyo voto es imprescindible para que pudiera ser elegida en primera votación con mayoría absoluta. Los populares habían consensuado con Vox que el aspirante fuera Francisco Provencio, presidente de la Comunidad de Regantes del Trasvase en Librilla, pero esta candidatura no se llegó a registrar.

Así, aunque el punto no se puede retirar ya del orden del día del Pleno de este miércoles, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, lo dejará sobre la mesa, emplazando a un nuevo debate cuando lo decida la Junta de Portavoces. Ya no será antes del mes de septiembre.

No obstante, al ser esta reforma una imposición de Vox al Partido Popular, y al quedar roto el pacto entre ambas formaciones tras la salida abrupta de los de Abascal de los gobiernos compartidos en las comunidades autónomas, entre ellas la Región, la izquierda alberga la esperanza de que el PP vuelva sobre sus pasos y restituya el Consejo de la Transparencia de la Región.

En ese sentido, Podemos ha registrado una proposición de ley en la Asamblea Regional en la que plantea la derogación de la modificación legal aprobada por PP y Vox el pasado 3 de julio que suprimió el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia y lo sustituyó por un Comisionado.

Los diputados María Marín y Víctor Egío recuerdan que dicha reforma de la Ley de Transparencia aprobada el 3 de julio respondía «al cumplimiento del acuerdo de las dos fuerzas políticas que en esa fecha componían el Gobierno de la Región de Murcia y previa exigencia del socio minoritario de dicha coalición». Es decir, por imposición de Vox.

Ahora que el Ejecutivo de coalición ha llegado a su fin, Podemos exige revertir esta reforma, «ante las numerosas críticas que ha recibido por parte de amplios grupos de la sociedad», restituyendo de esta manera el Consejo de la Transparencia.

Asimismo, indican desde la formación morada que, durante el debate de la modificación legal en la Asamblea, «se puso de manifiesto que la supresión del Consejo de la Transparencia y su sustitución por un comisionado unipersonal, no sería ni más operativo ni menos costoso, pero sí menos independiente».

«Hasta ahora solo hemos visto a Vox romper con el PP, pero el presidente Fernando López Miras no ha roto con las políticas de Vox: ahora tiene la primera oportunidad de hacerlo acabando con el chiringuito creado por la ultraderecha y recuperando un Consejo de la Transparencia colegiado y plural», declaró el diputado de Podemos Víctor Egío.

«Queremos eliminar ese Comisionado de Transparencia que no era otra cosa que un chiringuito de Vox, un nuevo alto cargo con un salario de más de 80.000 euros al año», dijo Egío

En la misma línea está el PSOE, cuyo diputado y vicepresidente segundo de la Cámara autónoma, Alfonso Martínez Baños, avanzó que los socialistas murcianos «vamos a proponer al Partido Popular la recuperación del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia», para lo que será necesario aprobar otra reforma de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana.

No obstante, durante su comparecencia en San Esteban para informar de la nueva composición del Gobierno regional tras la salida de los consejeros de Vox, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, aseguró que los puntos del acuerdo con el partido de Abascal que han quedado pendientes en la Asamblea Regional, como la reforma de la Ley del Mar Menor y el nombramiento del Comisionado de la Transparencia, siguen en pie.

De hecho, el jefe del Ejecutivo indicó que «habrá que hacer alguna propuesta» para el cargo de comisionado y, por tanto, intentarán «consensuarla».

La elección de un Comisionado con funciones de Defensor del Pueblo regional a propuesta de Vox viene recogida en el acuerdo de investidura de Fernando López Miras, suscrito en septiembre de 2023 y roto unilateralmente por el partido de Santiago Abascal en julio de 2024.

La persona designada, que por ley debe ser alguien «de reconocido prestigio y competencia profesional», tendrá un sueldo público de 80.000 euros anuales y dispondrá a su servicio una estructura administrativa de la propia Comunidad a la que debe controlar. Para su elección, se requiere mayoría cualificada de la Asamblea (dos tercios) en primera votación, o mayoría absoluta (23 votos) en la segunda.

El Consejo de la Transparencia estaba formado por 18 miembros que garantizaban la representatividad social y la independencia. Sus integrantes no cobraban dietas por esta actividad.

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