Los diez deberes pendientes del nuevo Gobierno con la Región de Murcia

Todo apunta a que las mayores exigencias de los partidos separatistas y nacionalistas con los que ha pactado el PSOE condicionarán la agenda política, económica y social del Gobierno de la nación durante la próxima legislatura. Influirán de una forma u otra en la financiación autonómica; en el gasto por habitante para cubrir los servicios básicos de sanidad, educación y dependencia; y en el reparto de las inversiones estatales. No mejorarán las relaciones del Ejecutivo autonómico con el central, que pueden enfriarse todavía más en un marco de confrontación que será común en los territorios gobernados por el PP, habida cuenta de los privilegios pactados para Cataluña y el País Vasco, como airean los propios beneficiarios. De ahí que el Gobierno de Pedro Sánchez gestionará los asuntos que le competen sin que se atisben acuerdos con López Miras en materia de agua, en la recuperación del Mar Menor, y probablemente tampoco en financiación.

Sin entrar a valorar las concesiones del PSOE a los separatistas ni la ley de amnistía, el secretario general de los socialistas murcianos, José Vélez, sostiene que el próximo Gobierno dará respuesta a las demandas históricas de la Región, como la actualización del sistema de financiación autonómica; a la vez que se muestra convencido de que están asegurados otros cuatro años de inversiones y de que se mantendrá la hoja de ruta en política social.

El Gobierno de López Miras sostiene, por el contrario, que las cesiones del PSOE a Junts, ERC, Bildu y PNV convierten a los murcianos en ciudadanos de segunda, que van a sufrir un agravio en financiación autonómica, pagando además la factura de los acuerdos con el independentismo. Denuncia asimismo que habrá menos inversiones para infraestructuras porque se primará a otros territorios, como Cataluña.

LA VERDAD pone sobre la mesa una lista con los diez deberes que tiene pendientes el Gobierno central en la Región de Murcia, en una legislatura que se parecerá muy poco a las anteriores. Asimismo, cuarenta representantes de la sociedad civil, en un amplio espectro, formulan en estas páginas sus principales peticiones al próximo gabinete de Pedro Sánchez. Un compendio de reivindicaciones que abarca desde una ley de Mecenazgo Cultural hasta la dársena de contenedores de El Gorguel. El mundo de la educación y la sanidad, empresarios, sindicalistas, el agro, las universidades, la judicatura, los movimientos ecologistas, el tercer sector, colegios profesionales y otras entidades piden impulsar el diálogo social, considerar el campo como un sector estratégico, una financiación extraordinaria de las universidades, poner freno a la voracidad fiscal, agilidad con los fondos 'Next Generation', igualdad territorial, el mantenimiento del Trasvase, más medios contra la exclusión social y la pobreza, la culminación del Corredor Mediterráneo, de las obras del AVE y la conexión de Cartagena a la alta velocidad.

También solicitan actuaciones urgentes en el Mar Menor, restauración de espacios naturales, apoyo a la industria agroalimentaria, fomento del cooperativismo, medidas a favor de las mujeres trabajadoras y emprendedoras, y estabilidad de precios, entre otras peticiones.

Los deberes pendientes con la Región abundan en los retos de siempre: la asignatura del agua, con el recorte del Trasvase y una desalación insuficiente que no resolverá el déficit; mantener las inversiones en ferrocarril y carreteras, acelerando y desbloqueando algunos proyectos; y hacer frente al plato fuerte de la financiación autonómica, estableciendo un mecanismo transitorio de compensación a expensas de una reforma que no puede esperar más. El nuevo modelo se topará además con los ajustes presupuestarios que exigirá Bruselas el año que viene para volver a la senda de estabilidad.

Las políticas sociales también están en primer plano, así como la crisis migratoria que requiere de medidas eficaces y coordinadas entre diversas administraciones. El Mar Menor debe ver culminadas esta legislatura las principales actuaciones del Ministerio para su recuperación, mientras que la regeneración de Portmán sigue en la incertidumbre.

El valor estratégico del agua crece exponencialmente a escala local y mundial, de ahí la necesidad de una visión global que pasa obligatoriamente por la cuenca del Segura, el principal blanco de pruebas de la gestión hídrica en España y referente para muchos países que fijan sus ojos en todo lo que se hace en este territorio en tecnología e innovación, en la obtención de recursos no convencionales a través de la desalación y reutilización, y en la optimización de las infraestructuras disponibles. Todo ello en un contexto general marcado por el cambio climático y la sostenibilidad de los usos asociados a un agua cada vez más cara y escasa.

