La desaladora de Escombreras tendrá un coste final de 710 millones para el erario público

El contrato de arrendamiento por 25 años que firmó el desaparecido Ente Público del Agua, creado en la etapa de Ramón Luis Valcárcel, con la empresa Hidro Management, participada en un 80% por el grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, hará que siga creciendo como una bola el agujero financiero. La Comunidad Autónoma ha abonado hasta ahora unos 300 millones de euros por dicho arrendamiento, basado en un contrato «leonino», como se calificó en su día, que solo favorece al propietario de la planta. La construcción de esta desaladora de mediana capacidad y de su red de distribución tuvo un coste aproximado de 200 millones de euros. El Gobierno regional, que reconoció en 2013 que no podía pagar el arrendamiento, hizo varios intentos de comprar las instalaciones a ACS o renegociar el contrato, pero sin éxito.

«Queda lo peor; la bola sigue creciendo», indican diversas fuentes en relación a las anualidades que faltan por abonar. Según ha podido saber LA VERDAD, con los cálculos realizados a día de hoy, el coste final que tendrá esta desaladora para las arcas autonómicas rondará los 710 millones de euros. Es decir, faltan por abonar unos 410 millones debido al encarecimiento del precio del contrato como consecuencia del incremento de la inflación. Dicho aumento está cifrado a futuro en más de 100 millones.

La única compensación que obtiene la Comunidad por esta desaladora corresponde a los ingresos por la venta de agua a los usuarios de la planta, que está estimado en casi 3 millones de euros, más el 10% de IVA, según refleja la memoria explicativa del borrador de Presupuestos. Estos ingresos se corresponden con una producción de 2,5 millones de metros cúbicos, muy por debajo de la capacidad de la desaladora, de 20 millones nominales (20 hectómetros). Lo más que ha llegado a producir son 18,5 hectómetros.

Ahora está bajo mínimos porque no puede surtir a clientes del Campo de Cartagena en tanto que no acrediten a la CHS que su actividad agrícola no causa daño medioambiental. El hecho de que la planta haya estado cerrada o al ralentí los últimos años no ha eximido a la Comunidad de seguir pagando la totalidad del alquiler al dueño de las instalaciones.

El borrador de Presupuestos detalla que el año que viene habrá que abonar 26,9 millones por el contrato de arrendamiento, más otros 5,6 millones por IVA. La ley refleja en otro apartado que el coste final puede alcanzar los 39,6 millones de euros al incorporar probablemente pagos atrasados del IVA, ya que surgieron discrepancias sobre el porcentaje.

Cinco organismos autónomos, once entidades públicas empresariales, siete fundaciones y cinco consorcios, forman parte de la estructura de la Administración regional, la cual adelgazó en años anteriores.

Entre los organismos autónomos destaca el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), con una asignación de 424 millones. También figuran el Servicio de Empleo y Formación, el Boletín Oficial de la Región, el Imida y la Agencia Tributaria. Como entidades públicas empresariales se encuentran el Servicio Murciano de Salud (SMS), con 2.421 millones de presupuesto; el Instituto de Fomento (60 millones), Radiotelevisión de la Región de Murcia (5,7), Esamur (89,5), el Instituto de Crédito y Finanzas ( 18,3) y el CES (934.000 euros). También están los institutos de Turismo y de Industrias Culturales. La desaladora de Escombreras (con un gasto total de 39,6 millones), Región de Murcia Deportes e Industrialhama aparecen como sociedades mercantiles. Las siete fundaciones recibirán 39,8 millones, principalmente la Agencia Regional de Ciencia y Tecnología (Séneca), Integra, Investigación Sanitaria y la Orquesta Sinfónica. Menos presupuesto tienen el Instituto Euromediterráneo del Agua, la Fundación Mariano Ruiz Funes y la de Tutela y Defensa Judicial de Adultos. Entre los consorcios están el de gestión de residuos, extinción de incendios, campus de Lorca, vías verdes y Depósito Franco de Cartagena.