La educación no tiene cien días

No tendrá cien días. Ni siquiera diez. Desde la toma de posesión, todo nuevo Gobierno dispone tradicionalmente de cien días de plazo para definir las líneas maestras de su política. Un lapso de adaptación para tomar contacto con el área que gestiona y marcar la impronta de su gestión. En plena pandemia, con los estudiantes privados de asistir a clase varios días de la semana lectiva, el enojo de buena parte de la comunidad educativa, dispuesta a echarse a las calles; la amenaza del Ministerio, presto a empezar otra guerra en los tribunales en cuanto el veto parental sea aprobado; las oposiciones a la vuelta de la esquina; el inminente desarrollo regional de la 'ley Celaá'; y la ineludible tarea de ajustar el reparto de nuevos alumnos en los centros; aprobar los nuevos conciertos; y preparar el inicio del próximo curso escolar, a la nueva consejera de Educación, la expulsada de Vox María Isabel Campuzano, difícilmente se le puede conceder ese tiempo de gracia.

El último trimestre del año académico se presenta convulso, con curvas, protestas en la calle y el foco aún alejado de los problemas que siguen preocupando a la comunidad educativa, como la falta de recursos en las aulas, el fracaso escolar, el abandono, el bajo nivel académico de los alumnos murcianos y las ratios saturadas.

Después de un curso completo semipresencial y un trimestre 'online', a la comunidad educativa le inquietan cuestiones acuciantes que, de momento, se mantienen alejadas de las políticas y la agenda públicas, sin actos ni comparecencias fijados desde hace ya un mes largo: ¿cómo repercutirá la semipresencialidad en el ya bajo nivel académico de los alumnos?, ¿qué familias tendrán el próximo curso derecho a libros de texto gratuitos?, ¿qué desarrollo de los nuevos currículos se plantea en la Región?, ¿qué refuerzos se ofrecerán a los alumnos 'descolgados' por la brecha educativa?, ¿qué protocolo se aplicará a la multitudinaria oposición de profesores? Más lejos que nunca de la utopía de alcanzar un pacto regional por la educación, estos son algunos de los problemas más urgentes que esperan respuesta a la vuelta de la esquina, y que deberían ocupar y preocupar a las administraciones en los escasos dos meses que restan de curso. Sobre la mesa de María Isabel Campuzano, las inquietudes de las familias de los más de 280.000 alumnos y de los 27.000 docentes de la Región no aguantan cien días sin respuestas.

o es que el problema haya vuelto. Es que nunca se fue. El polémico veto parental, bandera de Vox, ha marcado en los dos últimos años el rumbo de la política murciana, sometida al empeño de la formación conservadora de impedir que los alumnos murcianos sean formados en educación afectivo-sexual, los peligros de las redes sociales o la violencia de género. El 'pin' llegó a las aulas murcianas en el curso 2019-2020, después de que la formación de Abascal lo impusiera como condición para facilitar la investidura del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y quedó en suspenso a final del curso pasado tras la sentencia del Tribunal Constitucional por la pandemia.

La implantación del veto -que obliga a los docentes a pedir a las familias permiso para que sus hijos asistan a las charlas complementarias, y que a su vez son obligatorias- es una de las pocas certezas del proyecto educativo de la nueva consejera, que ya ha anunciado su recuperación; aunque no será para este curso, ya que la situación sanitaria impide que se celebren actividades complementarias. «El decreto se encuentra en fase de modificación para, entre otros puntos, especificar las condiciones que determinarán la voluntariedad de las actividades complementarias. El 'pin' parental no se va a aprobar en el vigente curso», asegura la consejera. En principio, parece que Campuzano está dispuesta a recuperar el veto en su modalidad suavizada, que permite las charlas de los funcionarios y da por bueno el silencio positivo (la no respuesta es interpretada como consentimiento).

