El Gobierno regional se ha sumado a las comunidades del Partido Popular que han decidido crear un frente judicial contra el decreto ley de reparto de los menores migrantes no acompañados (Menas) que el Ejecutivo central aprobó en Consejo de Ministros tras un pactó con Junts. El Consejo de Gobierno ha acordado este jueves presentar un recurso en el Tribunal Constitucional, en línea con lo que van a hacer otras regiones como Madrid, Aragón, Cantabria, Galicia, Andalucía y Castilla y León. «Para Pedro Sánchez los menores inmigrantes son una mercancía, son paquetería exprés», argumentó el portavoz regional Marcos Ortuño al término de la reunión.
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Ortuño se refirió al acuerdo que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería para repartir entre las comunidades 4.400 niños y adolescentes como «injusto, sectario e indigno». Defendió que a día de hoy la Región de Murcia «no tiene información oficial» sobre los menores que debería acoger, una cantidad que podría ascender a 190 personas este 2025. «Estamos ante otra cesión más de Pedro Sánchez a los independentistas y desde luego no nos vamos a quedar de brazos cruzados», argumentó. El presidente Fernando López Miras explicó el pasado martes que los recursos de la Región están «al 200% de su capacidad».
El año pasado la Región recibió 534 menores llegados de las Islas Canarias, para lo que recibió 850.000 euros del Gobierno central frente a los 17 millones de euros que tuvo que desembolsar la Comunidad, según cifras facilitadas por el portavoz regional. «Es fundamental que el Gobierno de España asuma la política migratoria como una cuestión de Estado», ya que, protestó, las comunidades «siguen sin recibir la financiación necesaria para ello». Pese a esto, aseguró que la Región «es una tierra solidaria y acogedora».
El trasfondo de la polémica sobre el decreto se encuentra en los criterios para el reparto que definió el Ministerio de Juventud e Infancia, que permitirían el traslado de entre 20 y 30 migrantes a Cataluña, ya que tiene peso el esfuerzo voluntario que las comunidades ya habían realizado antes. El Ejecutivo murciano pidió «que existan criterios de igualdad a la hora de acoger a esos menores por parte de todas las comunidades autónomas».
Sin datos oficiales todavía, el Gobierno central está a la espera de recibir de las comunidades información sobre cómo se encuentran sus instalaciones de acogida y cuántas plazas podrían crear, y en función de esto se fijarían las partidas económicas para cada territorio. Ortuño, preguntado por esta cuestión, aclaró que la Comunidad no está preparando un 'plan B' para asumir esa acogida y que la prioridad es el recurso de inconstitucionalidad.
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«Estamos absolutamente desbordados. Murcia es una región que tiene presión migratoria propia a través de sus costas», insistió el Consejero de Presidencia, que acusó al Gobierno de Sánchez de aplicar «un pacto con Puigdemont» a todas las comunidades. Ortuño recordó que en las instalaciones del Hospital del Naval en Cartagena hay un campamento con mil migrantes, «y muchos de ellos son reconocidos como menores, por lo que no tenemos un dato fijo» de cuántos menas hay en la Región ahora mismo.
La portavoz del PSRM, Isabel Gadea, tachó ayer al PP de «irresponsable» y de «indecente» por utilizar «menores vulnerables para hacer política». Todas las comunidades «tienen que colaborar para garantizar esta atención. Estamos hablando de una cuestión humanitaria», aclamó la socialista. Gadea lamentó que el PP compita con Vox en el ámbito de la «xenofobia, el racismo y el odio, y dando la espalda a los derechos humanos y al compromiso con nuestro país».
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El portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, preguntado por las negociaciones con Vox para sacar adelante las cuentas regionales de este año, subrayó que «si prevalece el interés general, tendremos presupuestos». El consejero repitió en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno los mismos argumentos que el Ejecutivo y su presidente López Miras han defendido los últimos meses, sin aclarar más detalles sobre los contactos que están teniendo con el partido de José Ángel Antelo. El PP nacional da por hecho de que las próximas cuentas autonómicas en aprobarse serán las de Murcia y Aragón, un paso que podría ir acompañado de medidas que están pidiendo desde Vox: acciones contra la política migratoria estatal y la renuncia al Pacto Verde Europeo.
«Tenemos una clara voluntad de diálogo para que la Región de Murcia pueda contar con presupuestos. Hay que tener en cuenta que hay colectivos y asociaciones cuya viabilidad depende de que podamos tener aprobados los presupuestos», presionó Ortuño a sus exsocios en el Gobierno autonómico. Al margen de Vox, el portavoz cerró la puerta a tratar la viabilidad de las cuentas de 2025 con el PSOE, a quien acusó de querer «recortar el Trasvase Tajo-Segura», de no abordar «la reforma del sistema de financiación autonómica» o de considerar la condonación de la deuda como «perfecta y necesaria». «No podemos ir muy lejos con ellos si no cambian radicalmente sus postulados», concluyó Ortuño. El secretario general del PSRM, Francisco Lucas, había pedido una reunión con López Miras para tratar este asunto, algo que parece descartarse por parte de los populares.
El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, se mostró este jueves «optimista» sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el PP de la Región de Murcia para sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad correspondientes a 2025. En declaraciones a la Cadena Ser, Antelo explicó que antes no veía «atisbo de solución a la situación presupuestaria» y percibía al PP «muy paralizado», pero ahora considera que existe «una buena predisposición» a que las cuentas salgan adelante.
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