Con estos mimbres, la próxima legislatura volverá a estar marcada por la incertidumbre, cada vez mayor, que se cierne sobre el Trasvase Tajo-Segura, con el recorte progresivo de las transferencias hasta 2027, mermando casi a la mitad las aportaciones al regadío del Levante, lo cual puede agravarse con un cambio de las reglas de explotación que reclama Castilla-La Mancha para estrangular aún más los trasvases. En paralelo, tiene que desarrollarse el plan de desalación de Teresa Ribera -que sigue sin despegar casi un año después- para incrementar este recurso, conociendo de antemano que no resolverá el déficit del Segura, como reconoce el propio plan de cuenca. El nuevo Gobierno tendrá que actuar contra reloj para poder cumplir los plazos de las inversiones y no perder ayudas europeas. A ello se suman las restricciones y/o cierre de los acuíferos sobreexplotados antes de 2027, lo cual puede acentuar la conflictividad social y económica. No parece que el PSOE vaya a cambiar su política de agua, sino que más bien la acentuará, sin resolver el déficit del Segura.

Esta misma semana el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, insistía en solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica una simplificación de los trámites para acceder a las ayudas para el autoconsumo eléctrico a través de placas fotovoltaicas, una de las líneas subvencionadas por los fondos 'Next Generation' de la UE que acumulan más retrasos. El de la excesiva burocracia es solo uno de los problemas que ha impedido que el maná europeo, plasmado por el Gobierno español en el Plan de Recuperación y Resiliencia, haya dado todos los frutos deseados.

El Gobierno regional, en ocasiones, se ha visto superado por la avalancha de solicitudes y la falta de personal para atenderlas, como ha ocurrido con las subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos, pero también ha sufrido la falta de transparencia y la arbitrariedad en el reparto por parte del Ejecutivo central. El PSOE imputa al Gobierno que preside López Miras un muy bajo porcentaje de ejecución de las ayudas que recibe, éste lo niega y censura que la Región de Murcia es la quinta de las 17 comunidades que menos dinero por habitante recibe, con 486,67 euros, frente a los 513,09 euros que reciben de media el conjunto de las autonomías. El caso es que, por una otra razón, los fondos no llegan con fluidez a los que debían ser sus beneficiarios.

El acuerdo de PSOE y ERC para que el Estado condone a Cataluña 15.000 millones de euros de deuda pública ha caído como una bomba en el resto de comunidades autónomas de régimen común, que, de entrada, se consideran agraviadas con este pacto a dos bandas, a la vez que están a expensas de saber cómo se extiende dicha condonación según unos criterios todavía sin detallar, basados probablemente en el sobre endeudamiento a partir de las crisis de 2008. Se trata en cualquier caso de una medida de oportunidad política para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, pero que no resuelve el problema de fondo de la financiación autonómica.

La reforma del sistema está pendiente desde 2009 y, a partir de ahí, la Región de Murcia viene arrastrando una insuficiencia financiera por parte del Estado con una secuencia de déficits récords. Eso ha engrosado la deuda pública, que roza los 12.000 millones de euros, la mayor parte a cuenta del FLA. En términos de PIB, la Región está entre las cuatro más endeudadas. Fedea ha certificado la infrafinanciación que lastra las arcas autonómicas, que precisan de un mecanismo transitorio de compensación y / o nivelación que la coloque en la media autonómica de gasto por habitante, pendiente de que se reforme el sistema. Dicha empresa se torna más complicada con las cesiones del PSOE al separatismo catalán, que el Gobierno regional cifra en 42.000 millones de euros, «que irán a costa del bienestar de los murcianos y que tendrán que financiarse con la subida de 30 impuestos», según el consejero Luis Alberto Marín. El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, no es partidario de condonar deuda y, si se hace, cree que debe aplicarse a regiones infrafinanciadas como Murcia, pero no a Cataluña.

El año que viene se reabrirá la línea directa con Madrid a través de Cieza, según las previsiones de Adif, con lo cual se reanudará el tráfico de viajeros con dos frecuencias diarias en cada sentido mediante trenes regionales lanzadera con Albacete, para subirse al AVE en la ciudad manchega. Para entonces, estarán muy avanzadas las obras de la nueva estación del Carmen y finalizado el tramo soterrado en Barriomar y Nonduermas.

Las obras ferroviarias comprometidas seguirán su curso, ya que una parte está financiada con fondos 'Next Generation' que obligan a ejecutar los trabajos en 2026, como es el caso de la línea Murcia-Almería. El Ministerio sostiene que la ciudad andaluza estará conectada en esa fecha al Corredor Mediterráneo, mientras que el Movimiento #QuieroCorredor lo considera imposible porque no estará terminado el soterramiento en Lorca. Sí parece garantizada para esa fecha la reanudación del tráfico de cercanías entre Murcia y Lorca con nuevos trenes eléctricos.