En cualquier versión, la comunidad educativa (profesores, padres, sindicatos...) ya ha comenzado con protestas en las calles, y muchos profesores amenazan incluso con la insumisión. «Nuestra obligación como docentes es educar en valores, y si hay que plantearse acciones de insumisión, se hará», advierte Tania Palop, de la Plataforma Docentes Unidos. Con los profesores, la Plataforma por la Escuela Pública (integrada por familias, alumnos, maestros, sindicatos, asociaciones y partidos de la oposición) ya ha advertido de que será «implacable» contra la aplicación. A ellos se han sumado catedráticos de la Facultad de Educación de la UMU y representantes del mundo de la cultura.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, también ha dejado claro que el Gobierno central volverá a recurrir el 'pin parental' si se implanta en la Región de Murcia: «No lo vamos a tolerar de ninguna de las maneras», ha advertido.

Desde los colegios, la presidenta de los directores, Mariola Sanz, reivindica la libertad de cátedra y la capacidad de los maestros para decidir qué contenidos complementarios deben enseñar a sus alumnos.

Después de dos trimestres con turnos para ir a clase en el centro educativo (hasta segundo de la ESO asisten cuatro días, y desde tercero solo la mitad), la Consejería de Educación anunció en marzo el regreso a la presencialidad completa a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, con el 70% de los profesores vacunados y si la situación epidemiológica lo permitía.

Las familias, que aguardaban expectantes la confirmación del regreso, se toparon con la decepción el mismo día de la toma de posesión de Campuzano, que dejó claro en su comentada carta de declaración de intenciones que la presencialidad no se retoma este trimestre porque «sería precipitado y no queremos llevarlo a cabo de manera improvisada». Lo curioso del caso es que la propia Campuzano exigió con ahínco el retorno a la presencialidad como diputada en la Asamblea, y firmó junto al PSOE y Cs una moción reclamándola. «Las decisiones se adoptan siempre bajo el punto de vista científico y técnico que determinan las autoridades sanitarias», aseguró el viernes, sin aclarar si la cuestión ha sido analizada por la mesa técnica de Salud y Educación. Los padres, entre tanto, se sienten defraudados por el incumplimiento. «Son miles de familias, y sobre todo de estudiantes, los damnificados por la semipresencialidad». También los sindicatos remarcan el daño que el modelo está haciendo a los alumnos: «El perjuicio es irreparable para los menores, y cada día que pasa es peor».

Lo advirtieron antes incluso de que tomara posesión: «Ante cualquier ataque a la escuela pública, nos tendrá enfrente y de frente». No solo los sindicatos de enseñanza han avisado de que se avecina una primavera caliente de movilizaciones en la calle contra la entrada de una consejera exVox en el Gobierno regional. También la Plataforma por la Escuela Pública de la Región está decidida a expresar su rechazo a medidas como el veto parental, el incremento de conciertos y el cheque escolar en la calle. «Estamos cerrando el calendario de protestas con los sindicatos; iremos todos a una a defender la escuela pública y la educación de nuestros hijos», defiende Francisca López, portavoz de la plataforma.

Algunos sindicatos, como la Federación de enseñanza de Comisiones Obreras, van más allá, y ya han advertido de que, salvo su participación legítima en las mesas de negociación colectiva, no tienen interés alguno en entablar contacto con Campuzano: «Poco nos preocupa que no nos reciba mientras nos escuche gritar. Pero escucharnos, nos va a escuchar», remarca Nacho Tornel, de Comisiones Obreras. La oposición, advierte el diputado socialista Francisco José Espín, «será implacable». También la Plataforma de Docentes Indignados amenaza con protestas. El diálogo social se antoja pues complicado.

