Los juzgados comienzan a palpar las consecuencias derivadas de la crisis de la Covid-19. La Región se convirtió el pasado año en la cuarta comunidad con más demandas de ejecución hipotecaria –desahucios– presentadas. De acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los juzgados murcianos recibieron, entre enero y diciembre, 1.293 solicitudes de desalojo, un 34,7% más que el año anterior. Una cifra que solo se ve superada por Andalucía (3.729), la Comunidad Valenciana (3.636) y Madrid (1.771) y supone una media de tres demandas de desahucio cada día. Viene a interrumpir, además, un continuo descenso que se venía apreciando desde que se alcanzasen los números récord de 2014.
Publicidad
La entrada de esta importante cifra de demandas de ejecución hipotecaria, sin embargo, no se ve traducida, por el momento, en un despunte de los desalojos acordados por los jueces. El pasado año se practicaron 1.504 lanzamientos en la Comunidad, un 48,7% menos que el año anterior. Esta cifra puede verse influenciada por los tres meses de práctica inactividad de los juzgados durante el primer estado de alarma. Puede, no obstante, perfilarse como un indicador de los desahucios que se llevarán a término en el futuro (si es que los jueces así lo consideran necesario).
Según recalcó el CGPJ, los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual. Los casos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), esto es por impagos del alquiler, ya suponen el 49,4% del total de lanzamientos practicados en la Comunidad. Otro grueso importante –hasta 692– se debieron a ejecuciones hipotecarias, muchas de ellas derivadas de no abonar la hipoteca.
El último balance del Poder Judicial, que analiza los datos de 2020, ya deja entrever algunos efectos de la crisis económica provocada por la Covid. Los concursos de personas físicas –no empresarios– son unos de los procedimientos en los que más se aprecia el impacto. Hasta 251 murcianos se declararon en quiebra el pasado año. La cifra supone un 23,6% más que en 2019. Más de 6.800 personas en todo el país se declararon en esta situación, que trata de buscar una salida para hacer frente a sus deudas.
Los concursos de empresas, sin embargo, se redujeron un 9,9% el pasado año. Los juzgados recibieron 366 entre enero y diciembre. Esta cifra también puede verse afectada por la moratoria aprobada por el Ejecutivo central a comienzos de la pandemia.
Publicidad
El informe del Poder Judicial también recoge otros aspectos vinculados a los efectos de la crisis económica, como los despidos. En este periodo se registraron en la Región 4.214 demandas de despido. La cifra supone un 5,5% más que en el mismo periodo del año anterior y una media de hasta 11 demandas de despido al día.
De acuerdo con el balance, además, en este periodo se presentaron en los juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción 26.883 procedimientos monitorios, lo que supone un descenso interanual del 3,1%. Estos procedimientos se inician para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles, según explicaron fuentes judiciales.
Publicidad
El juzgado de la Región especializado en cláusulas suelo arrastraba, a finales del pasado año, más de 5.200 asuntos pendientes de respuesta. Según los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), este órgano logró resolver el pasado año hasta 3.593 asuntos –cerca de una decena al día–. El trabajo del equipo no logró contener, sin embargo, los 2.874 casos de nuevos denunciantes que ingresaron en ese periodo.
El 96,8% de las 2.960 sentencias que el juzgado especializado murciano dictó el pasado año fueron estimatorias.
El Poder Judicial también aborda en su informe el fenómeno de la okupación. La Justicia murciana registró el pasado año 124 juicios verbales posesorios por okupación ilegal de viviendas con propietarios particulares. Se resolvieron 80 procedimientos de este tipo y otros 152 quedaron pendientes de respuesta. Desde el tercer trimestre de 2018 el CGPJ ofrece información estadística de los juicios verbales posesorios por okupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
El mundo cambia, LA VERDAD permanece: 3 meses x 0,99€
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Te puede interesar
Publicidad
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.