Despropósito

La peor legislatura en términos de grandes acuerdos políticos para el interés general de la Región todavía no ha dicho su última palabra. Aún nos queda mucho más por ver. Retirado el Estatuto murciano que se envió al Congreso de los Diputados con un encomiable consenso de todos los partidos en la anterior etapa, es muy posible que en los próximos meses veamos un intento por parte del PP de modificar la Ley Electoral. En el Gobierno regional, en la dirección popular y entre sus nuevos socios se discute abiertamente ya la posibilidad de regresar al 5% de votos mínimos para poder lograr representación parlamentaria. Pasar del 3% actual al 5% dejaría con toda seguridad fuera del hemiciclo a algunos partidos, como Ciudadanos, si se cumplen en 2023 las tendencias que hoy apuntan los sondeos.

Hay otras comunidades autónomas que tienen la barrera electoral en ese 5%, pero difícilmente podrían entenderse aquí las supuestas virtudes democráticas del que, en nuestro caso, sería un paso atrás. Pero eso no parece arredrar a los más ardientes defensores de este polémico plan, que querrían aprovechar también para dejar la circunscripción única y volver a las cinco que existían hasta hace seis años. Una modificación electoral que, de hacerse, beneficiaría directamente a los dos grandes partidos. Es cierto que el PP nunca quiso la reforma de la Ley Electoral que surgió del famoso 'Pacto del Moneo', donde, a un mes de las elecciones autonómicas de 2015, el PSOE, Podemos, UPyD e IU se comprometieron a llevar adelante esos cambios, que se aprobaron un mes después en el Parlamento autonómico surgido de las urnas. Pese a ese rechazo original, cuesta creer que en el actual contexto político, Fernando López Miras pudiera ser capaz de poner sobre la mesa una iniciativa que beneficia manifiestamente a su partido. Porque, si bien ahora es aritméticamente más fácil (con el Estatuto de Autonomía empantanado basta una mayoría absoluta en la Cámara) plantear este órdago que a la postre aplastaría a las minorías, no le saldría gratis en términos de percepción pública, como no puede ser de otra manera.

La legislatura actual está siendo catastrófica en términos de calidad democrática. Lejos de apreciarse mejoría en los parámetros que definen la buena gobernanza, ha existido una clamorosa parálisis de nuevas iniciativas y un generalizado incumplimiento de algunas leyes, como la de transparencia, a todos los niveles. A todas luces, 2021 ha sido un año nefasto para la vida política regional. No hay por dónde cogerlo. En mitad de la pandemia hemos asistido a toda suerte de maniobras para intentar conquistar o conservar el poder a través del consiguiente reparto de sillones. Una moción de censura improvisada, una operación de rescate apoyada en el transfuguismo, un cambio a la medida de la ley del presidente... Un horror tras otro. Si en los próximos meses se concretan estos planes de reforma electoral, se cerrará un círculo de deterioro siniestro.

De la vida política parlamentaria, fracturada hasta el punto de ser irreconocible la Cámara que salió de las urnas, no se esperan desde hace meses los mínimos consensos que la buena gobernanza necesita para cumplir con sus fines. Instalada en el permanente conflicto, ya no hay ni la base suficiente para adoptar resoluciones políticas sobre cuestiones de interés general. Deberían sus señorías vigilar sus impulsos, pues es la tolerancia entre adversarios uno de los guardarraíles de la democracia. En lugar de intentar aplastarse mutuamente, harían bien en buscar acuerdos que solucionen los graves problemas de los murcianos. Plantear un cambio de la Ley Electoral es una muy mala idea, cuyo mero planteamiento permite anticipar un horizonte de crispación política. Y eso es precisamente lo que menos necesita en estos momentos una sociedad angustiada por problemas reales muy acuciantes y graves. 2022 debería ser un año de redención para la política murciana, no otra oportunidad para observar hasta dónde unos y otros pueden llegar para conservar o conquistar el poder.