La Asamblea aprueba que los jefes de servicio de la sanidad pública puedan ejercer en la privada

La Asamblea Regional ha dado luz verde este martes a la reforma legislativa que permitirá a los jefes de servicios del Servicio Murciano de Salud compatibilizar su actividad en la sanidad pública con la privada. La iniciativa para cambiar la ley 5/2001 de personal estatutario del SMS ha llegado a la cámara con una propuesta del grupo parlamentario Vox que ha sido apoyada por el PP.

Este cambio llega además en un momento en el que el Ministerio de Sanidad está trabajando en una reforma del estatuto marco de la actividad sanitaria que imposibilitará esa compatibilidad. Ayer, decenas de facultativos protestaron en Murcia y Cartagena convocados por el Sindicato Médico y este jueves está prevista una concentración a nivel nacional frente a la sede del departamento de Mónica García.

No sólo eso, sino que la Asamblea también ha aprobado otra moción, en este caso impulsada por el PP, rechazando la propuesta de estatuto marco del Ministerio, pidiendo su retirada y una nueva elaboración. La reforma legal y ésta última iniciativa han prosperado de igual modo sumando votos de PP y Vox y con la oposición de PSOE y Podemos-IU-AV.

El diputado de Vox Rubén Martínez Alpañez, encargado de defender la reforma legislativa, ha reconocido que de prosperar la reforma del Gobierno central lo aprobado por la Asamblea tiene «fecha de caducidad», pero adelantaba que su partido «emprenderá cuantas acciones sean necesarias para impedir el atraco de la ministra comunista». De igual forma, ha lanzado un mensaje a los populares, a pesar de haber contado con sus votos: «Es el PP el que ha mantenido la prohibición», dice Martínez Alpañez, que cree que es «un grave problema para garantizar la excelencia sanitaria» ya que el «SMS no es capaz de retener a los profesionales».

Antonio Martínez Pastor, del PP, ha hecho hincapié en que «la incompatibilidad en vigor está provocando que jefaturas de servicio queden vacantes por no resultar atractivas para profesionales de prestigio y amplia experiencia». El diputado popular, partido que aprobó en 2001 la ley que hace ahora imposible esa compatibilidad, ha remarcado que «profesionales médicos de reconocido prestigio no se han sentido atraídos por puestos de responsabilidad y jefes de servicio han renunciado para trasladarse a otras comunidades donde sí se permite. Martínez Pastor ha hablado de «fuga de talentos» frente a lo cual esta reforma permitirá la «atracción y retención» de talento. El diputado popular ha recordado que países como Inglaterra, Alemania o Italia o Portugal ya han demostrado que se puede mantener ambas actividades, algo que también permiten en España quince comunidades autónomas.

«Vox y PP se reconcilian para favorecer a los de siempre», ha dicho la diputada socialista Marisol Sánchez Jódar que ha calificado de «ofensa» a los facultativos del SMS los argumentos de Vox. Sánchez Jódar ha preguntado a Vox que, si tal y como ellos sostienen, la exclusividad no permite retener a los profesionales de retenido prestigio, «¿quién ha estado en estos puestos durante 20 años? ¿Mediocres?». La socialista ha enumerado diferentes informes de asociaciones en defensa de la sanidad pública y organizaciones profesionales que advierten de que la compatibilización pone en riesgo el sistema público de salud y puede generar incluso conflictos de intereses.

Desde el Grupo Mixto, su portavoz, María Marín, de Podemos, ha calificado de «indecente» que a pesar del retraso que acumula la Región en listas de espera y del incremento de la presión asistencial por las enfermedades respiratorias, la primera iniciativa del nuevo periodo de sesiones sea con la intención de «beneficiar a los intereses de la sanidad privada». Marín ha recordado que la actual ley en vigor en la Región, aprobada por el PP 2021, reconocía los riesgos para la sanidad pública que entraña que los jefes de servicio puedan ejercer ambas actividades.

Pero no es el único punto del orden del día en el que se ha abordado la realidad de la sanidad pública en la Región. La Asamblea también ha dado el visto bueno a la creación de una comisión de investigación sobre «derivaciones presuntamente irregulares del Servicio Murciano de Salud a la sanidad privada», elevada por el Grupo Mixto. Para ello, Podemos-IU-AV se ha remitido para ello al informe del Tribunal de Cuentas de julio de 2024 en el que se señalaba que «existe una deficiente planificación de los gastos derivados de las asistencia con medios ajenos», poniendo como ejemplo el Hospital Virgen de La Arrixaca, que destinó en 2022 a este apartado 30,7 millones de euros.

«Levantemos la alfombra del Servicio Murciano de Salud», ha pedido María Marín. «Los ciudadanos de la Región tienen derecho a saber la verdad», añadía también desde Vox Mª Eugenia Sánchez Pérez. Por su parte, la socialista Marisol Sánchez Jódar ha hecho un llamamiento a «proteger a la sanidad pública de la gestión del PP». En el caso del PP, que ha votado en contra de la creación de este órgano, Mª Carmen Ruiz Jódar ha asegurado que «el PP no se va a sumar a este circo», añadiendo que la última resolución del Tribunal de Cuentas de 28 de enero concluye que no ha habido irregularidades.

En un momento en el que PP y Vox se cruzan mensajes a cuenta de buscar un acuerdo con el que aprobar los Presupuestos de 2025, ese asunto ha aparecido de forma tangencial en la moción que, a propuesta de Vox, ha aprobado por unanimidad la Asamblea para realizar informes periódicos de evaluación del cumplimiento de los objetivos de contratos programa suscritos desde 2019 a 2023. Vox ha pedido que se someta la totalidad de los contratos programa que deba formalizar la Comunidad a una auditoría de calidad de gestión, punto en el que el PP ha conseguido incluir una enmienda parcial condicionándolo a que se licite por contrato público a través de una partida presupuestaria.

La Cámara ha vuelto a debatir una nueva moción relacionada con el problema de acceso a la vivienda. Ha sido elevada por el Grupo Socialista el que ha pedido «delimitar y solicitar como zonas tensionadas las ciudades más grandes de la Región, así como algunas zonas de los municipios anexos para que se pueda aplicar el Índice de Precios del Alquiler», así como elaborar y aplicar la figura de 'zona tensionada' que recoge la Ley de Vivienda. Ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox, que a su vez han presentado sendas enmiendas que tampoco han prosperado.

Con el debate de esta iniciativa ha arrancado el Pleno de la Asamblea, que después de cuatro años ha vuelto a celebrarse el hemiciclo, tras dos años de pandemia y otros dos de obras de remodelación. El inicio, en todo caso, no ha estado exento de algún contratiempo, a pesar de los ensayos: desde las pantallas en las que tenía que aparecer reflejado el tiempo restante del interviniente al orden en el que se tenía que comenzar.

Aunque la presidenta de la cámara ha dado en primer lugar la palabra a la socialista Marisol Sánchez Jódar, que tras saludar a los diputados se ha detenido para hacer constar que no aparecía reflejado ese tiempo de intervención. Este momento ha sido aprovechado por Vox para exigir que fueran ellos, como proponentes, los primeros en hacerlo. Así, tras consultar con el resto de portavoces, el primer diputado en intervenir ha sido Rubén Martínez Alpañez: «Tras este pequeño fallo de Matrix, empiezo mi intervención», ha arrancado el representante de Vox.

A este 'estreno' del Salón de Plenos, sin embargo, no ha acudido ningún miembro del Gobierno regional.

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