Los sindicatos del transporte sanitario anunciaron este miércoles la «suspensión temporal» de la huelga en el sector tras llegar a «un preacuerdo de negociación» con la patronal. El paro comenzó el lunes, aunque tuvo un escaso impacto por los elevados servicios mínimos, y para este viernes estaba prevista una nueva jornada de huelga que finalmente no tendrá lugar. CUT, CGT, Comisiones Obreras y UGT celebraron en un comunicado conjunto el «cambio de postura» de la empresa concesionaria del transporte sanitario en la Región de Murcia, el Grupo Orthem-Hozono Global.
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«Llevamos luchando desde hace más de un año para conseguir un convenio colectivo que actualice nuestras condiciones laborales, lucha que se ha plasmado con la movilización de las personas trabajadoras del sector, así como con la petición al Gobierno regional de intermediación» para que «asuma su papel de responsable último del servicio y de los usuarios del transporte sanitario», señalaron las organizaciones sindicales.
Tras protagonizar protestas ante la Consejería de Salud y la Asamblea Regional, los trabajadores iniciaron el pasado lunes una huelga indefinida de carácter intermitente, que iba a continuar el viernes. Sin embargo, finalmente este miércoles se llegó a un preacuerdo tras una reunión de sindicatos y patronal en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL). «El comité de huelga ha conseguido, después de las movilizaciones y la huelga planteada, forzar a la patronal a reconsiderar su postura, y se ha firmado un preacuerdo de negociación», señalaron los sindicatos. En concreto, ambas partes se reunirán «todos los jueves del mes de septiembre» para negociar un aumento salarial y la organización de la jornada laboral. Los representantes de los trabajadores reclaman una reducción de jornada en paralelo a la que ya se ha efectuado en el sector público.
La empresa concesionaria del transporte no hizo declaraciones tras la firma del preacuerdo, que de momento pone punto y aparte a un largo conflicto que se ha trasladado al ámbito político. La oposición cargó contra la externalización en 2020 del transporte sanitario por 304 millones y durante un periodo de ocho años, con denuncias de fallos en el servicio y acusaciones de trato de favor. La Consejería de Salud siempre ha defendido, por su parte, que los pliegos de la adjudicación se están cumpliendo sin incidencias y que el servicio funciona correctamente.
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