La consejera de Educación ha defendido en varias ocasiones el estudio de la aplicación del llamado cheque escolar en la Región. De acuerdo con ese modelo, los padres recibirían del Gobierno un bono por un importe equivalente al coste medio de un puesto escolar en un centro público para que decidan libremente a qué colegio, público o privado, quieren llevar a sus hijos. El formato no tiene encaje en la legislación actual, pero a la comunidad educativa le preocupa que la Región se convierta en banco de pruebas del experimento. El sistema, recuerda el presidente de las cooperativas de enseñanza (Ucoerm), Juan Antonio Pedreño, perjudicaría tanto a los centros públicos como a los concertados. «Ya se puso en marcha una experiencia similar en FP en 1982 y fue un desastre. Los centros no pueden estar a expensas de la demanda con esa premura».

Las oposiciones al cuerpo de profesores de Secundaria serán de las más disputadas y concurridas desde hace mucho tiempo, con 12.496 inscritos en las pruebas, la cifra más alta de los últimos años. Desde el inicio de la pandemia, no se han gestionado aún experiencias con semejante aglomeración de personas convocadas el mismo día, el 19 de junio. «Ni siquiera se ha planteado el protocolo, y es importante. ¿Se ha pensando que los opositores que llevan años estudiando, pueden incluso plantearse ir al examen con síntomas?», cuestiona Luis Alberto Prieto, secretario general de Sidi. Al presidente de la Asociación de Directores de Secundaria, Raimundo de los Reyes, le preocupa la coincidencia del final de curso y las evaluaciones en los institutos con las fechas de las pruebas.

Las 35.481 peticiones de plaza presentadas por las familias este curso esperan ahora la adjudicación. Defensora acérrima de la libertad de elección de centro, la consejera de Educación debe enfrentarse antes de final de mayo a la compleja tarea de casar las demandas de los padres con la oferta de los centros, ajustar ratios e incrementar o cerrar unidades donde sea necesario. «Lejos de cerrar, se anunció por parte de la Consejería la creación de 450 nuevas plazas para primer curso de Infantil», asegura Campuzano. A padres y sindicatos les preocupa que los ajustes necesarios impliquen la supresión de aulas en los centros públicos, y reclaman una rebaja de las ratios acorde a la caída de la natalidad.

Minimizar los efectos de la 'ley Celaá' en la Región es objetivo de la nueva consejera de Educación, como ya lo fue de la anterior administración del PP. La voluntad política no puede obviar que se trata de una ley orgánica de obligado cumplimiento, y que el Ejecutivo murciano debe comenzar, más pronto que tarde, a plantear su desarrollo en la Región. El trámite más inmediato pasa por definir el 30% del currículo educativo que queda en manos de las autonomías, y decidir así a qué áreas se da más peso y cómo se insertan en los contenidos cuestiones como la igualdad de género y la educación afectivo-sexual que la nueva ley introduce de forma obligada.

La mesa de la concertada, donde se decide qué colegios o unidades nuevas de titularidad privada recibirán subvenciones el próximo curso, debería haberse reunido la primera semana de abril. A estas alturas del calendario, los centros que han pedido conciertos -y en muchos casos incluso se han comprometido con las familias para ofrecerlos en Bachillerato, ya que contaban con el OK extraoficial de Educación- aguardan impacientes la reunión. «Es importante poder planificar el curso, saber con qué unidades puedes contar», demanda Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucoerm, quien considera que no deben sumarse nuevos colegios. La consejera, quien insiste en que «las decisiones se tomarán en base a lo que establece la orden y a las necesidades de escolarización», tiene sobre la mesa la labor de retirar el concierto a los colegios que separan niñas y niños, Nelva y Monteagudo, tal y como ordena la 'ley Celaá'.

La Formación Profesional recibirá una inyección millonaria del Ministerio de Educación para ampliar plazas, convertir títulos bilingües y ofertar nuevos módulos. Un ambicioso plan que permitirá a la Comunidad invertir casi 13 millones de euros en la mejora de esa enseñanza, y que debería empezar a desarrollarse en la Región, ya que la oferta para el próximo curso no puede demorarse. Al diputado socialista Antonio José Espín le preocupa que el dinero se vaya en subvenciones a empresas y centros de formación privados que se han sumado al carro de la enseñanza de FP. La misma inquietud preocupa a Raimundo de los Reyes, indignado por los precarios medios de que disponen hoy los alumnos de FP.