El próximo Gobierno tendría que mover ficha con los estudios para la electrificación de la línea por Cieza. Otra inversión pendiente es el tramo del Corredor Mediterráneo entre Murcia, Elche y Alicante. La conexión de Cartagena a la red de alta velocidad aún requiere la adjudicación de las obras en dos tramos y en el acceso a la ciudad. No hay fecha para la conclusión. Los empresarios y el Gobierno regional reclaman asimismo el puerto del Gorguel para conectarlo al Corredor, y el Ejecutivo central tendrá que actuar en uno u otro sentido. Renfe, por otra parte, extenderá el año que viene sus trenes Avlo hasta Murcia.

Las malas relaciones institucionales que mantienen el Gobierno regional de Fernando López Miras y el Ejecutivo central de Pedro Sánchez, cimentadas en una desconfianza a prueba de bombas, dificulta la resolución de otros problemas que mantienen enzarzadas a ambas administraciones publicas desde hace años. Sería, quizás, la primera cuestión a mejorar para que el resto de asuntos pendientes avancen. O, tal vez, hay que confiar en que el trato se estreche a medida que se atiendan el resto de reivindicaciones.

Desde el palacio de San Esteban los reproches hacia Moncloa son interminables, empezando por las visitas realizadas a la Región de Murcia por ministros de las que no se informa a los anfitriones institucionales, siguiendo por cada uno de los proyectos postergados o inacabados un año tras otro y acabando por los recortes unilaterales en recursos básicos como el agua. «No nos dejaron ni cambiar el nombre de nuestro aeropuerto», se lamenta un miembro del Ejecutivo autónomo. Todo ello ha dado lugar a una sarta de acusaciones y descalificaciones de ida y vuelta que ha ido agriando las relaciones y cortocircuitando la colaboración y comunicación necesarias entre dos administraciones públicas.

El Arco Norte de Murcia y el tercer carril de la autovía entre Alhama de Murcia y Crevillente, a lo largo de la A7, así como el aumento de la capacidad viaria en la zona de Alcantarilla son las principales asignaturas pendientes del nuevo Gobierno de la nación en materia de carreteras. El municipio de Murcia, el séptimo con mayor población de España, aún no dispone de un cinturón completo de autovías que evite los continuos colapsos de tráfico en la Ronda Oeste y en los nudos de Espinardo y de Ikea.

El Arco Norte, tantas veces anunciado, debe complementar al Arco Noroeste, actualmente en construcción entre Archena y Alcantarilla. Está previsto que las obras de este último acaben a finales del año que viene para aliviar el tráfico en los alrededores de Murcia y agilizar las comunicaciones entre el interior y el litoral, sobre todo con Cartagena y el Mar Menor.

El tercer carril de la autovía A7 también sigue bloqueado en la parte murciana, a diferencia de las actuaciones que se llevan a cabo en la provincia de Alicante, donde la Dirección General de Carreteras del Estado ha licitado las obras de 17 kilómetros entre los municipios de Crevillente y Orihuela, con un precio base de 94 millones de euros.

Otra obra que debe lanzar el Ministerio es el tramo de siete kilómetros de alta capacidad entre la autovía del Altiplano y el Arco Noroeste, que consistirá en la construcción de nuevos carriles para atender el incremento de tráfico que se prevé entre ambos ejes. Para las próximas semanas, está prevista la finalización completa de la autovía del Altiplano, con la puesta en servicio del tramo que faltaba entre Yecla y Caudete, lo que mejorará la comunicación con Valencia por el interior.

La mejora experimentada en las últimas cifras de pobreza y exclusión de la Región, fundamentalmente debida a las actuaciones extraordinarias de protección social por la pandemia y la guerra de Ucrania, se ve amenazada por la inflación y mantiene esta materia como una de las grandes asignaturas pendientes en una Comunidad que se sitúa como la quinta con mayores niveles del país. En este sentido, está en el horizonte la puesta en marcha del nuevo programa de reparto de alimentos con las comunidades, que supone cambios de calado y debe arrancar en 2024.

El Gobierno de la Región ha criticado el incumplimiento de los plazos acordados al tiempo que señala que dejará fuera a 6.000 familias que antes se beneficiaban de los fondos Fead. En la agenda sigue también la ley de familias impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, paralizada por el adelanto electoral. Pero, sin duda, uno de los asuntos más importantes esta legislatura será la Dependencia. Murcia fue una de las nueve comunidades que recortó su inversión en 2022, con un millón de euros menos, y sigue a la cola en gasto por habitante.

