Cuatro grupos ecologistas piden tres años para Cerdá por 'Topillo'

La Fiscalía ya solicitó semanas atrás sendas penas de 21 meses de prisión para estos dos antiguos altos cargos de la Administración.

Por lo que respecta a los más de cuarenta empresarios agrícolas y responsables de explotaciones agrarias del Campo de Cartagena, que constituyen el grueso de los encausados del 'caso Topillo', las mencionadas organizaciones ecologistas reclaman penas que llegan a los seis años de cárcel en el caso de los acusados de los mayores vertidos de nitratos. También se pide que abonen elevadas indemnizaciones por los daños causados al ecosistema, que suman hasta 20 millones de euros.

Esta pieza principal del 'caso Topillo' ha investigado los vertidos de salmuera que durante años se han realizado presuntamente desde grandes explotaciones agrarias del entorno del Mar Menor, como consecuencia del uso de desalinizadoras ilegales que servían para proporcionar agua para regar a sus cultivos. El rechazo de esas instalaciones era arrojado luego a ramblas o a los mismos pozos subterráneos de los que se extraía el agua salobre. En el caso de Cerdá y Aldeguer, se les atribuye haber hecho una dejación absoluta de sus deberes de control y persecución de ese tipo de conductas atentatorias contra el medio ambiente.

Tal y como reseñan las organizaciones ecologistas en sus escritos de acusación, la gravedad de la situación viene determinada por la implicación de quienes fueron responsables en esa época de las dos administraciones públicas -nacional y autonómica- con competencias en la materia: la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Segura. Y lamentan «la existencia de indicios que apuntan a una institucionalización de la prevaricación ambiental durante años, sin que ninguno de los responsables actuara para evitar el colapso del Mar Menor».

De igual modo, los gobiernos regionales de Ramón Luis Valcárcel y, más concretamente, de la Consejería de Agricultura -señalan las acusaciones privadas-, «pudieron haber mirado hacia otro lado con plena conciencia de las ilegalidades existentes, omitiendo los controles de los programas de actuación en materia de nitratos». De igual modo, sobre la CHS sostienen que «eran conscientes del uso de desaladoras privadas, de la extracción de aguas de pozos, de vertidos de salmueras, etc., todo sin autorización y en multitud explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena», pese a lo cual tampoco se actuó contra los infractores durante largos años.

Tampoco tienen dudas las cuatro organizaciones ecologistas de que los propietarios y encargados de fincas agrícolas que ahora se encaminan a juicio «se despreocuparon del destino final de la salmuera que vertían y omitieron la mínima diligencia debida» para evitar daños al medio ambiente, como reseña en concreto la organización Greenpeace en su escrito de calificación.