Si el cheque escolar no tiene de momento encaje en la educación obligatoria, sí podría colarse en cambio en el nuevo plan del Ministerio para incrementar las plazas de 0 a 3 años, dotado con seis millones para crear puestos nuevos de ese tramo en la Región. «Esta medida va en la línea de maximizar la libertad de elección de los padres, que es la filosofía subyacente al cheque escolar», asegura la consejera. El proyecto del Ministerio está enfocado a ampliar la red de plazas públicas de 0 a 3 años para permitir a las familias conciliar, pero la Comunidad, donde el déficit de puestos es muy superior a la media española, tendrá margen para gastar su subvención como considere. La ministra Celaá pretende además darle a esa etapa un carácter más pedagógico y menos asistencial.

En un par de meses, los docentes tendrán que evaluar a sus alumnos tras un curso atípico y semipresencial, en el que no todos los estudiantes han tenido las mismas oportunidades de aprendizaje. En principio, la consejera no ha previsto novedades: «La evaluación de los alumnos viene determinada por la normativa y no van a producirse modificaciones al respecto», asegura. Los estudiantes tampoco han sido sometidos este curso a ningún tipo de evaluación externa para chequear el resultado de la enseñanza 'online' y semipresencial. De hecho, la propia OCDE ha recomendado que se evalúe a los alumnos para calibrar el grado de rendimiento logrado durante la pandemia.

El curso próximo tampoco será uno más. Después de año y medio en pandemia, el mejor escenario lleva a pensar que los estudiantes regresarán por fin a su ritmo normal de clases diarias. En cualquier caso, la planificación del año académico 2021-2022 debería haber comenzado ya, como es habitual. La coyuntura política sugiere que la organización se retrasará aún más, pero hay cuestiones que inquietan a la comunidad educativa. La primera, las medidas de refuerzo previstas para los alumnos que se hayan podido quedar atrás. «Nos preocupa la marca que la semipresencialialidad ha dejado en los alumnos. Son necesarios medidas y planes específicos de refuerzo para compensar ese desfase», reclama el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cooperativas de Enseñanza, Rafael Martínez.

Los planes iniciales de la Consejería de Educación para que los libros de texto fueran gratuitos para todos los alumnos de enseñanzas obligatorias en el curso 2021-2022 ya van con retraso. El programa de banco de libros se planteó con un calendario progresivo de implantación que terminaba en ese año, cuando tenía que haber alcanzado a todos los cursos de Primaria y Secundaria; sin embargo, este año ya se ha dejado fuera a los estudiantes de segundo curso de Secundaria, y solo ha sumado a los de primero de la ESO. Ese descuadre obliga ahora a la Consejería a ofrecer los libros de texto gratuitos a los alumnos de los tres cursos más caros: segundo, tercero y cuarto de la ESO. De momento, la consejera esperará a la aprobación de la Ley de Presupuestos, aún pendiente, antes de planificar el reparto.

Si la Región ya lideraba las tasas de abandono y fracaso escolar, a los docentes les asusta incluso conocer los estragos de la enseñanza 'online' y semipresencial. «No se han impartido todos los contenidos previstos, ha sido imposible mantener el mismo ritmo que en años anteriores», admite la portavoz de la plataforma Docentes Unidos. A la presidenta de la Asociación de Directores de Colegios de Primaria también le preocupa que los alumnos que se han ido 'descolgando' del sistema terminen perdiéndose. «Necesitamos más que nunca un plan de choque para atajar el fracaso, cuando está más que demostrado desde hace años que la repetición de curso raras veces tiene un efecto positivo», defiende Mariola Sanz.