El Estado ha elevado la aportación a las comunidades un 150% desde 2020, pero el Gobierno regional, que financió en 2022 el 75% del gasto, reclama más apoyo y señala que los nuevos niveles para el reconocimiento de la Dependencia aprobados en julio han conllevado ya 27 millones de gasto extra. Incrementar los recursos fue uno de los compromisos de Sánchez en la investidura.

Con todos los proyectos del Marco de Actuaciones Prioritarias para la recuperación del Mar Menor ya en marcha (484 millones de euros hasta 2026), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) afronta la nueva legislatura con el reto inmediato de licitar los cinco filtros verdes y humedales asociados que ocuparán 270 hectáreas en Torre del Negro, rambla del Albujón, depuradora de Los Alcázares, El Mirador y rambla de Miranda.

Este capítulo del programa de actuaciones del Miteco en el Mar Menor se encuentra en exposición pública hasta el 20 de diciembre y cuenta con un presupuesto de 39,5 millones. La expropiación de setenta parcelas agrícolas en el entorno más próximo a la laguna para su reconversión en 'depuradoras' naturales evitará la entrada al humedal de hasta 2,4 toneladas de nitratos al día.

Otra obra importante que debe sacar a concurso próximamente el Gobierno central es el desmantelamiento de Puerto Mayor, el frustrado proyecto portuario en la Caleta del Estacio de La Manga. La Comunidad Autónoma ya ha dado vía libre y el Miteco ha reservado 22 millones.

La aprobación del reglamento de la ley de personalidad jurídica del Mar Menor es otro compromiso del Gobierno central. La vicepresidente tercera en funciones, Teresa Ribera, anunció en su día que se le daría el visto bueno en el primer Consejo de Ministros de la legislatura que ahora empieza.

La recuperación ambiental de la bahía de Portmán sigue siendo incierta más de treinta años después de que cesara el chorro de residuos contaminantes que cegó la recoleta rada de La Unión. De momento, el Miteco ha admitido indirectamente que en 2024 tampoco se reanudarán los trabajos de restauración, paralizados desde 2019 por su complejidad técnica y alto coste económico, mientras toma una decisión.

No lo ha anunciado oficialmente, pero el encargo de trabajos de mantenimiento y protección del dominio público marítimo-terrestre a la empresa semipública Tragsa entre noviembre de 2023 y finales de 2024 transmite un mensaje claro: todo seguirá igual al menos durante un año más.

Con la recuperación del Mar Menor lanzada, la restauración de la bahía de Portmán es uno de los desafíos más importantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y supone además una deuda inaplazable con los vecinos de este poblado unionense, que viven desde hace más de medio siglo en un entorno degradado.

La vertiente económica se ha revelado como uno de los principales condicionantes. El Miteco ve factible una actuación mínima, pero los afectados y el Ayuntamiento exigen un dragado ambicioso que permita retranquear 190 metros la actual línea de costa. Esta opción exige una disponibilidad presupuestaria plurianual de entre 70 y 80 millones y Hacienda tendría que autorizarla.

Cerca de tres mil inmigrantes norteafricanos entran irregularmente en España por la costa de la Región de Murcia cada año, en oleadas de pateras que desbordan a los servicios de seguridad, de rescate y de asistencia social. Todos ellos, antes de recobrar la libertad, ya que Argelia no acepta devoluciones, pasan por el centro de atención temporal de extranjeros (CATE) de Cartagena. El nuevo Gobierno tendrá que concluir en 2024 el traslado de ese servicio desde el frente marítimo de la ciudad hasta unos terrenos militares que no comprometen los planes de reforma portuaria.

Sobre la mesa de la Administración central hubo un plan para ubicar en la misma ciudad otro centro de estancia temporal y asistencia de extranjeros que piden asilo humanitario en España, un Ceti. El Gobierno asegura que lo construirá en Alicante, pero el Ayuntamiento recela y pide garantías. Porque en lugar de Ceti, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha abierto esta semana un campamento «provisional y temporal» en el antiguo hospital militar para 'sin papeles' trasladados desde Canarias.

El acuerdo entre Inclusión y Defensa para la cesión de esas instalaciones finaliza el 31 de marzo de 2024. Pero es prorrogable. Cayucos y pateras seguirán llegando a España. La Administración central deberá definir el papel que ese campamento provisional juega en la red nacional de atención a inmigrantes. Ayuntamiento y Fuerzas Armadas, por razones estratégicas, prefieren su traslado a otra ciudad.

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