División judicial por el proyecto de reforma de la ley del proceso penal

Aunque las asociaciones profesionales de jueces y magistrados coinciden en que esa medida comulga con el funcionamiento de la justicia penal en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno, las valoraciones que de esa medida hacen unas y otras tienen mucho que ver con la desconfianza o no que les genera el Ejecutivo del PSOE y Podemos. Así, el magistrado Andrés Carrillo, portavoz en la Región de la asociación Francisco de Vitoria, no ponía este jueves paños calientes a la hora de señalar que «no nos gusta, teniendo en cuenta que la Fiscalía está hoy muy lejos de ser una institución independiente, y así lo confirman algunos políticos, como el propio Pedro Sánchez, cuando se les escapa eso de: 'Esto está solucionado porque, a ver, ¿de quién depende el Ministerio Fiscal?».

Y recordando que los fiscales están sometidos al principio de jerarquía, y que están por ello obligados a seguir las directrices y órdenes del Fiscal General, cuyo nombramiento depende del Ejecutivo, no le convence «que una instrucción llamada a depurar responsabilidades penales, en ocasiones de los propios políticos, las decisiones puedan estar en última instancia en manos de esos mismos políticos».

De ahí que considere que la adjudicación de la instrucción al Ministerio Público solo puede hacerse si está precedida de una profunda reforma del Estatuto de la Fiscalía, «de forma que se garantice, de manera absoluta, que son inamovibles de los procedimientos y que gozan de total independencia, que es algo que en la actualidad no ocurre».

En una línea muy similar se pronuncia la portavoz regional de la APM, Fátima Saura, quien también expresa su incredulidad respecto a que esas reformas vayan a servir para mejorar la Administración de Justicia. «Discrepamos del momento, de la forma y del fondo», confirma. Recuerda que estamos en unos tiempos en que se ha reavivado el debate sobre la independencia judicial, con el intento por parte del Gobierno de la nación de cambiar las mayorías para designar a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), provocando incluso las advertencias de las principales instituciones europeas. Una circunstancia a la que se unen los reparos que provoca la designación del Fiscal General del Estado, «un cargo para el que fue nombrada una persona que era ministra de ese mismo gabinete». De ahí que no oculte sus «muchas dudas de que, en este momento, dar la dirección de la instrucción a los fiscales pueda contribuir a mejorar la justicia».

Como su compañero Carrillo, afirma que la investigación penal ha venido funcionando desde hace décadas más que razonablemente bien, «gracias al tremendo esfuerzo de cada uno de los profesionales» que la imparten, por lo que no entiende que exista urgencia alguna en acometer esos cambios. «La Administración de Justicia seguramente necesita de unas reformas muy profundas, pero habrá que acometerlas sin prisas y de manera consensuada».

En una posición bien diferente se sitúa la portavoz nacional de JJD, la magistrada murciana Ascensión Martín, quien se declara, como la asociación a la que representa, «totalmente partidaria de que la instrucción quede en manos de los fiscales, como ocurre en todos los países de nuestro entorno». Considera que la habilitación de un juez de garantías, como contempla la reforma, ofrece razones suficientes para sostener que se respetarán los derechos fundamentales en esas investigaciones.

Ascensión Martín recordó que desde 1992 las investigaciones penales en la jurisdicción de Menores está en manos del Ministerio Público, «y no se han registrado problemas; la experiencia ha sido muy positiva».

Aunque acepta que el hecho de que los fiscales dependan jerárquicamente de la Fiscalía General le genera algún pequeño reparo, por lo que estima que sería pertinente acometer alguna reforma del Estatuto que rige esa institución, a la vez reseña que «ahora también pueden retirar la acusación de un asunto y, si no hay acusaciones privadas, no queda otro remedio que archivar».