La 'Doctrina Sinatra'
PRIMERA PLANA ·
Las comunidades autónomas tienen todas las competencias asistenciales para hacer frente a la Covid-19, pero carecen de la suficiente seguridad jurídica como para tomar medidas especialmente drásticas, como el confinamiento de la poblaciónEn plena 'perestroika' de Gorbachov, el portavoz del Ministerio de Exteriores de la Unión Soviética, Gennadi Gerasimov, anunció en 1989 una nueva política de tolerancia con el rumbo de los países integrantes del Pacto de Varsovia. Lo hizo ante la cadena de televisión estadounidense ABC. Para que no hubiera dudas, abordó un asunto muy serio con una broma: aplicaremos la 'doctrina Sinatra', aseveró. Cada país actuaría «a su manera», como decía el célebre cantante en la canción 'My way'. Todo un giro de 180 grados porque la 'doctrina Breznev' imperante había sido la opuesta, actuar en cualquier país del otro lado del Telón de Acero donde flaqueara el socialismo. Sin ser consciente de ello, Gerasimov estaba anticipando la caída del Muro de Berlín y el fin de la URSS.
Salvando las distancias y demás connotaciones obvias, la gestión política de la crisis del coronavirus atraviesa en nuestro país un proceso con ciertas similitudes. Hemos pasado del férreo control por parte del Gobierno central, a través de la ley del estado de alarma que le convertía de facto en autoridad única, a una especie de 'doctrina Sinatra' donde, con el beneplácito de La Moncloa, cada Gobierno autonómico actúa según su criterio, decretando el uso obligatorio de las mascarillas o cerrando empresas si es necesario, al amparo de sus competencias en salud pública. Era lo que algunas comunidades, especialmente las gobernadas por partidos nacionalistas, venían reclamando desde el inicio de la pandemia. Pero, en realidad, el plan de 'cogobernanza' presentado por el Ministerio esta semana deja en manos del comité de gestión de la Covid de Salvador Illa la última palabra. A lo largo de julio, hasta diez comunidades autónomas habían ido progresivamente obligando al uso de mascarillas, en función de la evolución de los brotes. Pero en cuanto estos se han complicado, con alguno fuera de control, como ha sucedido en Lérida, se han visto las dificultades legales de las comunidades para poder restringir la libre circulación, un derecho fundamental consagrado en el artículo 19 de la Constitución. Un juez tumbó el primer decreto de confinamiento planteado por el Govern catalán para una comarca leridana y, ante la imposibidad de una prohibición, días después poco menos que tuvo que rogar encarecidamente a los 4 millones de habitantes de Barcelona que no salgan de sus casas. En la Región de Murcia, el Consejo de Gobierno concedió este jueves, vía decreto, amplios poderes al consejero Villegas para cerrar comercios y empresas, suspender actividades, restringir aforos y ordenar confinamientos, individuales o colectivos. Un día después, Villegas ordenó el cierre de cuatro bares de ocio nocturno de la zona de Atalayas en Murcia relacionados con el brote que llegó de Bolivia. Sin embargo, estaría por ver qué haría un juez si se decretara el confinamiento de un municipio murciano para frenar el Covid. Las comunidades tienen completas competencias asistenciales para actuar contra la pandemia pero las leyes generales de Salud Pública y Sanidad no les otorgan el respaldo jurídico que sí tiene la administración central para tomar medidas drásticas, como la reclusión de personas en sus domicilios si están infectados o deben pasar cuarentena. Ha hecho bien el equipo de Salvador Illa en preparar un plan B: aprobaría reales decretos de estado de alarma «parciales» con vigencia para determinadas zonas de una comunidad o para la autonomía completa si algún gobierno regional llegara a demandárselo. Y es que la 'doctrina sinatra' que tanto reclamaban algunas comunidades es hoy por hoy inaplicable si la situación empeora.
Lo deseable en todos los sentidos es que las regiones tengan seguridad jurídica para aplicar cuantas medidas estimen necesarias los expertos de salud pública, pero siempre actuando bajo criterios comunes pactados en el Consejo Interterritorial de Salud, donde están representadas junto con el Ministerio de Sanidad. Por regla general, este organismo de coordinación del sistema nacional de salud ha sido escenario de batallas políticas entre PP y PSOE, pero cuando mejor ha funcionado ha sido precisamente en momentos de crisis sanitaria, como se vio con la amenaza del llamado mal de las 'vacas locas'.
Por muy bien que actúen nuestras autoridades sanitarias el riesgo cero no existe. Más aún si el vehículo de propagación son individuos portadores del virus que son asintomáticos. De ahí la importancia de la mascarilla, la higiene y evitar las aglomeraciones. Establecer un estricto régimen sancionador para mantener las normas básicas que nos protegen a todos ha sido un actuación acertada y necesaria. Los más jóvenes deben ser conscientes de que la salud de sus mayores depende en gran medida de su responsable comportamiento. Si muchos de ellos no hacen caso a las autoridades, que oigan lo que nos dicen hoy desde LA VERDAD algunos de sus referentes generacionales en la Región. Sin el concurso de todos, tardaremos mucho más en vencer al coronavirus, con un coste muy superior en vidas humanas y en pérdidas de puestos de trabajo. Hoy no es momento de actuar cada cual a nuestra manera.
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