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Menores nacidos en la Región que se encuentran en situación irregular y a quienes «no se les asigna pediatra, ni enfermera en el centro de salud, por lo que solo pueden ser atendidos por vía de Urgencias, con la correspondiente facturación posterior». Mujeres embarazadas que encuentran dificultades para el seguimiento de la gestación por su médico de familia porque no llevan empadronadas al menos tres meses en España. Inmigrantes búlgaros y rumanos que viven en asentamientos chabolistas de Murcia y que, pese a padecer enfermedades crónicas o graves, no tienen acceso a medicamentos financiados por la sanidad pública.
Son algunos de los casos de exclusión sanitaria que la Asociación de Usuarios de la Sanidad está detectando en la Región, y que ya han sido denunciados ante el Servicio Murciano de Salud (SMS). El Gobierno central reinstauró en 2018 la sanidad universal, tumbando la reforma del PP que en 2012 dejó sin derecho a tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Sin embargo, las organizaciones sociales denuncian que las dificultades de acceso al sistema no solo se mantienen a día de hoy, sino que han empeorado en los últimos meses.
Así ocurre, por ejemplo, con comunidades de búlgaros y rumanos que viven en asentamientos chabolistas de Murcia. Para poder contar con tarjeta sanitaria, estos inmigrantes tienen que presentar un documento que acredite que no están cubiertos por los sistemas sanitarios de sus países de origen. Hasta hace poco, la habitual ausencia de ese documento era solventada con un informe de los servicios sociales. Sin embargo, ahora es requisito ineludible.
Como consecuencia, estos pacientes se quedan sin tarjeta y, por tanto, sin acceso a medicamentos con receta salvo que asuman su coste íntegro, algo poco viable dado que carecen de recursos. Además, los médicos de familia o pediatras que les atienden no pueden derivarles para la realización de pruebas complementarias. En el centro de salud de Puente Tocinos hay siete adultos y cuatro menores en esta situación, advierte la Asociación de Usuarios. En Algezares, el problema afecta a una mujer de 20 años embarazada de tres meses y a seis menores con edades comprendidas entre los 2 y los 14 años. En Ronda Sur, hay otra mujer embarazada de tres meses que se ha quedado sin tarjeta sanitaria, denuncian los usuarios. Lo mismo ocurre con cuatro menores y con una paciente con cáncer evolucionado a metástasis, advierte la asociación. En la misma situación se halla otra mujer convaleciente de un infarto.
En el informe entregado al SMS, la Asociación de Usuarios advierte también de las trabas que sufren menores nacidos en España que carecen de pasaporte emitido por el país de origen de sus padres. El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) atiende a madres solteras marroquíes «que tienen dificultades para obtener ese documento». Dos menores «llevan cuatro meses sin tarjeta sanitaria» por esta situación, denuncia la ONG. No se les asigna pediatra y solo pueden acceder a asistencia urgente.
Llevar empadronado al menos tres meses en España es otro de los requisitos imprescindibles para disponer de tarjeta sanitaria. Esto puede ser un problema en el caso de mujeres embarazadas o de personas con patologías de salud mental, subraya la Asociación de Usuarios.
La expulsión, en 2012, de los 'sin papeles' del sistema sanitario fue sorteada en la Región mediante una resolución del SMS que garantizó la asistencia a estos inmigrantes. Paradójicamente, y tras la recuperación de la sanidad universal en 2018, el SMS ha pasado a aplicar criterios más restrictivos que los anteriores, al suspender la resolución aprobada en su día para acogerse a la literalidad del nuevo decreto del Ministerio. Salud admite que «algunos colectivos pueden encontrar algunas dificultades para acreditar la obtención de tarjeta sanitaria», y promete estudiar cómo adecuar la normativa. Además, revisará «caso por caso».
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