A pesar de que el Real Decreto-Ley 3/2022 se publicó el 1 de marzo, ninguna de las empresas murcianas que solicitaron la revisión del precio de sus contratos de licitación pública han recibido respuesta por parte de la administración pertinente y, por ... lo tanto, han emprendido acciones legales contra las mismas. «Lo que pedimos es que se revisen esas solicitudes para que los precios sean reales, se ajusten a lo que cuesta acometer un proyecto, y que no se deje desamparadas a las empresas», aclara Alejandro Zamora, secretario de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom). La realidad, indica, es que hay muchas empresas que han acabado recurriendo a la vía judicial ante el «silencio negativo de la administración». No obstante, todos los procesos continúan abiertos, por lo que aún no existe veredicto por parte de la Justicia.
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Normativa farragosa
Su deseo no es otro que las instituciones públicas cumplan con el decreto. «Todas las administraciones, con carácter general, no están llevando a cabo una revisión de precios y puede ser por dos motivos. Porque no saben llevarlo a cabo, puesto que la normativa es muy farragosa y muy poco transparente, o por dejadez de funciones».
Para Alejandro Zamora no tendría que ser necesario que la justicia intervenga «cuando está claro que la administración puede llevar a cabo la revisión». Cuenta, también, que muchas de las empresas han finalizado los proyectos a pérdidas con la esperanza de que se llevara a cabo esa revisión de precios y, sin embargo, esta no se ha realizado.
Como muestra, el retraso de esas 30 obras. La de mayor presupuesto (2,38 millones) es la del acondicionamiento y mejora de la carretera RM-C9 y su intersección con la carretera RM-503, en Sierra Espuña. Tras esta se sitúa la conexión peatonal y cicloturista del centro urbano de Molina de Segura con la huerta y la vía verde del Noroeste.
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